Mucho tiempo y muchas cosas han pasado en el mundo luego de los atentados del 11-S a las Torres Gemelas y el Pentágono, en Estados Unidos, a partir de los cuales occidente abrió sus ojos -nuevamente- ante la amenaza terrorista de la Yihad.
La lucha del Estado español contra el terrorismo ha sido silenciosa pero contundente. Más de 3.000 agentes de las Fuerzas de Seguridad, espías, fiscales, jueces y analistas trabajan en la sombra para evitar que la yihad golpee la península ibérica como lo hiciera en los lamentables hechos de 2004 en Madrid o de 2017 en Barcelona.
Según declaraciones del abogado y experto en materia de terrorismo, José María Fuster-Fabra, el concepto de terrorismo ha cambiado mucho en España: “hemos pasado de un terrorismo local, piramidal, como el terrorismo de ETA, a un terrorismo diferente, que es el terrorismo yihadista”. Este tipo de terrorismo abarca “unas ideas muy amplias, que van desde un estado terrorista, como podría ser el DAESH, una organización terrorista como ha sido Al-Qaeda, hasta fenómenos como los lobos solitarios», explicó el especialista a un medio de comunicación español, agregando que España es el país europeo que más atentados terroristas ha evitado.
Lo últimos atentados terroristas que tuvieron lugar en suelo español, fueron hace un año, el 17 de agosto de 2017, en las localidades catalanas de Barcelona y Cambrils, donde 15 personas fueron víctimas mortales del odio y la maldad. Desde entonces, el Ministerio del Interior mantiene activado el nivel 4 de alerta antiterrorista, el segundo más alto en una escala del 1 al 5, y que indica un riesgo alto de sufrir un atentado. Este nivel 4 de alerta permanece activado desde el 26 de junio de 2015, trágica fecha en la que se produjeron atentados yihadistas en cadena en Francia, Túnez, Kuwait y Somalia.
El trabajo duro del Estado
A raíz de los atentados de 2017, Interior adoptó algunas medidas extraordinarias para reforzar ese nivel 4 de alerta, entre ellas la de incrementar la vigilancia en lugares turísticos o de afluencia masiva de ciudadanos, como conciertos, manifestaciones o eventos deportivos. Y se ha mejorado desde entonces la colaboración con las policías locales y autonómicas.
Además, en la reunión del pacto antiyihadista del pasado mes de diciembre se acordaron nuevas medidas, como obligar a las empresas de alquiler de vehículos, viviendas y hospedajes vacacionales a crear un registro de clientes. También se acordó modificar el reglamento de gases licuados del petróleo para ejercer un mayor control sobre la distribución de las bombonas de butano, no hay que olvidar que los terroristas de Alcanar, que fallecieron en una explosión accidental, tenían almacenadas en un chalet más de 100 bombonas de butano, que iban a ser utilizadas para atentar en Barcelona. La implantación de estas medidas del pacto antiyihadista se ha demorado un poco con el cambio de Gobierno, pero, según confirman desde Interior, todas siguen su tramitación y el objetivo es que salgan adelante próximamente.
Otra resolución adoptada tras el 17-A, es la de ejercer un mayor control sobre las doctrinas que se imparten en las mezquitas y sobre los imanes. Así, desde el pasado 31 de octubre está en funcionamiento un Registro de Ministros de Culto del Ministerio de Justicia, en el que tienen la obligación de inscribirse todos aquellos que estén habilitados por las distintas confesiones para realizar actos religiosos. También los Ayuntamientos han adoptado medidas para proteger a los ciudadanos ante posibles atropellos masivos, como el ocurrido en Las Ramblas de Barcelona. Casi todas las ciudades españolas han colocado bolardos o maceteros en zonas peatonales para impedir la entrada de vehículos. En Madrid, Barcelona y otras grandes ciudades se ha llegado a prohibir la circulación de camiones en fechas señaladas que concentran a una gran cantidad de gente en las calles, como por ejemplo en las cabalgatas de Reyes.
Por otro lado, los trabajos de inteligencia del Estado español han continuado sin descanso y en lo que llevamos de 2018 se han producido 14 operaciones policiales, que han acabado con 19 terroristas detenidos, según datos del Ministerio del Interior, actualizados hasta el pasado 17 de mayo. Además de otros 27 yihadistas arrestados fuera de nuestras fronteras en operaciones policiales conjuntas con cuerpos de seguridad de países extranjeros. Es decir, la Policía española ha participado en la detención de 46 yihadistas en 2018, según datos de Interior.
Otro de los retos que plantea la lucha contra el yihadismo es evitar su propagación en los centros penitenciarios. Para ello, se han puesto en marcha nuevas medidas de seguimiento a presos yihadistas para evaluar mejor el riesgo de radicalización y de propagación de sus ideas. Más de 270 personas se encuentran en cárceles españolas por delitos relacionados con el yihadismo y la mayoría de expertos coinciden en que los centros penitenciarios son caldo de cultivo para la radicalización y la captación de futuros terroristas.
Casado pide convocar el pacto antiterrorista
El líder del PP ha recordado al ministro que en los últimos días se ha publicado el informe anual de Europol en que se considera elevado el riesgo de posibles atentados yihadistas. Este dossier, junto al ataque perpetrado ayer en una comisaría de los Mossos en Cornellà, confirman que el «intercambio de información entre responsables de seguridad y cuerpos policiales es esencial para luchar eficazmente contra esta grave amenaza», ha destacado Casado en su misiva al ministro.
En definitiva, la lucha antiterrorista en España debe continuar. Agradecemos a las fuerzas de seguridad del Estado su trabajo permanente y pedimos que no cese la vigilancia, las labores de inteligencia y la construcción de un mundo más humano.