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España

Historiadores no están nada convencidos de la Comisión de la Verdad creada por Gobierno español

Cuatro historiadores manifiestan su escepticismo ante el proyecto del Gobierno de crear una comisión de la verdad sobre la Guerra Civil y la dictadura franquista. Los expertos consideran en el mejor de los casos que se trata de una iniciativa bienintencionada.

Pero dudan que, dadas las titánicas dimensiones temporales del periodo, que va de 1936 a 1978 y la naturaleza de la materia, sus conclusiones tengan gran valor en términos historiográficos, de reparación de las víctimas y de cristalización de un imaginario colectivo.

Especialmente dado el plazo de dos años previsto inicialmente para que concluya sus trabajos. Los especialistas cuestionan, además, que quepa establecer una versión oficial única sobre un pasado conflictivo.

Y plantean que sería mejor centrar los esfuerzos del Estado en abrir las numerosas fosas de víctimas de la represión franquista que siguen existiendo e identificar los restos, un plano en el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez también ha anunciado que va a actuar.

Las comisiones de la verdad que han resultado útiles, opina Santos Juliá, que en 2017 publicó Transición. Una política española (1937-2017), tenían como objetivo “conocer todo lo que ocurrió, que lo ocurrido no determinase el futuro y que se conservara en la memoria. Eso tiene más sentido cuando los testigos de lo sucedido están vivos. Aquí se trata de algo que ocurrió hace 40 u 80 años y que por otra parte es conocido porque ha sido objeto de una enorme cantidad de producción bibliográfica, además de películas, reportajes y programas de televisión”.

Los historiadores consultados se expresan con la reserva que se deriva de no conocer los detalles de la futura comisión. El Gobierno prevé incorporarla al proyecto de ley que desarrollará el decreto de exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos.

La base será una proposición de ley elaborada por el Partido Socialista Obrero de España, PSOE, la cual contempla que la comisión dure dos años, carezca de naturaleza judicial y tenga como finalidad “conocer la verdad de lo ocurrido, contribuir al esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos (…) promoviendo así el reconocimiento de las responsabilidades de quienes participaron en la comisión de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra como forma de favorecer la convivencia democrática”.

Sus 11 miembros, entre los que habrá historiadores y expertos en otras disciplinas, serán elegidos por el Parlamento, el Poder Judicial y la fiscalía general, el consejo de universidades, las asociaciones de víctimas y el Grupo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Enrique Moradiellos, último Premio Nacional de Historia por la obra Historia mínima de la Guerra Civil española, advierte de las dificultades técnicas de la empresa.

“La investigación histórica es sectorial. Estudiar la represión en la provincia de Cáceres o el reclutamiento militar en la comarca del Vallés son casi tesis doctorales. Hacer un análisis general del origen de la guerra, su desarrollo y sus consecuencias en forma de 40 años de dictadura es de una magnitud de investigación extrema, excesiva. El resultado de una investigación de ese tipo sería de un orden global abstracto, más filosófico que propiamente historiográfico”.

Moradiellos advierte que, por otra parte, la comisión “no va a sentar una verdad oficial. Ni sobre la guerra, ni sobre sus responsabilidades, ni sobre el franquismo, ni sobre su legalidad, legitimidad o falta de legitimidad, porque esas cosas historiográficamente no se cierran así”. Las investigaciones proseguirán dentro y fuera de España, apunta, a medida que surjan nuevos materiales y perspectivas.

Además de impracticable, Juliá cree que fijar un relato oficial sobre el periodo “no es deseable. Si a lo que van es a establecer una versión oficial de la Guerra Civil Española que sea objetiva y que se enseñe en todas las escuelas obligatoriamente, estoy en contra. La historia siempre es compleja. Y una historia conflictiva como esa no genera una sola verdad, es imposible”, sostiene José Álvarez Junco.

La exhumación de Franco ha puesto de manifiesto que en España persiste un “problema de opinión pública” respecto al pasado, afirma Preston. Pero duda que las conclusiones de una comisión “cambien sustancialmente el ambiente del país”. Juliá y Moradiellos creen que una iniciativa así debería ir precedida de un amplio acuerdo político.

De llevarse a cabo, los historiadores abogan por que los componentes de la comisión tengan un perfil técnico, procedan de diversas disciplinas sociales y se les permita acceder a todos los archivos sobre la época, incluidos los que el Ministerio de Defensa mantiene clasificados.

Los expertos ven más adecuadas otras vías de reparación de las víctimas. Sobre todo, financiar las excavaciones y las pruebas de ADN de los cadáveres que permanecen en fosas comunes.

“Durante el Gobierno del Partido Popular,  PP, utilizando la excusa que correspondía a las autoridades municipales, que o no tenían ganas o no tenían dinero, se hizo muy poco”, señala Preston.

Si el Gobierno quiere hacer algo realmente por los familiares de las víctimas debería invertir dinero en ello. Sería mucho más útil que 11 personas sentadas en una sala discutiendo o poniéndose de acuerdo”.

Fuente: El País
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