Por.- Alfredo Michelena
Esta semana se realizaron dos reuniones muy importantes para tratar el asunto de la estampida migratoria que se está produciendo en Venezuela y que afecta a los vecinos. En Quito se reunieron varios países para evaluar y tomar medidas concretas sobre el asunto y posteriormente en Washington, en la OEA, se trataba el tema políticamente.
Mientras la región se preocupa por los millones de venezolanos que han salido en estampida hacia otros países y, propone y crea mecanismos para palear esta situación, la Venezuela chavista argumenta que la migración es “normal” y que está siendo utilizada para justificar una intervención militar en Venezuela.
Migrantes y estadísticas
Es difícil saber exactamente cuantos venezolanos han salido del país, por dos razones: una porque muchos han llegado a su destino con pasaportes extranjeros, por ejemplo los hijos y nietos de europeos o de colombianos. Y otros solo han pasado a Colombia y a Ecuador con su cédula (o no, en el caso de los ilegales) sin haberse registrado como inmigrantes. Las encuestadoras han calculado varias cifras con base a preguntar cuantas personas de ese grupo familiar han migrado. Según la últimas encuestas, la firma DatinCorp estima alcanzarían los 7 millones de personas; para Consultores 21 serían cerca de 4 millones; y la de ENCOVI ubica el reciente éxodo en 1,5 millones. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)y el Director General de la Oficina Internacional de Migraciones (OIM) han hecho un estimado de 2,3 millones de venezolanos que viven en el exterior y señalan que más de 1,6 millones han abandonado el país desde 2015, de estos el 90 % ha viajado a América del Sur. El flujo de venezolanos a Latinoamérica creció 900% entre 2015 y 2017. Este violento crecimiento ha provocado que la OIM señale que se ha alcanzado » un momento de crisis que hemos visto en otras partes del mundo, particularmente en el Mediterráneo». Recordemos que en 2015 cerca de 1,2 millones de ellos irrumpieron en Europa.
Sin embargo, para Delsy Eloina, vice presidenta de Venezuela, el flujo migratorio es “normal” y “no existe tal crisis humanitaria». Incluso llegó a decir que según la OIM «Venezuela sigue siendo en Suramérica el segundo país receptor de migrantes (…), después de Argentina”. Nos imaginamos que habrá tomado una referencia de la “IV República” es decir la República Civil, cuando efectivamente, en esa época, Venezuela era un país receptor de migrantes.
La cita de Quito
13 países se reunieron en la ciudad de Quito los días 3 y 4 de septiembre, invitados por el gobierno Ecuador, a fin de evaluar mecanismos para minimizar el efecto de la avalancha migratoria que se ha producido tanto sobre los inmigrantes, como a los países receptores.
La Declaración de Lima firmada por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay (Bolivia no firmó y República Dominicana asistió como observador), contiene 18 puntos. Varios de ellos se refieren a la necesidad de cooperación entre países entre ellos y a la OEA y la OIM como parte del sistema de la ONU. Exhortan al régimen de Maduro a que cumpla con el derecho que tienen sus nacionales a tener una identificación válida y señala que no proveer estos documentos les causa graves daños al crear “limitaciones a la libre circulación y movilidad; dificultades en los procedimientos migratorios; impedimentos a la circulación extraregional; afectación a la inserción social y económica en los países de acogida; y por el contrario ha incentivado la migración irregular”.
En el punto siguiente, el 6, pide “acoger los documentos de viaje vencidos como documentos de identidad para fines migratorios“, alineándose al espíritu de lo acordado por la Asamblea Nacional de extender la vigencia del pasaporte.
En el punto 13 muestran su ”preocupación por el grave deterioro de la situación interna que provoca la migración masiva de venezolanos, … y hacen un llamado a la apertura de un mecanismo de asistencia humanitaria que permita descomprimir la crítica situación, brindando atención inmediata en origen a los ciudadanos afectados.”
También proponen crear un intercambio de información con el apoyo de la ONU y la OEA, se comprometen a abrir el acceso a los migrantes venezolanos a los servicios sociales y darles oportunidades de trabajo. Pero ante todo respetar sus derechos humanos (DD.HH.) y estar atentos a los peligros a los que esta población vulnerable está expuesta. Además señala que se ha creado un corredor migratorios que va desde Colombia hasta Perú, pasando por Ecuador.
Críticas a la declaración
Para algunos, como el representante de Chile, se hubiera podido “ir un poco más allá” y “reconocer que esto no vino del cielo”. Afirmó el representante chileno: “No es que los venezolanos se pusieron en la mente un buen día salir a caminar y recorrer América Latina. Esta no es una situación de turismo”.
Sin embargo, la diplomacia casi siempre funciona con el mínimo común posible y para algunas ONG, esto no es suficiente. Por ejemplo el Centro de Derechos Humanos (DD.HH.) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), señala que “se habla de ´derechos de los migrantes¨ y de “flujos migratorios extraordinarios y crecientes”, sin reconocer la situación de migración FORZADA, ni la existencia de refugiados”. El tema del refugio no es tratado y se menciona como algo que debe hacerse país por país. La UCAB señal que se ha debido mencionar la definición de «refugiado» de la Declaración de Cartagena, que es más amplia que la aceptada por el ACNUR. Pues “considera también como refugiados a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los DD.HH. u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”.
En realidad, siendo realistas, el haber insistido en todo lo anterior seguramente habría reducido significativamente el número de firmantes y puesto en peligro una declaración que es un gran avance en esta materia. En general, los gobiernos que deben cuidar otros asuntos de su interés y no se comprometen más de lo necesario. La “Declaración de Quito sobre movilidad humana de ciudadanos en la región” es, como dice el embajador Oscar Hernández “….una pieza de refinada diplomacia y de responsabilidad compartida por parte de nuestros vecinos, conscientes de la tragedia y de la necesidad de la asistencia humanitaria, cooperación entre los gobiernos y los organismos internacionales». Es sin duda un gran avance en el tratamiento real de estos fenómenos.
El periódico Gramma, voz oficial del Partido Comunista cubano, marca el tenor de la posición que deben tomar sus liderados al referir que “varias organizaciones se opusieron a esta iniciativa porque su objetivo era expresar la urgencia de una intervención humanitaria”, entre ellas se opuso a lo declarado en Lima, el Comité Ecuatoriano de Solidaridad entre los Pueblos, miembro del Foro de San Pablo.
La OEA
Al día siguiente a la reunión de Lima, en la tarde del miércoles 5 de septiembre se reunió el Consejo Permanente de la OEA a pedido del Secretario General (SG)de esa organización a fin de tratar el tema de la migración de venezolanos por el continente. Fue una reunión informativa donde hicieron presentaciones el Secretario General, Luis Almagro; por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) María Claudia Pulido; y Andrew Selle, presidente del “think tank” Instituto de Política Migratoria.
Para Almagro: “este éxodo, su vertiginoso incremento […] es un ejemplo claro de las consecuencias del quiebre democrático en Venezuela y de una crisis sin precedentes en la historia de la región”. Para la Sra. Pulido: “estamos ante un movimiento migratorio mixto sin precedentes en la historia de la región, donde muchas personas se están viendo forzadas emigrar para no morir o para no ver morir a sus seres queridos”. Para Selle: “Esta crisis apenas está empezando, hay razones para creer que continuará y se extenderá a largo plazo, por lo tanto es necesario empezar a planear que saldrán más personas del país”.
La CIDH por boca de la Sra Pulido presentó 17 medidas a tomar. Esas medidas las presenta junto a comités, órganos y procedimientos especiales de la Organización de las Naciones Unidas, una acción inédita. Ellos comienzan solicitando que “Venezuela garantice el acceso, la prestación y el paso libre de asistencia humanitaria para la población venezolana que la requiere”. También solicita “expandir canales regulares, seguros, accesibles y asequibles de la migración a través de la progresiva expansión de la liberalización de visas” entre otras medidas. Y lo más significativo es que solicita “garantizar el reconocimiento de la condición de refugiado” con base a la Declaración de Cartagena y va más allá al pedir “el reconocimiento de la condición de refugiado prima facie o de manera grupal, sin necesidad de realizar una evaluación individualizada”. Así como “No criminalizar la migración” y asegurar el goce y disfrute de los DD.HH. de los migrantes y facilitar su integración. El Secretaro General de la OEA anunció la creación de un grupo de trabajo sobre la migración venezolana; Davis Smolansky lo coordinará.
Los países en la OEA
Los países que intervinieron hablaron de sus aportes en la solución a este grave problema, de las medidas adoptadas y de la cantidad de venezolanos que han llegado a sus territorios. Según reportó el embajador de Chile, en su país ingresaron 166 mil venezolanos durante el 2017, el doble que en 2016. El representante de Colombia señaló que “en los últimos 10 meses el número de venezolanos en Colombia aumentó de 550.397 a 935.000”, pero a esto hay que agregar los colombianos que han vuelto y estos se han calculado en al menos 300.000. La Embajadora de Ecuador señaló que cerca de un millón de venezolanos han ingresado a su país pero que por lo menos 600 mil han salido este año. La embajadora de Perú informó que en su país habrían más de 400.000 venezolanos. El embajador de Brasil apuntó que “de enero a junio de 2018, cerca de 128 mil venezolanos ingresaron en Brasil y en torno a 57 mil solicitaron regularización migratoria”. Y en Argentina hay alrededor de 100.000 venezolanos. La embajadora austral se preguntó “… si las medidas aplicadas ¿han sido suficientes.? A pesar de todas las declaraciones no todos los estados miembros de la OEA son conscientes de la magnitud de esta crisis (…) Esta es una situación de migración forzada. Los venezolanos salen por miedo, por desesperación. Hay un desarraigo obligado”. En conclusión, las cifras mencionadas en la OEA ya suman cerca de un millón de venezolanos.
La defensa presentada por el régimen
El excanciller venezolano Samuel Moncada, desde la bancada del Salón Simón Bolívar donde se reúne el Consejo Permanente, alegando, señalando , acusando a los demás, pero en especial al imperio norteamericano, y defendiendo al régimen que gobierna en Venezuela, volvió a cumplir su papel de defensor a ultranza. Comenzó diciendo que no iba a polemizar sino a presentar varios argumentos para demostrar que todo esto no es más que parte de una narrativa que busca justificara una invasión del imperio norteamericano.
Su argumento es que se está tratando de crear una matriz de opinión a fin de que se acepte que Venezuela es un Estado Fallido, que no hay democracia, para lo cual arguyó que la resolución 1078, del 3 de abril de 2017, donde se dice que en Venezuela hubo una “alteración inconstitucional del orden democrático” fue manipulada. En todo caso la crisis sería culpa de los EE.UU. por las sanciones y la guerra económica. Y todo es para forzar una “intervención humanitaria” en Venezuela. Lo de ahora es tratar sacar de proporciones una emigración que es “normal”, y que el régimen calcula que es de apenas unos 600.000 – cifra que Moncada no se atrevió a decir.
Esa intervención humanitaria es en realidad una intervención militar, argumentó Moncada, que se viene cocinado como se desprende de las declaraciones del senador norteamericano Marco Rubio, pero sobre todo, de las del embajador de EE.UU. ante la OEA, Carlos Trujillo. Y pidió se pusiera la declaración de Trujillo a una emisora latina. En ella, Trujillo expresó, sin mucho uso del métier diplomático, algunas opiniones bastante explosivas a las que se había referido Moncada. Trujillo mostró preocupación por la falta de control que tiene el régimen en la frontera y la presencia de grupos guerrilleros (ELN y FARC-disidentes), así como de narcotraficantes y traficantes de personas y oro, y que esto termine generando un incidente militar que provoque la intervención de Colombia y/o Brasil. Para el embajador venezolano Moncada, esto es un llamado de los EE.UU. a los latinoamericanos para que intervengan militarmente en Venezuela. Exaltado dijo “quieren que nos matemos entre nosotros, los latinoamericanos”.
Para el representante del régimen «Ya no se trata de un problema de migrantes, sino de un problema de seguridad y la paz. Ellos dicen que van a salvar a Venezuela utilizando la fuerza desde el exterior contra nuestro país. Es la salvación por medio de la destrucción. Es la fabricación de una guerra”.
Como telón de fondo, el régimen implementaba la operación “vuelta a la patria” y despachaba aviones a Perú, Ecuador, Chile y Argentina donde una centena de venezolanos por país expresaba sus satisfacción de volver a Venezuela y los medios mostraban personas de la farándula eficientea en la entrega de pasaportes, mientras Nicolás Maduro decía que de esos 600.000, 90% quería regresar.
Conclusión
Al final del día, los gobiernos latinoamericanos se organizan para enfrentar el impacto que la crisis venezolana está produciendo por la estampida migratoria. Quieren facilitar, pero también controlar el ingreso de personas, respetar sus DD.HH., crean mecanismos de cooperación y piden ayuda internacional.
Recordemos que estos países son los que están “pagando” la cuenta de un régimen delincuencial, una paravatocracia o simplemente un “pranato”, que orientado por una ideología comunista ha quebrado al país y ha producido que millones de venezolanos huyan de un régimen que los oprime y es incapaz de brindarles los servicios básicos o asegurarle el derecho al trabajo. Lo irónico es que muchos de esos países hasta hace poco apoyaban al gobierno chavista, o se hacían la vista gorda de lo que sucedía en Venezuela.