Por Carlos Canache Mata
***Según un experto en Derecho Internacional, la solicitud ante la Corte Penal Internacional -introducida por seis naciones- conllevaría una orden de captura contra altos responsables del régimen.
La soledad rodea al régimen que está por cumplir 20 años. La comunidad internacional lo acusa y lo cerca por atentar contra la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos. En los últimos días, el mundo se le ha hecho más angosto. Merman los amigos y quedan contadas solidaridades, que responden a beneficios recibidos, a afinidades de talante dictatorial o a motivaciones geoestratégicas de la política exterior de algunos países.
El pasado 25 de septiembre dio inicio a unas cuantas decisiones que deben tener preocupada a la dictadura civil-militar que sojuzga a Venezuela. Ese día, en su sesión inaugural, la Asamblea General de las Naciones Unidas acordó incluir en su agenda de deliberaciones la activación del mecanismo, aprobado durante la Cumbre Mundial de la ONU en el año 2005, conocido con el nombre de la “Responsabilidad de Proteger” (R2P, siglas en inglés) a los pueblos frente a los crímenes de lesa humanidad y otros delitos. Esa decisión tuvo una votación favorable de 93 países, y apenas 16 votaron en contra por los motivos arriba señalados. La contabilidad de esos votos da la idea de un aislamiento que no para, que crece con el pasar de los días.
Mientras en la Asamblea General del máximo foro internacional tronaban los discursos denunciando las violaciones de los derechos humanos y la crisis que aflige a Venezuela, seis Estados-parte solicitaron, en carta fechada el mismo 25 de septiembre, a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que “inicie una investigación sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad que habría tenido lugar en Venezuela bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro, a partir del 12 de febrero de 2014, con vistas a determinar si se ha de acusar por la comisión de tales crímenes a una o varias personas”. Hasta ahora, ningún país o un grupo de los que suscribieron el Estatuto de Roma, mediante el cual se creó la Corte Penal Internacional, habían hecho solicitud de investigación semejante contra un gobernante. Según el experto en Derecho Internacional, Mariano de Alba, la solicitud de esos seis países puede acortar el tiempo de procedimiento de iniciación de la fase de investigación formal y que ésta “podría conllevar adicionalmente la emisión de alguna orden de captura contra los más altos responsables de la comisión de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela”. Palabras mayores.
La faena de desnudar a la dictadura venezolana ante el mundo fue rematada el día siguiente, miércoles 26 de septiembre, por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con la resolución sobre la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela. Allí, reza el texto, se “exhorta al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a que acepte la asistencia humanitaria a fin de hacer frente a la escasez de alimentos, medicamentos y suministros médicos, el aumento de la malnutrición, especialmente entre los niños, y el brote de enfermedades que habían quedado erradicadas o bajo control en América del Sur”; y, parecía inevitable para el Consejo, “expresar su más profunda preocupación por las graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de una crisis política, económica, social y humanitaria”.
Maduro pronunció un discurso vacío ante una sala “casi vacía”. Nada de lo reseñado impidió que, ya en Venezuela, declarara que “estamos llegando victoriosos luego de haber llevado la verdad de Venezuela y la voz de la patria al mundo”. Y, casi como en súplica, dijo que “estaría dispuesto y listo” para entrevistarse con Donald Trump, el presidente del odiado imperio.
Entre mentiras y a la espera de la reunión deseada, la soledad avanza en los predios de la dictadura y sus entornos.