Por William Dávila
***Como diputado electo por los ciudadanos el día 6 de diciembre de 2015, me he abocado a luchar por el restablecimiento de la democracia, la institucionalidad y los derechos humanos en el país, nada más, nada menos.
El pasado 17 de octubre del presente año, el señor Jorge Rodríguez publicó en su cuenta Twiter (@jorgerpsuv) a las 2:51 p.m. una infografía en la cual se me vincula con el Sr. Julio Vélez, el cual presuntamente forma parte de un grupo de personas vinculadas al homicidio del fallecido diputado Robert Serra y María Herrera en el 2014.
Ante tal acusación -la cual niego rotunda y categóricamente- pues no conozco ni de vista, trato o comunicación al Sr. Julio Vélez, así como tampoco tengo vinculación alguna con los otros individuos y actos allí señalados.
Quiero alertar que esto es una agresión más, dirigida desde la alta cúpula del ejecutivo nacional, consecuencia de mi conducta cívica, democrática y por supuesto contraria al régimen dirigido por Nicolás Maduro Moros.
Como diputado electo por los ciudadanos el día 6 de diciembre de 2015, me he abocado a luchar por el restablecimiento de la democracia, la institucionalidad y los derechos humanos en el país, nada más, nada menos. Por lo anterior, el ejecutivo nacional ataca mi persona, así como ha hecho recientemente con los diputados Juan Requesens, Albán y Pichardo, entre otros compañeros de lucha que desde el parlamento me acompañan.
Es de señalar que el articulo 13(2) del Reglamento Interior y de Debates establece cómo deber de los diputados atender las opiniones de los electores, en mi caso de los de mi circunscripción electoral en Mérida, y dichos electores deben estar informados de situaciones que pueden ser manipuladas para afectar el ejercicio ético de nuestra función parlamentaria, en consecuencia es en la Asamblea Nacional donde podemos documentar, denunciar y divulgar las violaciones a nuestro derechos parlamentarios.
Deseo además resaltar que estos señalamientos infundados por parte del señor Jorge Rodríguez son contrarios a los estándares de derechos humanos, ya que los artículos 6, 9, 12 y 14 del pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual es ley vigente según Gaceta N° 2146 del 28 de enero de 1978; los artículos I y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la cual fue ratificada por el Estado venezolano en el año 1977, y por supuesto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 23, 43, 44 y 55; obligan al Estado venezolano a proteger y resguardar mi derecho a la vida, libertad personal y presunción de inocencia.
Este tipo de acusaciones son contrarias al mandato que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante la Medida Cautelar 533-17, dictada a través de la Resolución 35/2017, de fecha 6 de septiembre del 2017, donde se solicitó al Estado a que tomase las medidas para proteger mi vida e integridad personal, así como el cese de actos de hostigamientos o violencia en el ejercicio de mis funciones.
Por último, es menester destacar que este tipo de acusaciones también atentan contra la inmunidad parlamentaria que, según el artículo 200 de la Constitución y artículo 12 del Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur, se me garantiza desde mi juramentación como parlamentario.
De todo lo anteriormente escrito he informado a la Asamblea Nacional, pues la agresión digital y de violencia inducida contra mí, me expone al escarnio público, amenazas y peligro para mi vida e integridad personal, incluyendo mi familia y colaboradores inmediatos.
También he informado a la Unión Europea, a la Unión Interparlamentaria Mundial, a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Parlasur, Parlatino, Parlamérica y a la Organización de Estados Americanos (OEA).
Gracias a Dios por toda la entereza que me ha dado para afrontar la canallada fascista y agradezco todas las muestras de solidaridad de mi partido AD, MUD, FAVL, de la gente de Mérida, mi familia, de Parlasur, colegas senadores y diputados de varios congresos de América, del Senado de USA, embajadores, instituciones académicas, activistas de derechos humanos y varios sectores de la comunidad internacional.