Por Leopoldo Puchi
***Quienes han recurrido a la Corte Penal Internacional buscando una condena son parte de las corrientes “militaristas”, que buscan acciones de fuerza para salir de Maduro.
Venezuela atraviesa por serios problemas internos, en particular de naturaleza económica y social, que se expresan en el descenso de la producción nacional, hiperinflación y empobrecimiento de las condiciones de vida de la población. A ello se le añade una alta conflictividad política y el deterioro del marco institucional.
A esta crítica situación se le suman las tensiones de orden internacional que aparecieron en el momento en que Venezuela decidió separarse del dispositivo geopolítico del que había hecho parte. Por esta razón, ahora se encuentra en el ojo de un huracán de tensiones en el que participan gobiernos de varios países.
Algunos sectores de los centros de poder occidental consideran que pudiera aceptarse esa decisión de Venezuela o que, en todo caso, se tendrían que encontrar fórmulas de convivencia a pesar de la decisión tomada, mientras que otros factores estiman que hay que reinsertar al país en su órbita tradicional por cualquier medio. A los unos se les ha denominado “diplomáticos” y a los otros “militaristas”.
Quienes han recurrido a la Corte Penal Internacional para obtener una decisión que implique una condena hacen parte de las corrientes llamadas “militaristas”, partidarias de acciones de fuerza para alcanzar el objetivo propuesto, puesto que una sentencia condenatoria solo pudiera ejecutarse si se recurre al uso de la violencia física. Se degradaría así la CPI a un rol de validación de una intervención extranjera. En la misma línea de las corrientes “militaristas” se inscribe lo planteado por William Brownfield, quien ha sugerido la opción de precipitar al país en un colapso absoluto “aunque ello produzca un periodo de sufrimiento”.
Un efecto negativo de esta visión es que induce a la oposición a la espera de una intervención, que se considera vendría inevitablemente por el colapso o vía decisión de la CPI. Algo semejante ocurrió con el llamado a la abstención del 20 mayo, que fue inducido desde varios países de la Unión Europea y el Grupo de Lima.
Ahora bien, desde las corrientes “diplomáticas” también hay nuevas iniciativas. Llega la noticia de que el gobierno español ha decidido propiciar la búsqueda de acuerdos. Se trataría de la promoción del “diálogo político y de cómo abrir cauces de colaboración”, ha indicado Josep Borrell.
Con anterioridad se había conocido la iniciativa del Departamento de Estado de enviar una delegación de alto nivel para sostener reuniones en Venezuela, pero fueron suspendidas en el último momento por las contradicciones entre los diferentes grupos que conforman la administración estadounidense. Del mismo modo, la visita a Venezuela del senador Bob Corker puede entenderse como un esfuerzo en la misma dirección.
Aunque son diferentes entre sí, estas iniciativas responden a una visión “diplomática”. La inclinación definitiva de Donald Trump no se conoce, pero sin duda se sabrá luego de las elecciones de noviembre. Veremos si es colapso, CPI o acuerdos pacíficos