Por Carlos Canache Mata
***Los presidentes de las academias nacionales hacen un llamado a las instituciones y organizaciones democráticas a actuar unidos para lograr un cambio político.
La dictadura que sojuzga y azota a Venezuela practica la represión a tiempo completo. Asesina a opositores, como ocurrió con el concejal Fernando Albán, y asalta asambleas y manifestaciones en las que se reclama libertad y democracia, como acaba de suceder en Upata con el resultado de la cobarde agresión física contra María Corina Machado. Estamos de vuelta al tiempo de las cárceles con presos políticos, de las torturas y de los venezolanos que son compelidos a abandonar el país por el hambre o por decisión de los que detentan el poder.
Desde agosto del año pasado, una espuria Asamblea Nacional Constituyente (ANC) pasa continuamente con saltos de garrocha por encima de la Constitución vigente con la complacencia de un Tribunal Supremo de Justicia, el que está aquí, que, para sentenciar, espera la orden que baja del Palacio de Miraflores. Esa ANC usurpa las funciones de la Asamblea Nacioanal que el pueblo eligió con una votación tan alta que la integró con una mayoría calificada de diputados de oposición. No creo que hayamos tenido una ANC de más larga duración y que le haya inferido más daño al país.
La situación que vivimos es tan grave y desconcertante que los presidentes de las academias nacionales (Inés Quintero, Sary Levi, Leopoldo Briceño Iragorri, Gabriel Ruán, Horacio Biord Castillo, Gioconda Cunto de San Blas y Gonzalo Morales) hicieron, en documento público de fecha 24 de este mes de octubre, dos planteamientos: a) que el colapso de la nación se manifiesta en “la destrucción del aparato productivo, tanto público como privado, y también a través del establecimiento de una política de Estado orientada a reprimir, perseguir, amedrentar e incluso aniquilar físicamente cualquier expresión de disidencia, desconociendo abiertamente los derechos humanos y contraviniendo la Constituciín vigente”; b) que, ante esa tenebrosa realidad, formulan “un llamado especial a todas las instituciones y organizaciones democráticas del país, a fin de actuar todos unidos en una sola dirección y bajo una misma orientación, con el OBJETIVO SUPREMO (las mayúsculas no son mías, son de las academias) de lograr un cambio político que permita recuperar y conducir al país hacia un gobierno democrático y respetuoso del Estado de Derecho”. Son palabras de quienes saben lo que dicen.
En un foro, celebrado en Miami la semana pasada, por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), que contó con la presencia del secretario general de la OEA, Luis Almagro, expresidentes de 21 países analizaron “la institucionalización del narcotráfico en Venezuela”, y, en documento público, refiriéndose a Venezuela, Cuba y Nicaragua, señalaron que representan una amenaza porque “conculcan las libertades y diseminan sus nocivos efectos hacia otros países de la región afectándoles en su gobernalidad y estabilidad social”. Voces, altas voces, del continente y de España.
La Unión Europea, por su parte, en reunión del Consejo de Asuntos Exteriores, discutió la profundización de la crisis que “ha tenido un efecto devastador en el pueblo de Venezuela y ha afectado negativamente la estabilidad de la región en general”. Es la preocupación que nos llega desde el otro lado del Atlántico.
Aquí en Venezuela, el Observatorio de Conflictividad Social, informó que, por motivos políticos y sociales, se registraron en el mes de septiembre pasado 983 protestas, lo que equivale a unas 33 por día. La mesa está servida para la última cena.