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Lo que pocos saben de la sentencia del legítimo TSJ contra Nicolás Maduro

El sonado y legítimo Tribunal Supremo de Justicia que trabaja desde el exilio contra el régimen de Nicolás Maduro, ha labrado en cada noticia en torno a ellos, un hecho sobresaliente, si se quiere.

Entre esos eventos, nos encontramos con el juicio realizado contra el dictador de Venezuela por corrupción, delito denunciado por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, dictando sentencia de fecha 22 de agosto del corriente año.

Según lo publicado por Carlos Ramírez López, en El Nacional, en la referida sentencia trascienden errores que quizá muchos hayan pasado inadvertido, como por ejemplo, su séptima resolución que reza textualmente: “Se insta al Ministerio Público, MP a iniciar las investigaciones en contra de las personas naturales y jurídicas vinculadas en la comisión de los hechos punibles que se han determinado en este fallo”.

48 horas después y de acuerdo a lo indicado por Ramírez López, el presidente de ese tribunal publicó la mencionada sentencia pero adulterada, agregando personas e imputándolas de haber participado “en la comisión de los referidos hechos punibles” a pesar que no formaron parte de la acusación fiscal y en consecuencia tampoco fueron referidas en la séptima resolución aprobada inicialmente.

Seguidamente, se evidencia una segunda alteración, donde presuntamente intentarían disimular el primer escollo, “Séptimo: Se acuerda instar al Ministerio Público a iniciar las investigaciones en contra de las personas naturales y jurídicas vinculadas O NO en la comisión de los hechos punibles que se han determinado en este fallo, a los efectos de hacer efectiva la PRESUNTA responsabilidad penal personal de quienes, además de Nicolás Maduro Moros, participaron en la comisión de los referidos hechos punibles, destacando a los ciudadanos…”

En ese ínterin y hasta la publicación final de la controversial sentencia, denotaron algunos magistrados, 12 de ellos, expresando su desacuerdo y que a través del pronunciamiento llamado “voto concurrente” dejan constancia, que en efecto avalan la sentencia que incrimina a Nicolás maduro, pero no que solapan las alteraciones del documento.

A todas luces, esto supondría para el derecho, una alocada violación al debido proceso, por cuanto se incluyen en la acusación personas que no estaban vinculadas en la fase inicial, es decir, en la parte de acusación e investigación del caso.

En ese sentido, cabe la evidente pregunta de si, ¿Goza este documento de validez? o ¿Con qué base podría aplicarse ese instrumento juridico al constar con una serie de violaciones en su escrito? Como bien se pregunta Ramírez Lopez, ¿Se mata o no la esperanza y el hambre de justicia en Venezuela? ¿Se le puede cumplir a los venezolanos desplazados y los otros tantos que aun hasta la fecha combaten la crisis humanitaria?

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