Por J. Gerson Revanales
***La Justicia Transicional no está prevista para ser aplicada a los delitos comunes, ni al narcotráfico ni a la corrupción.
Desde este Balcón seguimos sin entender a quienes en busca de protagonismo, inicialmente se embarcaron en un diálogo unidireccional con sordos, y ahora promueven una Justicia Transicional sin poder de negociación ni posibilidad de que el gobierno les compre la idea.
Su origen se remonta a la postguerra WWII con la creación de los Tribunales de Nuremberg, concepto que ganó fuerza en los 80, comenzando con los juicios a exmilitares en Grecia (1975) y Argentina, (1983). Consiste en un conjunto de medidas judiciales y políticas utilizadas para reparar las violaciones a los derechos humanos. Busca hacer justicia como estrategia para la reconciliación y el mantenimiento de la paz.
La Justicia Transicional se ha venido aplicando en procesos de transición de una dictadura a una democracia o de un conflicto armado a la paz, en los que es necesario equilibrar las exigencias jurídicas (garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación) y las exigencias políticas que requieren dichas transiciones.
Se caracterizan por una combinación de estrategias judiciales y no judiciales, tales como la persecución de criminales, la creación de comisiones de la verdad y otras formas de investigación de la violencia, la reparación a las víctimas por los daños causados y la reforma de instituciones como los servicios de inteligencia, policía política y las FF.AA., con el firme propósito de prevenir futuras violaciones o abusos.
Este es el marco teórico. Lo que no está claro es qué buscan sus proponentes, si no existe una posibilidad real. La Justicia Transicional es un recurso de quienes tienen el sartén agarrado por el mango para darle garantías y trato diferencial a una contraparte en la esquina contraria para facilitar su reinserción. No es potestad de quienes no tienen ni el control político ni militar. Es de ilusos pensar que quienes detentan el poder y no enfrentan amenazas creíbles para desocuparlo, son tan pendejos como diría Camilo José Cela para dejarse juzgar por unos tribunales especiales. En los casos de Alemania, los tribunales de Nuremberg lo impusieron los vencedores; en Ruanda, los tribunales fueron creados por el Consejo de Seguridad de la ONU; en la antigua Yugoslavia, el tribunal se impuso luego de que las fuerzas de paz de la OTAN lograran el control de los Balcanes, desgastando el poder militar serbio; en Argentina, se aplicaron leyes de amnistía y decretos de indulto y luego se reconoció que la reconciliación exigía establecer responsabilidades individuales por los crímenes contra los derechos humanos; y en el caso de Colombia, la Justicia Transicional la llevó adelante el gobierno, luego de que le dobló las rodillas a la guerrilla, como una forma de darle garantías y concesiones muy particulares para que se incorporaran a la vida democrática; y en Chile, los militares se opusieron.
Qué ofrecen estos avezados negociadores para que el oficialismo deje el gobierno y se someta a la Justicia Transicional. La pregunta es ¿a cambio de qué?, ¿impunidad? o ¿complicidad?