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España

Exentos del pago de impuestos hipotecas del Estado, iglesia, partidos y entidades sociales

El cambio legal impulsado por el Gobierno de España y que supondrá que a partir de este sábado la banca, no el cliente, pague el impuesto de Actos Jurídicos Documentados ya es efectiva, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado, BOE.

El impuesto, que provocó una grave crisis en el Tribunal Supremo tras sentencias y decisiones contradictorias, quedará exento de pago, tampoco lo asumirá la otra parte, en préstamos a ciertos grupos, entre los que se incluyen el Estado, los partidos, la Iglesia Católica o asociaciones como la ONCE o la Cruz Roja.

Todos ellos ya estaban exentos del pago por ley, por lo que el nuevo marco recoge su situación, adoptando “supuestos en los que el prestatario venga gozando de una exención subjetiva sigan quedando exceptuados de gravamen”.

Según consta ya en el BOE, en las escrituras de préstamo con garantía hipotecaria se considerará sujeto pasivo al prestamista, es decir, al banco.

Es el gran cambio de la iniciativa del Gobierno. Pero además, el Real Decreto introduce un nuevo artículo en el apartado de exenciones por el que no estarán sujetos en determinados casos ni la banca ni los clientes.

Así quedan exentas las escrituras en las que el prestatario sean, entre otros, el Estado y las Administraciones Públicas Territoriales e Institucionales y sus establecimientos de beneficiencia, cultura, Seguridad Social, docentes o de fines científicos.

También quedan exentas las hipotecas para “la Iglesia Católica y las iglesias, confesiones y comunidades religiosas que tengan suscritos acuerdos de cooperación con el Estado español”; y “los partidos políticos con representación parlamentaria”. 

Asimismo, se incluyen los establecimientos o fundaciones benéficos o culturales, docentes o de fines científicos, de carácter particular, siempre que los cargos de patronos o representantes legales de los mismos sean gratuitos y rindan cuentas a la Administración; las hipotecas de las asociaciones de utilidad pública dedicadas a la protección, asistencia o integración social de la infancia, juventud, tercera edad, personas con minusvalías físicas o psíquicas, marginadas, alcohólicas, toxicómanas o con enfermedades en fase terminal; en las hipotecas concedidas a la Cruz Roja Española o la ONCE; y las cajas de ahorro en las adquisiciones directamente destinadas a sus obras sociales.

Además, el real decreto también modifica el artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades para establecer que las entidades financieras no podrán deducirse este pago en el Impuesto sobre Sociedades.

La publicación de estas modificaciones en el BOE se explican por “una situación de extraordinaria y urgente necesidad”.

Entre las razones que se indica, el Gobierno apunta que la situación de incertidumbre generada hace necesario fijar de un modo preciso un marco jurídico que establezca las reglas de una actividad mercantil tan común como el contrato de préstamo con garantía hipotecaria.

Así, el Ejecutivo apela a su mandato constitucional de “garantizar a los ciudadanos sus derechos como consumidores, dentro de los que ha de entenderse el de contar con un marco jurídico estable y claro”.

Con información de Europa Press/La Vanguardia 

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