Por J. Gerson Revanales
***El anuncio de enviar a un nuevo embajador venezolano a la Santa Sede puso al Vaticano a deshojar la margarita.
La semana pasada un conocido comentarista dominical del oficialismo anunció la designación de un nuevo embajador ante la Santa Sede. Este batacazo coloca al Vaticano en un dilema shakesperiano de sí otorgarle o no el célebre Placet al nuevo enviado, considerando que si se lo otorga podría crear un conflicto entre el poder terrenal y el espiritual, de acuerdo a las «allegationes» de francesc eiximenis, referidas a la disputa entre la jurisdicción civil y eclesiástica. Esto, en las actuales circunstancias, representa un reto y una provocación, en caso de que el régimen (en lugar de solicitar la aprobación constitucional de la Asamblea Nacional) sustituya dicho requerimiento por un visto bueno de una Asamblea Nacional Constituyente, írrita.
El reemplazo de la Asamblea Nacional por la constituyente sería más que un fraude a la ley un fraude a la Constitución. La Constitución Bolivariana establece en su artículo ART 187/ 14 que los embajadores requieren la aprobación de la Asamblea Nacional. Textualmente señala: “Autorizar el nombramiento del Procurador o Procuradora General de la República y de los Jefes o Jefas de Misiones Diplomáticas Permanentes”. En consecuencia, si el gobierno en su desconocimiento de la Asamblea Nacional obvia y pasa por alto está facultad constitucional y la sustituye con la aprobación de una constituyente espuria, sin facultad alguna para servir de órgano de control del poder ejecutivo, se comete un nuevo fraude a la “Constitución”, que pone al régimen en evidencia.
Según el comentarista que dio la primicia dominical, no sabemos si para bien o para mal, pero el gobierno consideró necesario enviar un representante ante el Vaticano debido a los cambios que se están dando y a la importancia que tiene el tema de los Derechos Humanos, con carácter prioritario en el discurso del Papa Francisco. La verdad que no se sabe es a qué cambios se refiere Rangel. La violación a los Derechos Humano continúa; los presos políticos siguen sin que se les respeten sus derechos constitucionales, como el debido proceso. Lo que sí es cierto es que, de acuerdo a la milenaria diplomacia vaticana, los enviados a la Santa Sede no son célibes, sino personas casadas con una familia y un hogar construido, costumbre que ha respetado la diplomacia venezolana… ¡hasta ahora!
Apartando estas formalidades, si el Vaticano acepta al nuevo enviado como nuevo embajador ante la Santa Sede, está reconociendo a una Asamblea Constituyente ilegítima como la han calificado muchos países, entre ellos el Grupo de Lima y la Unión Europea. A su vez está desconociendo a la legítima Asamblea Nacional electa por más de 14.385.349 millones de venezolanos.
El envió de un nuevo embajador por parte del gobierno, que a partir del 10 de enero carece de legalidad y legitimidad, es enviarlo con un “plomo en el ala”, considerando que está cuestionado por la comunidad internacional.