Por Aixa López
***El acceso a los servicios públicos se ha convertido en un acto de violencia cotidiana para la mujer venezolana.
El “Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer” debemos recordarlo para poner fin a este grave problema que afecta a la mujer. En nuestro país estamos acostumbrados a oír sobre la violencia contra la mujer, la cual se ejerce por su condición de mujer. Siendo ésta «consecuencia de la discriminación que sufre tanto en las leyes como en la práctica, y la persistencia de desigualdades por razones de género”.
En esta violencia se presentan numerosas facetas que van desde la discriminación, el menosprecio y la agresión física, sexual, verbal o psicológica y el asesinato, manifestándose en diversos ámbitos de la vida social, laboral y política. Por ello en 1993, las Naciones Unidas (ONU) aprobaron la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, y en 1999, a propuesta de la República Dominicana con el apoyo de 60 países más, declararon el 25 de noviembre “Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer”.
En nuestro país, la violencia contra las mujeres, de acuerdo con las cifras del 2014 del Ministerio Público, es el segundo delito más denunciado con 22.426 actos conclusivos. Pero hoy día podemos afirmar que la mujer venezolana está padeciendo una nueva forma de violencia que deviene por la mala prestación de los servicios públicos, cuando la mujer -la matriarca del hogar- es madre y padre a la vez y debe hacer colas para comprar alimentos, para comprar gas, para utilizar el transporte público, comprar medicinas. No tiene agua, ni luz. Por lo cual estamos ante una violencia gubernamental. ¿Por qué? De acuerdo a la Constitución y las leyes, los venezolanos tenemos derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, a los bienes y servicios en calidad y cantidad.
El Gobierno debe garantizar estos derechos, lo cual no hace; por lo tanto es responsable de que los bienes y servicios no están a nuestro alcance en cantidad y calidad. El Derecho a la alimentación está vulnerado porque no tenemos la disponibilidad alimentaria que establece que los alimentos estén disponibles a través de fuentes naturales. No está accesible y ya la canasta básica está por el orden de los cincuenta y cinco mil soberanos, con un salario mínimo que ya está pulverizado y no alcanza. El salario está carcomido por la inflación, entonces cómo sobrevive la familia venezolana ante esta crisis; cómo puede la mujer venezolana afrontar las fallas en los servicios públicos. Solo hay una respuesta: cambio de modelo político y eso pasa por un cambio de Gobierno.