Por Jaime Granda.
Sin embargo, la falta de un “punto fijo” en el cual la oposición unida apoye sus esfuerzos, deja margen al régimen corrupto e ineficiente para seguir en el poder.
Toda la información proveniente de organismos serios y colocados fuera de la manipulación del régimen y sus asesores extranjeros está desnudando la realidad de la corrupción en Venezuela en los últimos 20 años.
Históricamente, la corrupción siempre ronda toda instancia de poder, pero lo que ha ocurrido en Venezuela supera todo lo que se conoce y lo que se pueda imaginar en cuanto a las debilidades humanas frente al poder político y el dinero.
Una simple muestra es que la destrucción de PDVSA, la productora del dinero para que Fidel Castro ampliara sus tentáculos a varios países latinoamericanos e influyera en parte de lo que pasa en España, es de tal magnitud que ahora cuando un trabajador pide una constancia en la empresa petrolera, debe llevar la hoja porque PDVSA no tiene ni papel para imprimir el documento.
Todo lo recabado hasta ahora indica que en 1998 cuando en diciembre Hugo Chávez resultó electo presidente de Venezuela, en lo que se consideran las últimas elecciones realmente populares y sin manipulaciones, el precio del petróleo venezolano era de 11 dólares americanos (USD) por barril.
En 1999, su primer año de gobierno, subió a 16 dólares por barril. En 2004 se duplicó a 32 dólares. En 2008 llegó a 88 dólares. A partir de 2010 se mantuvo entre 84 y 103 dólares hasta 2014.
Sin embargo, el afán de controlarlo todo y bloquear el acceso libre a esas divisas con el control de cambio, abrió las veredas ilegales para cualquier gestión y en este 2018 son públicas las tarifas ilícitas vigentes para pagar algún servicio, para sacar el pasaporte, para traer algo del exterior, especialmente comida y medicinas.
El testimonio de varios expertos precisa que desde 2014 Venezuela entró en una prolongada recesión inflacionaria que el ineficiente régimen no supo manejar y complicó con un círculo vicioso de financiamiento monetario y un déficit creciente que permitió la instalación de la hiperinflación mayor que se haya conocido en el mundo.
Guillermo Rodríguez G., investigador del Centro de Economía Política Juan de Mariana y profesor de Economía Política del Instituto Universitario de Profesiones Gerenciales (IUPG) de Caracas, precisó esta semana que al cierre de 2017, el 25,8% de los hogares venezolanos estaba bajo la línea de pobreza no extrema. Y el 61,2% sufría pobreza extrema. 2018 comenzó con un 87% de hogares venezolanos en la pobreza. Y para empeorarlo, en lo que va de 2018 el Producto per cápita ya ha caído otro 15% adicional. Por consecuencia, el 90% –o más– de la población hoy ya es pobre en la Venezuela socialista revolucionaria.
El régimen de Maduro no muestra preocupación por lo que está ocurriendo. Es innegable que el programa de reconversión monetaria que comenzó el 20 de agosto no tiene nada bueno ya para mostrar ni prometer.
Antonia Muñoz formó parte de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, que redactó la Constitución vigente, y ha sido gobernadora del estado Portuguesa en dos ocasiones. Fue una de las primeras víctimas de Maduro para acallar sus críticas a los errores del heredero de Chávez.
Esta semana, Muñoz dijo en una entrevista con Tal Cual que nada justifica que se haya instalado una Asamblea Nacional Constituyente que 15 meses después no tiene rumbo fijo.
La profesora universitaria fue tajante: “Si a mí me preguntan si se necesita ir a una constituyente para cambiar la Constitución diría que no; ese proyecto no es responsable de la situación que estamos viviendo. Si ese proyecto de país (la Carta Magna vigente) lo hubiéramos cumplido en un 50 por ciento no tendríamos los problemas económicos ni éticos que tenemos en este momento”.
Chavismo podrido
Todo lo que ha reventado esta semana en diferentes medios del mundo apunta a dejar claro que el régimen de Nicolás Maduro no es totalmente responsable de lo que está pasando en Venezuela.
El régimen de Maduro, iniciado en 2013, es la continuación extrema de los vicios de corrupción que pudrieron al chavismo ante la mirada del propio Hugo Chávez.
España acusa al “grupo Salazar” de haber desviado millones de euros de la petrolera estatal cuando fue presidida por Rafael Ramírez (de 2004 a 2014), quien representó después a Venezuela ante la ONU, ahora está exiliado en paradero desconocido y alega ser víctima de una persecución política de Nicolás Maduro.
En cuanto al sonado caso de Alejandro Andrade, sentenciado esta semana en Estados Unidos a casi 10 años de prisión, ya en 2015 se conoció, gracias a investigaciones sobre el fraude fiscal a través de la filial suiza del banco HSBC, que Andrade entabló relaciones con esa institución desde la Tesorería venezolana y se abrieron tres cuentas que llegaron a acumular unos 700 millones de dólares para 2007.
La red de corrupción es amplia, con conexiones diversas, y Andrade parece ser una de las puntas del hilo de la madeja que, en conjunto, según las primeras estimaciones, llegó a manejar unos 4.000 millones de dólares.
La conclusión simple es que el chavismo se pudrió y en el enriquecimiento ilícito con recursos del Estado venezolano hay descendientes de Hugo Chávez, familiares de Diosdado Cabello y sobre Nicolás Maduro pesa el fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio por actos de corrupción ligados a Odebrecht, consorcio que le entregó 35 millones de dólares para la campaña presidencial.
Sin embargo, la falta de un “punto fijo” en el cual la oposición unida apoye sus esfuerzos, deja margen al régimen corrupto e ineficiente para seguir en el poder.
Rusia, China, Turquía, Corea del Norte y otros gobiernos cercanos al proyecto ruso-cubano-venezolano, parece que manejan esa situación mejor que los líderes opositores de Venezuela, dentro y fuera del país.