Por Eduardo Martínez – Corresponsal en Italia.
Es un hecho que Italia, con su giro a la derecha, se cierra a la inmigración, el asilo a los perseguidos y restringe el otorgamiento de la nacionalidad italiana a los conyugues de sus ciudadanos.
En los últimos días de noviembre, el parlamento italiano aprobó la llamada Ley Salvini de Seguridad. Una promesa del partido Lega (LN), que junto con el Movimiento 5 Estrellas (M5S), conforman la mayoría de gobierno.
Este Decreto-Ley, fue aprobado con 336 votos a favor y 249 en contra en la Cámara de Diputados, y con el voto afirmativo de 163 senadores, frente a la negativa de 59.
Su resultado, de acuerdo a la usanza parlamentaria en Italia, constituye un voto de confianza al gobierno (LN-M5S) presidido por el Premier Giuseppe Conte.
En torno a este Decreto-Ley, el ministro del Interior Matteo Salvini desarrolló una intensa campaña de opinión pública centrada en el problema de la inmigración, que llega a las costas italianas desde Europa del Este, el Medio Oriente y el Norte de África.
Magnificando la problemática migratoria, llamada siempre “ilegal”, Salvini ha logrado convertirse en el político más popular, desde el 1º de junio cuando asumió el cargo ministerial.
Precedida de esta campaña, no fue difícil que la alianza de gobierno lograra la aprobación de la Ley de Seguridad.
Sin embargo, las organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos, los partidos de oposición y hasta la prestigiosa Asociación Nacional Partisana de Italia (ANPI) han denunciado los términos de esta ley, que ha sido señalado hasta de anti constitucional y xenófoba, entre otros calificativos.
Carla Nespolo, presidenta nacional de ANPI, señaló que “Con la aprobación del decreto de seguridad, se anula la constitución e Italia entra en la pesadilla del apartheid legal. Es verdaderamente increíble que sucediera algo así, que fuera dado un golpe tan fuerte al derecho de asilo, de acogida, de integración”.
Por su parte Matteo Renzi, uno de los líderes del Partido Democrático (PD) –el mayor partido de oposición- reclamó al ministro Salvini, instándolo a que hiciera de ministro y no de “chacal”. Entre otras explicaciones, Renzi señaló que “Salvini no puede dedicarse a chismes de bar porque de él depende la seguridad y el orden público”, y recordó a Salvini que desde hace seis meses, sus oficinas están en el Palacio Viminale (sede del ministerio) y no en Facebook. “Debe hacer de ministro y no de chacal”, apuntó Renzi.
La inmigración como excusa
El texto del Decreto-Ley incluye un amplio espectro de objetivos que van más allá del simple tema de los inmigrantes.
Las estadísticas oficiales de la Unión Europea, demuestran que no es precisamente Italia el país sobre el cual recae el mayor peso de la inmigración que llega a Europa. En cuanto a los asilos otorgados en 2017, Italia en términos absolutos solo concedió el 6,5 % de los asilos. En tanto en términos relativos, Italia ocupa el puesto 14 con 580 asilos por cada millón de habitantes, lo que representa un tercio de la media europea.
A pesar de que la campaña desplegada por el ministro Salvini se basó en la inmigración, la Ley incluyó otros aspectos.
Por ejemplo, la Ley contempla la seguridad urbana, que abunda en: Plan nacional de desalojos, métodos para reconocer situaciones de empleo, y establece un lapso de 60 días, para planes provinciales de ejecución de medidas de evacuación, y el uso de la Fuerza Pública; Medidas para contener la invasión de edificaciones, con castigos por ocupaciones arbitrarias, y penas más altas cuando estas ocupaciones son realizadas por más de 5 personas; penalización de la colocación de barricadas, y el bloqueo de vías férreas.
En el área de Seguridad Urbana, el decreto también incluye dotaciones a la Policía de Estado y de Bomberos, con la asignación de pistolas tipo “tasser” en las ciudades de más de 100 mil habitantes.
Por otra parte, en el decreto se contemplan medidas para la lucha contra el terrorismo y la mafia. Con respecto al terrorismo, se obliga a las empresas de alquiler de camiones y furgones, el enviar los datos de a quien alquile, “para prevenir trágicos atentados”. Para lo cual se creará un “Centro de Elaboración” de datos.
Igualmente, la extensión del D.A.SPO (acrónimo de Prohibición de Acceso a Eventos SPOrtivos). La cual es una ley italiana para prevenir actos violentos en las competencias deportivas, especialmente el futbol.
Para la lucha en contra de la mafia, el decreto prevé la designación de un Comisario Extraordinario para prevenir situaciones ilícitas o anómalas en las contrataciones públicas. Así como también se estipula, que en el secuestro y confiscación de bienes a organizaciones criminales, los inmuebles puedan darse en alquiler “social” a familias en condición de precariedad.
Sobre la inmigración
En los artículos de la ley también se afectan otros aspectos que van más allá de la inmigración. Tal es el caso de las solicitudes de asilos políticos, la abolición de la protección humanitaria, la repatriación, y lo que más cuestionan las ONG: la revocación de la nacionalidad.
En estos aspectos, no se estaría frente a una ley que ordena la inmigración, sino que limita y condiciona la asistencia humanitaria, el derecho de asilo, y el derecho de que un ciudadano italiano solicite y obtenga la ciudadanía italiana para su conyugue.
Otro punto cuestionable que ha comenzado a ser rechazado, es la presunta violación del Artículo 10 de la Constitución Italiana, que establece que “El extranjero, al cual se le ha impedido en su país el efectivo ejercicio de la libertad democrática garantizada en la Constitución italiana, tiene derecho de asilo en el territorio de la República, según las condiciones establecidas por la Ley”.
La ley afecta la ciudadanía
El aspecto más discutible es sin duda el relativo a la ciudadanía. La periodista freelance Claudia Torrisi, especializada en temas sociales, inmigración y derechos humanos, publicó en la página web “VICE” un análisis de la ley aprobada, en el cual alerta sobre la división entre dos tipos de italianos, los “Italianos DOC”, y los “Italianos no originales”.
A continuación se transcribe el texto de Torrisi, el cual presenta una amplia visión de lo contenido en materia de la ciudadanía en la Ley Salvini.
LA DIVISIÓN ENTRE «ITALIANO DOC» E «ITALIANOS NO ORIGINALES»
Por Claudia Torrisi, publicado en Vice.
Durante años, en Italia se ha hablado de una reforma de la ciudadanía que permitió a los hijos de inmigrantes convertirse en ciudadanos italianos. Como saben, el proyecto de ley se hundió en un estancamiento infinito en el Parlamento, entre la aversión de ciertos partidos políticos y la falta de convicción de otros. Luego vinieron las elecciones del 4 de marzo, el Gobierno del Cambio y hoy la presentación en el decreto Salvini de una regla que hace que sea más complicado obtener la ciudadanía y sea más fácil retirarla.
En el decreto de inmigración y seguridad se espera que el tiempo se extienda para obtener la ciudadanía (que va de dos a cuatro años) y aumente la contribución para la demanda (de 200 a 250 euros). Además, a diferencia del pasado, la solicitud puede ser rechazada incluso si es el esposo o la esposa de un ciudadano italiano quien la presenta.
Quienes hayan obtenido la ciudadanía pueden perderla si son condenados definitivamente por delitos cometidos con fines terroristas. En resumen, como explica Mario Morcone, presidente del Consejo Italiano para los Refugiados, «en abierto contraste con el espíritu y la letra de la Constitución, dos categorías de ciudadanos: el «DOC italiano»y el «no original», es decir, todos «Aquellos que han adquirido la ciudadanía italiana, pero son de origen extranjero, y para estos ciudadanos, según el decreto, pueden ser removidos».
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