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Hasta que por fin crean Comisión de la Verdad para investigar caso de los 43 estudiantes desaparecidos en México

Cuando han desaparecido 37.485 personas en México en los once ­últimos años, una media de seis por semana, puede resultar extraño que el nuevo presidente ­haya decidido dedicar su primer decreto presidencial a sólo 43 desaparecidos.

Pero Andrés Manuel López Obrador considera un “asunto de Estado” la desaparición de 43 estudiantes de una escuela de formación de maestros en Iguala, en el violento estado de Guerrero, en septiembre del 2014. Muchos mexicanos están de acuerdo.

El decreto crea una Comisión de la Verdad, encabezada por Alejandro Encinas, exalcalde de Ciudad de México y hombre de confianza del nuevo presidente.

Intentará esclarecer un crimen que, con toda seguridad, terminó con la ejecución de los estudiantes desaparecidos por sicarios del crimen organizado, en colaboración con las fuerzas policiales locales y federales, y posiblemente, del ejército mexicano.

Pero los cadáveres de los 43 no se han encontrado. “No vamos a lavarnos las manos (…) se juzgará a los responsables. Es un ejemplo y nunca más volverá a ocurrir”, dijo López Obrador en el Palacio Nacional, ante un público compuesto por una veintena de familiares de los estudiantes, todos de orígenes humildes, que han protagonizado una campaña incansable para localizarlos.

El llamado caso de Ayotzinapa fue un momento decisivo en la caída de la popularidad de Enrique Peña Nieto, que abandonó la presidencia el pasado sábado con el nivel más bajo de aprobación de un jefe de Estado reciente.

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La masacre tiene un trasfondo político. La escuela de docentes de Ayotzinapa forma a profesores principalmente de familias campesinas pobres bajo un sistema de enseñanza igualitaria creado en los años treinta.

Allí se formaron varios líderes de la guerrilla de Guerrero en los setenta. El día de la masacre, los estudiantes habían secuestrado unos autobuses para realizar un viaje a la capital y participar en una manifestación que conmemoraba el aniversario de las rebeliones estudiantiles y su aplastamiento en Ciudad de México en 1968, detonante de la lucha armada en el país.

Investigaciones de la Fiscalía General, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH y un equipo independiente de forenses procedente de Argentina han implicado a todos los niveles del Estado, municipal, estatal y federal.

Pero no se ha podido averiguar exactamente quiénes son los responsables ni el paradero de los 43 estudiantes.

“Diversas autoridades sabían (…) pero nadie hizo nada”, se afirma en el informe de la CNDH, de más de 2.000 páginas, presentado en Ciudad de México en una rueda de prensa que duró nueve horas.

El informe ha sido criticado por no llegar más lejos. “Hay que investigar a los militares, la intervención de la telefonía celular, el trasiego de drogas de Iguala a Chicago y la detención de policías federales”, dijo uno de los familiares que asistieron al Palacio Nacional.

La CNDH sospecha que los estudiantes asesinados fueron incinerados en un vertedero cerca de Iguala donde se han encontrado 63.000 fragmentos de huesos humanos.

Los forenses argentinos, no obstante, albergan dudas de que esos restos sean de los estudiantes desaparecidos.

Tal es el grado de violencia en Guerrero, uno de los focos de las casi 2.000 fosas comunes descubiertas en todo el país, que es perfectamente posible que los huesos sean de otras víctimas.

Ya se sabe que unos dientes encontrados no pertenecen a ninguno de los 43 estudiantes desaparecidos.

Cuando se inició la búsqueda de los jóvenes se encontró una fosa con 28 cadáveres en las afueras de Iguala. ­Ninguno de ellos pertenecía a los estudiantes.

El CNDH reconoce que su investigación carece de testimonios suficientes ya que, como explicó uno de los testigos en Iguala: “ La gente calla por el temor a desaparecer”.

La Comisión de la Verdad intentará llegar más lejos. Pero aun así será insuficiente para muchos familiares de mexicanos desaparecidos y asesinados.

Pedimos una Comisión de la Verdad igual para las 37.000 víctimas de la violencia además de los 43 de Ayotzinapa”, dijo Carlos Castro, ingeniero civil de 57 años residente de Jalapa, en el estado de Veracruz , cuya mujer y dos hijas fueron secuestradas en su propia casa en el 2000.

Participaba en una pequeña manifestación del llamado Movimiento por la Paz, la Libertad, y la Dignidad delante del Palacio Nacional.

Obrador ha rechazado utilizar la presidencia para iniciar la persecución masiva de los funcionarios que pueden haber cometido delitos de corrupción, en gran parte porque la corrupción, relacionada directamente con la violencia, es generalizada en México.

“No habría juzgados ni cárceles suficientes”, dijo en su toma de ­posesión. México ocupa el puesto 40 de 176 países en el ranking de corrupción.

Por supuesto, todos los crímenes denunciados se investigan judicialmente. Pero el sistema jurídico en México es lento y está debilitado por la intimidación de jueces, sobre todo a nivel municipal.

Se calcula que el 93% de los delitos en México no se denuncian debido al miedo y la corrupción de la policía.

Con información de Andy Robinson/La Vanguardia 

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