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12 países advierten continua violación de DDHH en Nicaragua

Un grupo de trabajo de 12 países advirtió el miércoles en la Organización de Estados Americanos, OEA, que sigue recibiendo denuncias sobre desapariciones forzadas y secuestros en Nicaragua pese a que el régimen de Daniel Ortega asegura haber normalizado la situación desde que en abril protestas callejeras sacudieran a la nación centroamericana.

La situación en Nicaragua continúa generando gran preocupación, con una falta de acceso continua para observadores confiables de derechos humanos, un aumento de la represión sistemática y una retórica cada vez más hostil del Gobierno hacia la población de Nicaragua y la comunidad internacional”, indicó el tercer reporte del grupo leído por el embajador alterno de Canadá, Francois Jubinville, durante una sesión del Consejo Permanente de la OEA.

“Religiosos y estudiantes son arrestados, amenazados e intimidados de manera sistemática”, agregó el documento. Ortega ha acusado a la iglesia católica de integrar un “golpe de Estado” en contra de su gobierno.

El grupo de trabajo apuntó que si bien ha expresado la intención de realizar una “consulta nacional”, el gobierno nicaragüense “aún no ha mostrado la disposición de establecer las condiciones que legítimamente permitan ese proceso” ni tampoco “ha cesado la violencia y la represión contra quienes protestan”.

El diálogo nacional que Ortega sostuvo con la oposición y en el que la iglesia fungió de mediadora quedó interrumpido en junio.

Los 12 países denunciaron que Managua continúa negando acceso a un mecanismo especial de seguimiento y un grupo de expertos independientes para Nicaragua instalados en junio por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

De hecho, el régimen de Nicaragua se negó a recibir en octubre a la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, a pesar que la jamaiquina Margarette May Macaulay había solicitado anticipadamente reuniones con funcionarios gubernamentales.

El grupo, conformado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México, Panamá y Perú, había presentado un panorama similar cuando emitió sus primeros dos informes en septiembre y octubre.

Nicaragua respondió reiterando su postura de desconocer al grupo y cualquier medida emanada de su existencia.

Denunciamos que el objetivo de este grupo de trabajo es promover el terrorismo económico, político y social contra el pueblo nicaragüense”, dijo el embajador alterno Luis Alvarado.

La OEA abordó la situación en Nicaragua el mismo día que el régimen canceló la personalidad jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH.

Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, calificó la medida como “otra maniobra represiva de Daniel Ortega para tratar de encubrir las serias violaciones de derechos humanos que su gobierno ha perpetrado”.

Las protestas, que comenzaron en abril cuando jubilados y estudiantes salieron a las calles en rechazo a los recortes en la Seguridad Social decretados por Ortega, han dejado más de 300 muertos y cerca de 400 detenidos.

El mandatario dio marcha atrás con la medida pero cuando las manifestaciones continuaron en reclamo de que se adelanten las elecciones presidenciales, Ortega dijo que planea finalizar su mandato en 2021.

El Fondo Monetario Internacional, FMI, pronosticó en octubre que la inestabilidad política provocará que este año la economía de Nicaragua se contraiga 4%.

Con información de El Nuevo Herald 

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