Por: Lorena Arraiz Rodríguez
Madrid, 20.12.18.- Los siete magistrados que van a juzgar el desafío independentista de Cataluña se sentaron por primera vez ante las acusaciones y las defensas de los 18 líderes independentistas señalados de rebelión, sedición, malversación y desobediencia, debido a los hechos que desembocaron en la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017 y la declaración unilateral de independencia (DUI), el 27 del mismo mes.
Los siete magistrados del Supremo que llevarán la causa son: Manuel Marchena (presidente de la Sala de lo Penal), Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela, Antonio del Moral, Ana Ferrer y Andrés Palomo.
La defensa
Lo primero que piden los abogados es que el juicio se celebre en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y no en el Tribunal Supremo. Pero frente a ellos, estaban: la fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular que ejerce Vox y las tres partes sostuvieron que debe ser el Supremo quien juzgue el «atentado grave al interés general de España» que se cometió.
«No tengo los años de experiencia de los representantes de la fiscalía, pero nunca he estado más convencido del fondo de un asunto: son políticos haciendo política y el proceso no ha seguido las reglas«, porque de haberlo hecho, se habría investigado y juzgado en Catalunya, afirmó Andreu Van den Eynde, abogado del exvicepresidente Oriol Junqueras y del ‘exconseller’ Raül Romeva.
Marina Roig, abogada del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, fue más lejos al asegurar que «se están sacrificando los derechos fundamentales por una mal entendida indisolubilidad de la nación española», y puso en duda la imparcialidad del Supremo, al haberse puesto de manifiesto que «es sensible a la injerencia del poder político», dijo.
Jordi Pina, abogado de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, ha dicho: «Tengo poca confianza en que la sala acepte los argumentos de esta defensa. Tengo la sensación de que ya se ha tomado una decisión». La fiscalía ha defendido otra vez que los líderes del procés alentaron actos violentos y que estos son constitutivos de un delito de rebelión.
En definitiva, la defensa apela a que si el Supremo juzga el procés se privará a los acusados de la posibilidad de disfrutar de una segunda instancia judicial. Destacaron que aunque juzgue los hechos el TSJC, el alto tribunal revisará la sentencia en casación, como hace habitualmente.
La acusación
Jaime Moreno, fiscal de Sala del Supremo, aseguró que «aquí no se criminaliza el voto exterior o interior» y entonces explicó que el bien jurídico protegido en este juicio supera la competencia de Cataluña, porque se derogó la Constitución con la ley de transitoriedad, lo que supuso «un atentado al orden constitucional», y la declaración de independencia tuvo que ser respondida con el artículo 155 de la Carta Magna. «Hubo un incumplimiento de las obligaciones de la comunidad autónoma, pero también un atentado grave al interés general de España, que requirió la intervención de dos Poderes del Estado», en referencia al gobierno de Mariano Rajoy y al Senado.
En esa misma línea fueron tanto Vox como la representante de la Abogacía del Estado, Lucía Pedreño, que aseguró ante el tribunal que lo ocurrido en Catalunya afectó «a todo el país», porque «la soberanía española se basa en la indisoluble unidad de la nación«.
Durante el proceso judicial, la Fiscalía pedirá una pena de 25 años de cárcel para el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras.
El juicio
El Supremo prevé dictar esta misma semana el auto con el que resolverá el tema de su competencia en el caso. A partir de ese momento, empezarán a correr los 10 días de plazo que tienen las defensas para presentar los escritos de calificación (en los que los procesados se opondrán a las acusaciones de rebelión, sedición, malversación y desobediencia) y las pruebas, informes y testimonios con los que quieren contar para el juicio.
La vista oral, en la que sí estarán ya presentes todos los procesados (incluidos Junqueras y los otros ocho que están en prisión preventiva) se desarrollará durante varios meses en sesiones de mañana y tarde. La intención del tribunal es que termine antes de mayo, por lo que no se solaparía con la campaña electoral de las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo. La sentencia, si se cumplen estos plazos, podría dictarse antes de agosto (mes inhábil en el Supremo).