Por Jaime Granda.
El actual presidente de Venezuela nunca cumplió los requisitos constitucionales para ocupar el cargo y sin embargo está ahí y listo para otros seis años.
Sábado 5 y jueves 10 de enero son días que están a la vuelta de la esquina y son parte del primer mes de 2019 que viene cargado de muchas incertidumbres políticas.
El sábado 5 tiene que ver con la actual Asamblea Nacional (AN) que en diciembre de 2015 pasó a ser dominada por la oposición formal y se instaló el 5 de enero de 2016 para ejercer sus funciones hasta el 5 de enero de 2021.
La Constitución, supuestamente vigente, de manera explícita señala que el año legislativo inicia el 5 de enero de cada año y se escoge una nueva directiva. El problema este año es que partidos que al inicio acordaron la composición de esas directivas cada año sufrieron divisiones y los grupos emergentes de esas divisiones, no necesariamente están obligados a acatar ese acuerdo.
Según el pacto inicial, en 2019 corresponde la presidencia de la AN a un diputado de Voluntad Popular (VP). Casi todos los voceros de diferentes organizaciones aseguran que el pacto será respetado, pero 2018 se caracterizó por más divisiones en la oposición y un discurso divorciado de la realidad. Una cosa es lo que dicen sus dirigentes y otra cosa es lo que realmente ocurre. Eso, por supuesto, siembra incertidumbres sobre lo que pasará el sábado 5 de enero.
El 10 de enero termina, de acuerdo con la Constitución, supuestamente vigente, el período presidencial de seis años iniciado por Nicolás Maduro el 19 de abril de 2013.
Hay que recordar que debido a la muerte de Hugo Chávez antes de asumir el cargo después de ganar las correspondientes elecciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó formalmente nuevas elecciones el 9 de marzo de 2013, cuatro días después de la muerte de Chávez. Las elecciones se realizaron el domingo 14 de abril de 2013. Nicolás Maduro ganó esos comicios con 50.61 % de los votos.
A lo largo de su mandato se han desatado campañas que terminaron imponiendo en la dirigencia opositora la directriz de no votar más, alegando falta de transparencia en los resultados que ofrece el CNE. La elección de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC) reforzó la actitud opositora.
Ya instalada la estrategia, fueron convocadas las elecciones presidenciales para el 20 de mayo de 2018 que fueron decretadas en enero por la ANC.
Los opositores que aceptaron participar fueron declarados “amigos“ de la farsa y en tales circunstancias, Tibisay Lucena, presidenta del CNE, informó en la noche de ese domingo que Maduro fue reelecto con 5.823.728 votos, mientras que Henri Falcón obtuvo 1.820.552 votos y Javier Bertucci capitalizó 925.042 sufragios.
La oposición venezolana formal y aproximadamente 51 países, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), el Grupo de Lima y el Grupo de los 7 (G7) desconocieron esa reelección, afirmando que dichos comicios fueron ilegales, carecían de garantías mínimas y no cumplían con los estándares internacionales de procesos electorales.
Con estas razones, la oposición formal tiene en su agenda superar lo del 5 de enero y luego tomar acciones contra la ilegal reelección de Maduro.
Sin embargo, en la práctica, toda la teoría legal queda en eso, mientras el régimen ejecuta teniendo el respaldo formal de las fuerzas armadas, un par de millones de civiles que todavía salen a la calle vestidos de rojo y todas las ventajas de manejar el Estado venezolano.
Las cárceles están llenas de civiles y militares que alzan su voz contra el régimen y los organismos internacionales lo saben.
En teoría, la AN está dominada por la oposición formal, pero 2018 está marcado por divisiones, persecuciones y muchos errores en el Poder Legislativo reconocido por el mundo democrático.
En teoría todos están de acuerdo en desconocer a Nicolás Maduro y nombrar un gobierno de transición, pero nadie sabe quién respaldará ante las fuerzas del régimen a ese gobierno de transición y muchos recuerdan lo que pasó con los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) nombrados por la AN y que ahora están en el exilio, al igual que varios diputados. Freddy Guevara, quien aspiraba a ser presidente de la AN por Voluntad Popular está asilado en una embajada. No se puede olvidar que en el exilio también está la Fiscal General Luisa Ortega Díaz desde que decidió apartarse del régimen de Maduro.
Los tribunales internacionales han recibido suficientes pruebas de delitos de lesa humanidad cometidos por ese régimen, pero son procesos sin tiempo definido de decisiones.
A muchos llama la atención que ahora que en Colombia hay un presidente no aliado de la guerrilla ni del proceso cubano, la oposición, algunos viviendo allá, no indaguen más sobre la partida de nacimiento de Nicolás Maduro en el país vecino. Pruebas testimoniales hay de que nació en el vecino país y vivió parte de su vida allá.
El artículo 227 de la Constitución, supuestamente vigente, dice textualmente: ”Para ser elegido Presidente de la República o elegida Presidenta de la República se requiere ser venezolano o venezolana por nacimiento, no poseer otra nacionalidad, ser mayor de treinta años, de estado seglar y no estar sometido o sometida a condena mediante sentencia definitivamente firme y cumplir con los demás requisitos establecidos en esta Constitución”.
Es decir que desde la teoría legal, Nicolás Maduro no cumplió nunca los requisitos básicos para estar en la cima del poder y sin embargo, ahí está.
Esas son algunas de las incertidumbres que nos traerá enero de 2019.
Entretanto, hasta Guyana nos da lecciones como país más formal. El sábado pasado, el presidente de esa nación con la que tenemos largo pleito territorial, David Granger, no consiguió el voto de confianza que necesitaba en el Parlamento y por ley se deberán celebrar elecciones en 90 días y Granger acató lo aprobado.
Un comentario aparte es lo que dicen que dice el más reciente libro del periodista norteamericano Bob Woodward que ha diseccionado a nueve presidentes de Estados Unidos. Según el libro, los colaboradores y ex colaboradores del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pintan un retrato muy parecido a lo que ocurre por estos lares.