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España

Supremo español divide en dos la causa contra los líderes del ‘procés’

El Tribunal Supremo ha optado por dividir en dos la causa abierta contra los líderes independentistas de Cataluña. El alto tribunal ha confirmado por unanimidad su competencia para juzgar los delitos de rebelión y de malversación de caudales públicos supuestamente cometidos durante el procés, pero ha decidido enviar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la parte que afecta a los seis procesados a los que el fiscal solo acusaba de desobediencia.

La Sala Penal juzgará a 12 de los acusados: el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Dolores Bassa, Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santiago Vila; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la ANC (Jordi Sànchez, actual diputado del PDeCAT) y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Los otros seis procesados, a los que la Fiscalía solo atribuía un delito de desobediencia, serán juzgados en Cataluña, como pedían sus abogados. Se trata de los exmiembros de la Mesa del Parlament  Lluis María Corominas, Lluis Guinó, Anna Isabel Simó, Ramona Barrufet Santacana y Joan Josep Nuet, y la exdiputada de la CUP  Mireia Boya.

Los siete magistrados designados ya para celebrar la vista oral han tomado la decisión de dividir la causa en el último trámite que quedaba para poner en marcha el reloj para celebrar uno de los juicios más importantes de los últimos años en España. La decisión ha llegado tras la vista celebrada el pasado 18 de diciembre en la que los abogados de los 18 dirigentes secesionistas procesados defendieron que el juicio debe celebrarse en Cataluña porque los principales delitos que se les atribuyen se cometieron en esa comunidad.

En un auto del que ha sido ponente el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, el Supremo rechaza los argumentos que defendían los abogados de los procesados por rebelión o malversación, pero sí acepta parte de las tesis de los seis acusados solo por desobediencia. El tribunal entiende que la “previsible duración” de la vista, la presencia continuada de los procesados durante las “prolongadas” sesiones del juicio y el “obligado desplazamiento” de quienes solo van a responder del delito de desobediencia con razones suficientes para desgajar la causa.

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La respuesta dada ahora por los siete magistrados contradice la tesis que ha venido manteniendo el alto tribunal desde el inicio de la causa, en noviembre de 2017. Cuando en anteriores ocasiones los abogados de los acusados han cuestionado que el Supremo fuera competente para juzgar el procés, el tribunal siempre ha contestado que el delito de rebelión que se les atribuía a algunos de los líderes independentistas afecta a toda España, por lo que el caso debía juzgarse en Madrid. Además, tanto el instructor de la causa, el magistrado Pablo Llarena, como la Sala de Apelaciones y la Fiscalía, han sostenido que el procés se basaba en un reparto de papeles entre los dirigentes independentistas, los partidos y las asociaciones civiles y no era posible desgajar los hechos para juzgarlos por separado.

El alto tribunal insiste en el auto dictado ahora en que los hechos cometidos por cada acusado perseguían un objetivo único y común (la independencia unilateral de Cataluña), pero cree que una reforma introducida en la ley de Enjuiciamiento Criminal en 2015 abre la puerta a que los hechos se juzguen por separado. En concreto, el tribunal alude al artículo 17.1 de esta ley: “Los delitos conexos serán investigados y enjuiciados en la misma causa cuando la investigación y la prueba en conjunto de los hechos resulten convenientes para su esclarecimiento y para la determinación de las responsabilidades procedentes salvo que suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso”. En esta última excepción es en la que basa ahora el Supremo su respuesta.

El tribunal admite que ha habido un cambio de criterio, pero asegura no está cuestionando la respuesta dada hasta ahora por otros magistrados de la Sala, sino que los escritos de calificación presentados en noviembre por las tres acusaciones (Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox) aportan elementos que hasta ahora no podían ser valorados.

Con información de: El País. 

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