fbpx
La Vida

Pólvora: Prohibir o tolerar

Todos los años se repite la misma historia. Durante el mes de diciembre, los sistemas de salud, nacionales y locales, contabilizan los quemados por el uso indebido de la pólvora, los medios de comunicación le hacen seguimiento día a día, y pareciera que los ciudadanos en general y algunas autoridades se acostumbraron a ver este problema como parte de las consecuencias por la manera como celebramos las distintas festividades, en especial las de final y comienzos de año.

Mientras que en Chile, donde está prohibido el uso de la pólvora en manos de los ciudadanos y solo se permiten espectáculos pirotécnicos manejados por profesionales, hubo solo cinco quemados durante el pasado mes de diciembre, en Colombia, donde no está prohibido, al 4 de enero de este año eran 787 casos, es decir, un aumento del 0,76 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando el balance a esa fecha era de 781 casos.

Por todo lo anterior se ha propuesto que el uso de la pólvora se limite a los espectáculos pirotécnicos, realizados por profesionales con todas las medidas de seguridad, y no permanezca en manos de ciudadanos inexpertos, que de manera irresponsable manipulan estos productos y causan lesionados y muertos, en especial niños y niñas, hechos que no han dejado de aumentar, como lo registra todos los años el Instituto Nacional de Salud.

Frente a esta propuesta, algunos alegarán el derecho al trabajo y otros, el derecho al desarrollo personal y cultural “porque los colombianos celebramos con pólvora desde hace muchos años y es tradición”. Sin embargo, hay que recordar que por encima de esos derechos están los derechos fundamentales a la vida e integridad de los ciudadanos, sin los cuales no se pueden ejercer los demás derechos o se pueden ejercer de manera limitada cuando se pierde la vista, las manos o cualquier parte del cuerpo.

Sin desconocer que el país cuenta con un marco de regulación para el uso de la pólvora, a continuación se exponen los argumentos que sustentan la propuesta de prohibir su uso a los ciudadanos en general.

En 1979, la Ley 9 categorizó los artículos pirotécnicos como sustancias peligrosas y estableció que el Ministerio de Salud determinaría las disposiciones necesarias en relación con la importación, fabricación, el almacenamiento, transporte, comercio, manejo o disposición de sustancias peligrosas para prevenir daños a la salud humana, animal o al medioambiente.

Lea también: Según un informe, los edulcorantes no son mejores que el azúcar

En 1995, el Ministerio de Salud, por medio de la resolución 4709 de 1995, estableció prohibiciones en el manejo, transporte, almacenamiento, comercialización y expendio de pólvora y productos pirotécnicos. Ese mismo año, el alcalde Antanas Mockus, mediante el decreto 755 de 1995, ratificó estas prohibiciones con muy buenos resultados en materia de reducción de quemados por pólvora durante las temporadas decembrinas hasta diciembre de 1998. Se pasó de 262 quemados en 1995 a 40 en 1998, es decir, hubo una reducción del 85 por ciento. En 1999, el Consejo de Estado, a través del fallo 3881, les quitó esta facultad a los alcaldes, e inmediatamente aumentó el número de quemados, que llegó a 135 en diciembre del 2000.

En el 2001 se expidieron la Ley 670 y, posteriormente, el decreto reglamentario 4481 de 2006, con lo que se ratificaron algunas prohibiciones y se les dieron facultades a los alcaldes para permitir el uso y la distribución de artículos pirotécnicos. Finalmente, el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia reguló la autorización que los alcaldes pueden hacer para actos o eventos que involucren el uso y aprovechamiento de artículos pirotécnicos de categoría tres (artículo 29).

Es innegable que en materia de normativa y reconocimiento de los productores formales se ha avanzado, pero las cifras de quemados en los últimos años no ceden, así como los costos de las lesiones producidas; por el contrario, en algunos casos han aumentado, y en ningún caso se han tenido en cuenta otros problemas que produce la pólvora, como los efectos sobre los animales y el medioambiente.

Quemados y costos

Según los Boletines de Vigilancia Epidemiológica del Instituto Nacional de Salud, que reporta las cifras de quemados del primero de diciembre y el 16 de enero del año siguiente, entre el 2013 y el 2017 se registraron en Colombia 4.426 personas quemadas por pólvora, de las cuales 1.872 fueron menores de edad, es decir, el 42,3 por ciento (ver gráfico). Hay que anotar que hasta el 4 de enero del actual periodo iban 787 casos.

Si a estas cifras de quemados entre el 2013 y el 2017 se les ponen los costos económicos dentro del sistema de salud, que, en promedio, por paciente es de 9’828.555 pesos, como lo expuso el contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados Becerra en una carta dirigida al alcalde Enrique Peñalosa en noviembre de 2017, se tiene que los costos totales superarían los 43.000 millones de pesos, en solo estas épocas, sin contar el resto de quemados a lo largo de cada año y en diciembre del 2018.

Estos son solo los costos en que incurre el sistema de salud, sin tener en cuenta otros que producen las lesiones y muertos por pólvora, como los costos de rehabilitación, tales como cuidados en un sanatorio, terapia física, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, gastos en el cuidado de los lesionados, ayudas de limpieza, conductores u otro personal de ayuda que no se necesitaba previamente, pérdida de ingresos debido a estar fuera del trabajo, una reducción de ingresos por un cambio en la profesión causado por sus lesiones; dolor y sufrimiento, que tiene que ver con la incapacidad para asistir a la escuela, eventos sociales y vacaciones; también, cohibición, dolor físico y sufrimientos por discapacidades físicas o desfiguración y costos por daños a propiedades.

Como se puede ver, los costos expuestos son una pequeña parte de los costos totales que producen las lesiones por pólvora. Esto sin contabilizar los cuantiosos recursos que invierten los distintos gobiernos nacionales y locales en campañas publicitarias para que los ciudadanos no utilicen pólvora.

Otros efectos

Existen otros efectos del uso de la pólvora, como el terror que produce el ruido de este material en algunos animales, como lo expuso Ricardo Correa en una columna de opinión de La Patria de Manizales el 14 diciembre de 2017: “Lo obvio y natural es que no solo a los perros, sino a muchos animales domésticos y silvestres, con un oído muchísimo más agudo y sensible que el humano, el estallido de la pólvora les cause un daño y un dolor enormes”.

Y agrega: “Muchos pájaros abandonan sus nidos en el momento de la detonación, algunos se pierden o mueren. Las aves nocturnas, como los búhos, se ven tremendamente afectadas, mientras que el ganado puede llegar a padecer crisis de estrés, tanto como las aves de corral. Especies de insectos se ven gravemente perjudicadas y mueren por intoxicación debido al humo de la pólvora, humo que, valga decir, no es nada bueno para niños, enfermos y personas mayores, ya que puede causar complicaciones respiratorias. Pruebas del aire luego de exhibiciones de fuegos artificiales han llegado a mostrar incrementos de arsénico, cadmio, mercurio, plomo, bario radiactivo, perclorato y dioxinas hasta por quinientas unidades”.

“Hay más vicios ocultos relacionados con la pólvora; por ejemplo, buena parte de ella es producida de manera clandestina, en fábricas insalubres que exponen a sus trabajadores a contaminación por la toxicidad de sus compuestos. Por otro lado, mucha es producida en países como China, en condiciones que reprueban dramáticamente los derechos humanos y con alta incidencia de trabajo infantil abusivo”, concluye Correa.

La propuesta

Teniendo en cuenta todo lo anterior, como en Chile, hay que prohibir el uso de la pólvora en manos de los ciudadanos y limitar esta solo para espectáculos pirotécnicos en manos de profesionales especializados.

Sin desconocer la problemática social que puede provocar una solución de estas características, frente a los productores de artículos pirotécnicos y sus familias, la propuesta puede asumirse hoy, pero dar un plazo de uno o dos años para que, con el concurso del Gobierno Nacional, los alcaldes, gobernadores y productores, se asuma un proceso de profesionalización de quienes van a realizar espectáculos pirotécnicos y un proceso de reconversión laboral para quienes no van a seguir con esta actividad.

Seguramente, frente a esta propuesta se argumentará que es muy costosa, pero no lo es si se comparan los costos totales en términos de lesiones, vidas, efectos sobre los animales y el medioambiente y los daños materiales que se producen por incendios. El Gobierno Nacional y el Congreso tienen la palabra.

Hugo Acero Velásquez, autor de estas propuestas es experto en seguridad y convivencia

Fuente: eltiempo.com/Hugo Acero Velásquez

Tags
Mostrar más

Artículos relacionados

Close
Close