Nueva directiva de la Asamblea Nacional. Presidente Juan Guidó (c), primer vicepresidente Edgar Zambrano (i) y segundo vicepresidente Stalin González(d).Por Jaime Granda.
Ahora le toca manejar con esa misma madurez lo que viene, incluyendo la juramentación de Nicolás Maduro ante el TSJ para otro período presidencial.
La oposición formal en Venezuela sembró muy malas hierbas durante 2018 y eso despertó temores de que no se respetara el acuerdo de 2016 sobre la nueva directiva de la Asamblea Nacional (AN) para el período 2019-2020, de acuerdo con el artículo 219 de la Constitución vigente.
Sin embargo, pese a las divisiones internas de varios partidos de la desaparecida Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el sábado 5 de enero de 2019 el pueblo vio a unos diputados con madurez y fue instalada la nueva junta directiva, tal como se había anunciado en la semana.
La jefatura de la AN está ahora en manos de Voluntad Popular, en la figura del diputado por el estado Vargas, Juan Guaidó, quien pasa a ser el presidente más joven del ente legislativo venezolano.
El diputado por Acción Democrática y el estado Lara, Edgar Zambrano, asumió la primera vicepresidencia de la AN, y Stalín González, diputado por Caracas y Un Nuevo Tiempo (UNT) la segunda vicepresidencia.
Aunque la sesión estaba convocada para las 11 de la mañana, desde muy temprano comenzaron a correr rumores sobre la posibilidad de que grupos chavistas y funcionarios civiles y militares impidieran el acceso de los diputados y sus invitados al Palacio Federal.
Durante la noche del viernes, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) inspeccionaron las instalaciones del Palacio Legislativo tras encontrarse una presunta granada.
Todo eso le dio la razón al exministro chavista de Transporte Acuático y Aéreo y de Alimentación, Hebert García Plaza, quien el sábado temprano dijo a través de Twitter que no tenía duda que Nicolás Maduro estaba utilizando el miedo para evitar la instalación de la AN.
Aunque las posibilidades reales no están dadas, el exministro García Plaza, al igual que varios dirigentes opositores, piden que la AN cumpla su deber constitucional de ocupar el vacío de poder ante la ilegitimidad de la reelección de Nicolás Maduro.
En vista de esa circunstancia de ilegitimidad, varios gobiernos del mundo han anunciado que sus embajadores no harán acto de presencia en el acto de juramentación de Maduro, previsto para el jueves 10 de enero.
El próximo lunes proseguirán las deliberaciones sobre lo que hará el Poder Legislativo de Venezuela, además de no reconocer a Maduro como presidente.
El viernes pasado, el integrante del Frente Amplio Venezuela Libre (FAVL), Angel Oropeza, afirmó en rueda de prensa que la instalación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional ”es el relanzamiento de la Venezuela democrática, es la fecha de los venezolanos, es un día de esperanza democrática y esperanza ciudadana”.
Oropeza dijo: ”Hemos pedido a la comunidad internacional que siga haciendo lo que están haciendo, que es ejercer presión democrática sobre Venezuela, a diferencia de lo que algunos están pidiendo de romper relaciones con Venezuela y retirar embajadores, la petición del Frente Amplio es que no lo haga, requerimos presencia internacional aquí para ser testigo de lo que está ocurriendo y ser nuestros portavoces y nuestra caja de resonancia afuera”.
El diputado por Acción Democrática Edgar Zambrano, nuevo vicepresidente de la AN, al ser consultado por el diario El Universal sobre los retos que tiene la directiva entrante del parlamento venezolano, aseguró que se debe evitar a toda costa a través de los mecanismos que brinda la Constitución un enfrentamiento de pueblo contra pueblo.
«Debe privar la inteligencia para evitar escenarios de violencia en el país que podrían estarse derivando por dos situaciones que marcan a Venezuela, una es la grave situación económica y la otra la profundidad de la desigualdad social que se ha hecho evidente ante el fracaso de las políticas públicas», indicó Zambrano.
El dirigente de AD se mostró dispuesto a que se aplique la fuerza de la palabra para la resolución de conflictos, a los efectos de promover en cualquier escenario esa figura inexistente fuera del marco del imperio de la ley sobre la cual se ha limitado la acción del parlamento que es el «supuesto desacato».
«Ante esa actitud necia, obcecada y torpe del gobierno, nosotros tenemos que seguir insistiendo a través de todos los mecanismos que establece la Constitución para abortar definitivamente esa figura y darle al poder legislativo nacional la configuración dentro de la conformación de los poderes del Estado en igualdad de condiciones», aseveró.
Con referencia a la disposición del Ejecutivo de sentarse a conversar con sectores de la oposición, el diputado Zambrano afirmó que cuando el gobierno tiene la soga al cuello busca un halo de oxígeno para tomar cuerpo.
«El diálogo es para intercambiar, pero también para reconocer que es lo que marca la resolución de conflicto, el reconocimiento de las partes y establecer unas condiciones que tengan la confianza de los connacionales. Hay que enamorar a los venezolanos de esa figura y de esos nuevos intentos a través de una actitud pública», sostuvo Zambrano.
La juramentación de Maduro
El presidente de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, anunció este mismo sábado que Nicolás Maduro será juramentado y tomará posesión para el período 2019-2025 el próximo jueves 10 de enero ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Durante un encuentro del Congreso de los Pueblos, que se llevó a cabo este sábado, Cabello explicó que esto se debe a que “la Asamblea Nacional se encuentra en desacato judicial desde el 2016” y por ende sus actos son nulos.
El artículo 231 de la Constitución vigente establece que: “El candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de Presidente o Presidenta de la República el diez de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido el Presidente o Presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia”.
Asimismo, Cabello se refirió al artículo 336 de la Carta Magna, que establece que las competencias de la Sala Constitucional del TSJ, entre las que se encuentra en su numeral siete “declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del poder legislativo municipal, estadal o nacional cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de esta Constitución (…)”.
Agregó que para el 2020, está prevista la realización de las elecciones legislativas para renovar el único Poder que falta y que en los últimos años ha actuado, en su opinión “al margen de la legalidad”.
Sem 2/2019