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JAIME GRANDA: El peor sabotaje criminal

JAIME GRANDA

El peor sabotaje criminal

 ***La politización de servicios públicos e institucionalización de la corrupción causaron el apagón eléctrico y el Estado debe pagar daños a usuarios.

          Por Jaime Granda

Desde hace 14 años, el Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) venía alertando que la falta de mantenimiento necesario a todo el sistema eléctrico podría provocar un colapso nacional.

Cuando hace 10 años comenzaron las fallas frecuentes, varias mujeres profesionales conformaron el “Comité de afectados por los apagones” y han enviado comunicaciones a todas las instancias gubernamentales sin respuesta alguna.

En 2014 y 2018 presentaron al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso contra las consecuencias de un posible apagón nacional. Los “revolucionarios” magistrados del TSJ, al igual que los demás responsables de cuidar la infraestructura del país, negaron el recurso por considerar que eran denuncias de grupos políticos contrarios al desempeño del socialismo del siglo XXI.

El jueves 7 de marzo se dio el advertido y temido apagón nacional y pasaron cinco días para que Venezuela recuperara a medias la luz.

Desde ese día el servicio es cada vez menos estable, con lugares más afectados que otros, como es el caso del estado Zulia, donde antes del apagón nacional venían sufriendo día tras día fallas prolongadas. Ahora eso es la cotidianidad en toda Venezuela.

Según diferentes expertos, la falta de mantenimiento no fue por falta de recursos, sino por ausencia de contraloría en el manejo de los presupuestos aprobados en diferentes ocasiones para esas labores. Dicen que los recursos aprobados están en bancos del exterior a nombre de testaferros de funcionarios.

La falta de contraloría ha institucionalizado la corrupción en todas las áreas de la vida nacional sin que se vislumbren intenciones de acabar con eso.

Para esos expertos también está demostrado que ante un sistema abandonado y unos funcionarios que comenzaron por culpar a las iguanas y otros animales ante las primeras fallas de electricidad, no tiene fundamento que se siga hablando de sabotajes o supuestos ataques cibernéticos o de francotiradores por parte de Estados Unidos.

A simple vista no hay explicación a ese empeño del gobierno de Venezuela en culpar al imperio norteamericano por algo que se veía venir sin que hubiera sensatez que evitara la tragedia.

Aixa López, coordinadora del “Comité de afectados por los apagones”, apuntó esta semana hacia lo que motiva al gobierno de Nicolás Maduro a insistir en el sabotaje al sistema eléctrico que funcionaba sin problemas desde 1976.

Ocurre que la “Ley orgánica del sistema y servicio eléctrico”, aprobada por la Asamblea Nacional el nueve de diciembre de 2010, fija en su Capítulo IV los derechos de los usuarios de ese servicio y el numeral 5 del artículo 34 de ese Capítulo precisa: “Obtener, por parte del operador y prestador del servicio, la compensación adecuada por fallas en la calidad del servicio eléctrico y el resarcimiento de los daños causados por fallas en el suministro de energía eléctrica, de acuerdo con lo que establezcan las normas aplicables en esta materia”.

Si se impone que hubo sabotaje y no negligencia, no habrá pago de los miles de neveras, miles de aires acondicionados y otros artefactos eléctricos dañados por los apagones.

Lo que debe quedar claro es que la politización de servicios públicos e institucionalización de la corrupción es el peor sabotaje criminal que un proyecto ideológico puede hacer a un país.

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