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RAFAEL SIMÓN JIMÉNEZ: Venezuela, tierra arrasada

RAFAEL SIMÓN JIMÉNEZ

Venezuela, tierra arrasada

 Por RAFAEL SIMÓN JIMÉNEZ

A pesar de las dudas y conjeturas que los siempre equivocados sectores radicales habían lanzado sobre las actuaciones y el informe preliminar de la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los derechos Humanos, Michel Bachelet, la exmandataria chilena (en su informe verbal ante esa organización mundial) puso en evidencia la violación sistemática de los derechos y libertades fundamentales que sufre el pueblo Venezolano, así como el irrespeto y la transgresión del gobierno a todas las garantías ciudadanas consagradas en la constitución venezolana y en el sistema regional y universal de pactos y tratados suscritos por la República.

Para sorpresa de quienes desde la oposición habían echado sombras sobre las conductas y actuaciones de la exmandataria del país austral, y quienes desde el gobierno se hacían ilusiones con eventuales lenidades u omisiones frente a la tragedia Venezolana, el informe de la alta comisionada no tuvo desperdicio. Pasó revista a todas y cada una de las violaciones a las que a diario es sometido el pueblo venezolano, las cuales abarcan los denominados derechos de primera, segunda, tercera y cuarta generación.

En relación al uso inmoral e indiscriminado de la fuerza represiva, en la que concurren organismos policiales, militares y grupos delincuenciales afines, el informe verbal hizo un resumen de detenciones arbitrarias e ilegales, de la utilización de la tortura como patrón habitual, de la perversión del sistema de justicia, de la criminalización de la protesta y la disidencia, y de todo un sistema arbitrario y brutal que niega de hecho la existencia de un régimen democrático en Venezuela.

En relación a la tragedia humanitaria, que según señaló la alta comisionada en su informe, el gobierno se niega tercamente a  reconocer y atender, resalta la galopante hiperinflación cuyos efectos sobre la vida de los ciudadanos los arrincona en la pobreza y la exclusión, al igual que el deterioro de todos los servicios públicos incluyendo los de atención en salud y educación, que han generado (en el caso de este último) cifras alarmantes de deserción escolar con todas sus nefastas consecuencias.

El desprestigiado régimen madurista pretendió “lavarse la cara”, autorizando la presencia en el país de una misión técnica de la oficina de la alta comisionada, que pudiera ser antesala de su visita, y a pesar de los esfuerzos por maquillar y edulcorar aspectos neurálgicos de las violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos, el resultado preliminar se constituye en una auténtica requisitoria contra un Estado delincuente, policial y depredador incapaz de garantizar condiciones mínimas de existencia a sus ciudadanos, y cuyos únicos esfuerzos se concentran en tratar de mantenerse en el poder mediante el uso impúdico de la violencia y la fuerza.

El informe Bachelet con toda su contundencia y consecuencias viene a corroborar lo que todo el mundo conoce, y es que el gobierno venezolano ha propiciado una política interna de “tierra arrasada” y de represión y terror contra su propio pueblo, sometiéndolo a condiciones de vida que se constituyen de hecho en la negación de todos los derechos, libertades y garantías que no solo consagra nuestra constitución, sino que forman parte del acervo del mundo democrático y libre.

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