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Carlos Canache Mata: BETANCOURT Y CALDERA, DOS ESTADISTAS

Carlos Canache Mata

BETANCOURT Y CALDERA, DOS ESTADISTAS

 Por CARLOS CANACHE MATA

Me entero por un reciente artículo-prólogo de Fernando Luis Egaña, que ha aparecido una nueva edición del libro “Caldera y Betancourt, constructores de la democracia”, cuyo autor, Gehard Cartay, incorpora una apostilla al texto original “para precisamente hacer una sucinta evaluación de los tiempos posteriores a 1987”, año de su publicación. En él se analizan los sucesos que siguieron a la muerte de Juan Vicente Gómez, los diez años de “democracia balbuciente” de los gobiernos de López Contreras y Medina Angarita, el movimiento revolucionario del 18 de octubre de 1945, la década militar que feneció el 23 de enero de 1958, el Pacto de Punto Fijo,  el gobierno constitucional de Betancourt, el gobierno de Leoni, el primer mandato de Caldera. Para Cartay, como lo dice el título de su libro, Caldera y Betancourt son “los constructores” de la democracia venezolana, ahora en vilo bajo el chavo-madurismo.

Egaña glosa las semejanzas y las diferencias que Cartay  nos cuenta hubo entre Betancourt y Caldera.

Entre las semejanzas se menciona que fueron caudillos políticos civiles, que creyeron que la democracia exigía la existencia de los partidos políticos, y que el tema social ocupaba lugar eminente en sus propuestas, primacía que “surge de la propia realidad que vivía Venezuela, cuando las libertades públicas empiezan a permitir que el  país se vea en el espejo de una miseria generalizada, de un atraso educativo pasmoso y de una situación de insalubridad pública de proporciones trágicas”. Betancourt y Caldera alzaron conjuntamente las banderas del movimiento revolucionario del 18 de octubre de 1945. En su libro (primera edición, página 91), Cartay, al juzgar la Revolución de Octubre, asienta: “Objetivamente analizada, cualquiera sea la posición ideológica desde la cual se la estudie, la insurgencia de 1945 es un hecho de innegables alcances históricos en la Venezuela contemporánea. Parte en dos la historia del presente siglo, al menos hasta ahora, por lo que respecta a nuestra democracia política, su sistema electoral y sus actuales organizaciones partidistas”. Caldera acepta el cargo de Procurador General de la Nación, lo que justifica, entre otras razones, “porque como elemento de las nuevas generaciones, consideraba intolerable aquel estado de farsa en que se burlaba, nombrándola a cada instante, la voluntad nacional”.

Las diferencias entre Betancourt y Caldera fueron muchas, tanto de carácter ideológico, como en la acción política. Al caer la dictadura de Pérez Jiménez, se hicieron esfuerzos para lograr un candidato de unidad de las fuerzas democráticas para la elección presidencial de diciembre de 1958, y, como eso no se logró, los partidos AD, COPEI y URD firmaron el Pacto  de Punto Fijo, en el que se establece que “si bien el ejercicio del Poder por un partido es consecuencia legítima de una mayoría electoral, la suerte de la democracia venezolana y la estabilidad del Estado de Derecho entre nosotros, imponen convertir la unidad popular defensiva en un Gobierno unitario cuando menos por tanto tiempo como perduren los factores que amenazan el ensayo republicano iniciado el 23 de enero”. Copei cumplió con el Pacto y permaneció en el Gobierno del presidente Betancourt hasta el último día  de su mandato, lo que fue reconocido por éste en los siguientes términos: “Y quiero aquí públicamente decir, ahora que estoy en vísperas de salir de Miraflores, que los hombres de Copei merecen el respeto de este país, porque son leales a la palabra empeñada y al compromiso adquirido”.

Hubo un episodio, el encarcelamiento de los parlamentarios del PCV y del MIR, partidos patrocinadores de las guerrillas y la lucha armada contra el Gobierno democrático, que estuvo a punto de crear una crisis entre Betancourt y Caldera, narrada en su libro (páginas 272-278) por Cartay. En relación a ese asunto, puedo recordar que en 1981, cuando se esperaba en el Salón Elíptico del Palacio Legislativo la llegada del féretro de Betancourt, que había sido velado en la Casa de AD en El Paraíso, Rafael Caldera me dijo que efectivamente en una ocasión había manifestado a Betancourt que retiraría a Copei del Gobierno si se ejecutaba aquella medida (en su conferencia ‘La Parábola Vital de Rómulo Betancourt’, pronunciada el 19 de mayo de 1988, Caldera lo precisa: “Y en una ocasión tuvimos una discrepancia sobre una situación de procedimiento por la angustia en que él se encontraba ante la situación de Venezuela  en el año de 1962. En aquella ocasión me dijo: ‘estoy dispuesto a hacerlo aunque Copei no me acompañe’, y me vi en el caso de manifestarle, con todo sentimiento, que no podíamos acompañarlo porque ello le quitaría fundamentación al mismo apoyo que le estábamos dando… Betancourt, que era un hombre impetuoso, firme en sus decisiones, pero inteligente y capaz de reflexionar sobre la situación, en aquel momento nos dio la razón”), pero que cuando ocurrió el asalto al tren de El Encanto (28 de septiembre de 1963) y el presidente Betancourt, desde Puerto Hierro, en Guayana, ordena, sin consultar ni a AD ni a Copei, que se le abriera juicio militar a los parlamentarios de aquellos partidos y en consecuencia fueran detenidos, no hizo ninguna objeción dado el terrible impacto que el atentado causó en la opinión pública. Cartay se refiere al grave suceso: “En septiembre de 1963, poco meses antes de las elecciones presidenciales, otro conato deja saldo de muertos y heridos. Se trata del asalto al tren de El Encanto, hecho que conmovió a la opinión pública, pues entre las víctimas, además, figuraron mujeres y niños. Betancourt ordena mano dura contra los dirigentes del PCV y el MIR, e instruye juicio militar contra los parlamentarios, los cuales son detenidos inmediatamente” (página 252  del libro de Cartay), y agrega, en nota a pie de página: “El Gobierno alega que han cometido delitos militares, los cuales deben ser apreciados por la jurisdicción especial. Por tanto, no se solicita el antejuicio por ante la Corte Suprema de Justicia ni tampoco el allanamiento ante la Cámara respectiva”.

Por cierto, en 1968 un Tribunal Militar le dictó auto de detención al senador Capriles por publicar en uno  de los periódicos de su Cadena un informe secreto de las Fuerzas Armadas, lo que motivó que se abriera un debate sobre la inmunidad parlamentaria en el Senado y en la Cámara de Diputados. Cuenta Ramón J. Velásquez (Venezuela Moderna, Fundación Eugenio Mendoza, Caracas, 1976, página 333) lo siguiente: “Los parlamentarios de Acción Democrática y de Copei afirmaron que todo delito que no sea político o común está fuera de lo acordado por la Constitución sobre inmunidad parlamentaria y se refirieron en el curso del debate a lo afirmado por el presidente Caldera de que ‘el juez militar en este caso no ha hecho sino aplicar una jurisprudencia ya establecida con anterioridad’. Se refería el presidente Caldera al precedente de 1963, en que los parlamentarios de izquierda fueron detenidos sin intervención  de la Corte Suprema y sin que precediera el allanamiento del indiciado por la Cámara respectiva”. La tesis del delito militar, excluido constitucionalmente entonces de la protección de la inmunidad parlamentaria, fue respaldada por calificados juristas del país.

Los grandes estadistas responden a las exigencias de su tiempo y de su circunstancia histórica. Betancourt y Caldera lo demostraron en el ejercicio de sus gobiernos democráticos.

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