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RAFAEL SIMÓN JIMÉNEZ: Brutal persecución contra los parlamentarios

Brutal persecución contra los parlamentarios

 ***El régimen venezolano, en sus estertores mortuorios, lanza sus últimos zarpazos: señal inequívoca de su desesperación y colapso.

 

RAFAEL SIMÓN JIMÉNEZ

Por RAFAEL SIMÓN JIMÉNEZ 

Desde que el gobierno recibió una amplia y contundente derrota electoral en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2.015, su deliberado propósito ha sido desconocer, anular y en definitiva impedir -por todos los medios- que ese poder del Estado encargado de legislar, debatir y sobre todo de controlar a un régimen ladrón y depredador, pueda cumplir a cabalidad sus trascendentes funciones.

La estrategia del oficialismo ha estado orientada a anular sus facultades, valiéndose en primer lugar de la fuerza bruta que le confiere la complicidad de la cúpula militar para cometer cualquier trapacería, y por supuesto la utilización del tinglado institucional encabezado por un Tribunal Supremo de Justicia de espuria elección, subordinado a las órdenes del Ejecutivo, y cuyas sentencias violatorias abiertamente del texto constitucional han pretendido dejar sin efecto todas las leyes, medidas, nombramientos, acuerdos y resoluciones sancionadas por el poder legislativo, para lo cual han recurrido a la inexistente figura del desacato que, por supuesto, solo pueden ser aplicadas mediante  la fuerza y la violencia institucional o de hecho.

De allí que a la declaratoria en “desacato”, al cerco económico, al desconocimiento de sus atribuciones y potestades, al hostigamiento de los colectivos, se haya sumado la persecución contra un número significativo de sus miembros, a los cuales ha sometido a prisión, o ha obligado a refugiarse en sedes diplomáticas, o sencillamente a buscar amparo en otros países, todo ello violando la inmunidad y el fuero parlamentario, que no es una protección individual de sus miembros, sino una prerrogativa de la institución en protección y resguardo del cumplimiento sin cortapisas de sus funciones constitucionales, por lo que siendo esta la naturaleza de una institución de vigencia universal solo el cuerpo legislativo puede suspenderla cuando se demuestre que alguno de sus miembros han incurrido en hechos delictivos.

La brutal persecución desatada contra un grupo numeroso de parlamentarios, luego de los confusos acontecimientos del pasado 30 de abril, conforman de hecho una agresión personal y un golpe de Estado institucional. El procedimiento utilizado, que ha merecido la censura y el repudio dentro y fuera de Venezuela, es olímpicamente ilegal, pues la calificación de “flagrancia” corresponde, según la doctrina y jurisprudencia universal a que el presunto delincuente sea “…. Apresado en el momento en que esté cometiendo el delito “o “…lo acabe de cometer “circunstancia absolutamente ajena a los hechos que se les imputa. En segundo lugar, la inmunidad es una protección procesal que solo puede ser suspendida por el cuerpo parlamentario, pues es parte de una atribución intransferible e indelegable de “calificar a sus miembros”, por lo que cualquier otra instancia que se atribuya esta facultad es sencillamente usurpadora, y por tanto inexistente.

Nada justifica este violento atropello contra el único poder de la republica que goza de reconocimiento, legitimidad, depositario inobjetable de la soberanía popular, frente a Venezuela y el mundo. Solo la prolongación de los abusos, de la violencia y la represión, prevalidos en el uso indiscriminado de la fuerza lo explica. El régimen venezolano en sus estertores mortuorios lanza sus últimos zarpazos, señal inequívoca de su desesperación y colapso.

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