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JURATE ROSALES: Las universidades en la prueba de fuego

Las universidades en la prueba de fuego

 

Por Jurate Rosales

Después de una espera de diez años para emitir un fallo en un caso que ya estaba enterrado y olvidado, el Tribunal Supremo madurista (¿o cabellista?) se atreve a desafiar  lo que en todas las naciones del mundo, es y será siempre la comunidad más rebelde e históricamente invencible – la de las universidades.

Una Sentencia No. 324 que el pasado 27 de agosto de 2019 emitió la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (el chavista) ordenó  que la comunidad universitaria de las principales casas de estudio del país elijan sus autoridades en un lapso de seis meses, pero agregó  un derecho al voto para el  “personal administrativo y el  personal obrero”,  con  lo cual deforma automáticamente el concepto del claustro universitario conformado únicamente por el profesorado y los estudiantes. De hecho, la sentencia arrebata al profesorado y a los estudiantes el autogobierno universitario, para entregarlo a grupos de número mayor ajenos a lo que es la enseñanza universitaria. El Tribunal mencionó nueve casas de estudios, entre ellas la Universidad de los Andes, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad del Zulia, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad de Carabobo, con lo cual lanza automáticamente a la calle en son de protesta a miles de profesores y estudiantes en todo el país. Muy dramático y difícil, además,  es el caso de la UDO, Universidad de Oriente, víctima de repetidos y salvajes ataques de vandalismo por parte de bandas armadas protegidas por las autoridades gubernamentales.

De hecho, la situación que se plantea la resumió con claridad el constitucionalista Alan Brewer Carías quien afirma que luego de 10 años de espera el máximo tribunal del país emite la sentencia  mediante la cual no solo suspende los efectos de los artículos 31, 32 y 65 de la ley,   sino que “declara parcialmente con lugar una solicitud de medida cautelar que la universidad no ha pedido”.

Ante la evidente  provocación, uno se pregunta con qué fin el gobierno de Maduro, al que menos le conviene en este momento presentar tal desafío, inventó lo que a todas luces suena a un reinició de los dramáticos días de las matanzas de estudiantes del año 2017. Se trata, además, de que  una de las urgentes decisiones que debe tomar ahora una Asamblea Nacional que se supone incluye desde la semana pasada  el voto de los diputados del PSUV, sea su pronunciamiento en el caso de  las universidades.  Si de entendimiento se trata, lo primero será eliminar de una vez por todas el improcedente invento de unas elecciones universitarias contrarias a su autonomía, comprendida como el gobierno interno ejercido por los profesores y estudiantes, dentro de normas que regulan y garantizan el apego a la ley.  Cualquier intromisión de fuerzas ajenas a esos dos grupos que entre ambos conforman la comunidad universitaria  y la gobiernan con plena autonomía de cátedra y gerencia, amenaza con volver a sumir el país en una situación de rebeldía estudiantil acompañada como siempre por la sociedad civil, lo cual es de consecuencias fácilmente predecibles.

Me pregunto en qué cabeza del grupo de Nicolás Maduro se le ocurrió reanimar los disturbios estudiantiles en todo el país, justo cuando la bancada del PSUV se reintegra a la Asamblea Nacional con el fin de hacer oír su voz en las soluciones de orden nacional que inevitablemente han de ocurrir por las buenas o por las malas. ¿A qué apuntan? ¿A que los borren de un todo? ¿Cuál ha sido la cabeza que inventó aprovechar la masiva huida del país de muchos jóvenes, para imponer a las universidades una sentencia que anula una independencia de cátedra  reconocida desde que existe el claustro universitario?  ¿Quién les dijo que el profesorado y el estudiantado – que sigue existiendo en todas las universidades autónomas – se dejará mansamente arrebatar un derecho que ni siquiera las más férreas dictaduras jamás han podido desconocer? ¿Y quién fue “el genio” que en el grupo de Maduro  inventó alborotar ese avispero justo cuando el chavismo empieza a luchar para que permanezca su voz en el único foro legítimo del país, como lo es la Asamblea Nacional, y donde los que más necesitan de una paz para poder sobrevivir como partido político  son precisamente los de la bancada del PSUV?

Lo increíble de la decisión del TSJ que regula a su manera las normas de la representación universitaria,  es que han sido emitidas por un Tribunal Supremo en un claro esfuerzo para arrebatar la dirección de las casas de estudio a sus autoridades y al estudiantado, dentro de un evidente esfuerzo de romper la unidad interna que protege su autonomía de injerencias  ajenas al claustro.

Las universidades autónomas jamás en Venezuela han aceptado la injerencia de autoridades gubernamentales, eso desde que existe la Universidad Central de Venezuela y las demás universidades que por algo, se denominan “autónomas”. Se trata de un derecho vernáculo que data en España de la Edad Media y en Venezuela existe desde la fundación de la primera universidad en tiempo de la Colonia. Es más: cuando el dictador Pérez Jiménez se vio presionado por el estudiantado en Caracas, su única defensa fue cerrar la Universidad Central de Venezuela, convencido como estaba de que nunca podrá doblegarla y consideró que no tenía otra manera de callar a los universitarios. Sin embargo, no  se atrevió a tocar la venerable universidad de Mérida, ni la de Maracaibo. Eran “intocables” hasta para la dictadura de Pérez Jiménez.

Veo además, que tras un acto en la UCV, el aguerrido profesor constitucionalista Tulio Álvarez twitteó la decisión adoptada por las máximas autoridades de la Cátedra de Derecho Constitucional:  “No tiene sentido lógico plantearse convocar elecciones universitarias bajo los términos de la Sentencia del 28 de agosto o desacatarla. Ese acto está viciado de nulidad absoluta y constituye una usurpación de la función de la Asamblea Nacional y el claustro universitario.” Lo cual a su vez reenvía la solución de un conflicto que nunca debió existir, al parlamento que ahora cuenta en sus sesiones con  la bancada oficialista… que, espero, no piensa en volver a las matanzas estudiantiles del año 2017.

Esta nota que considero un timbre de alarma para evitar males mayores, no sería completa si no citara a la rectora de la UCV, Cecilia García Arocha. Recuerdo haberla entrevistado varias veces cuando ella apenas iniciaba lo que terminó siendo un largo camino que desde entonces ella recorre con un notable  temple, capacidad y perseverancia. Su más reciente prueba de fuego ha sido el intento de despojarla, mediante decisión del TSJ madurista, de su cargo de rectora de la UCV, con una decisión viciada de nulidad y que, obviamente, ni ella ni ninguna universidad siquiera pensó acatar. Sus palabras frente a la nueva prueba que enfrentan todas las universidades autónomas son: “Cae la UCV y caen todas”. De allí que la lucha – si el chavismo insiste en su desatino – amenaza en ser sin cuartel.

Por cierto: en todas partes y desde que las universidades existen, el vencedor final  siempre es la generación de relevo.

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Jurate Rosales

Directora de la Revista Zeta, columnista en El Nuevo País con la sección Ventana al Mundo. Miembro del Grupo Editorial Poleo.

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