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GERSON REVANALES: Medios de presión diplomáticos

Medios de presión diplomáticos

 ***Ante el fracaso de los diálogos y negociaciones, no cabe otra vía que las medidas de retorsión que hoy se toman en defensa de la democracia y los derechos humanos.

 Balcón del ciudadano – GERSON REVANALES

El Ministro del Poder (im) Popular de Relaciones Exteriores MPIPRE asomó la posibilidad de declarar “persona no grata” al embajador de Francia, Romain Nadal en retaliación por el hecho de cumplir con sus funciones diplomáticas de bajar a recibir a Guaidó, práctica acostumbrada al haberse expulsado anteriormente a los embajadores de Colombia, Canadá, España, EE.UU y Suiza.

Recordemos que el régimen en esos mismos días acudió ante la Corte Penal Internacional a denunciar las sanciones que el gobierno americano tomó contra CONVIASA, a lo cual la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda consideró que la remisión hecha por el régimen “no necesariamente conlleva a la apertura de una investigación”, y en un tercer acto de represalia arbitrariamente sancionó a la aerolínea portuguesa TAP.

Todas y cada una de estas medidas, en definitiva, muestran el desespero e impotencia del régimen ante las presiones internacionales, ya que no contribuyen a restituirle la mala imagen que tiene dentro de la comunidad internacional. Ya no son solo los 59 países que apoyan y reconocen al ingeniero Guaidó como presidente legítimo; sino que después de la reunión de Davos este reconocimiento se hizo presente por parte de los grandes inversores, la comunidad científica e intelectual que asistió al evento alpino y tuvo la oportunidad de escuchar y estrechar la mano del “David” varguense. Pero, como los rusos también juegan, el régimen hace un uso populista de las sanciones que han tomado los gobiernos de los EE.UU, MERCOSUR, el Bloque de Lima y la Unión Europea para acusarlas de emprender una campaña imperialista en contra de la revolución y del pueblo venezolano como si fueran una unidad.

Hay que advertir que este tipo de medidas de presión diplomática si bien resultan a primera vista odiosas, abusivas y quizás prepotentes, son reconocidas por el Derecho Internacional como “retorsión”, lo cual es diferente a la represalia que son los actos realizados por el régimen. La retorsión consiste en actos inamistosos, e incluso perjudiciales, aunque intrínsecamente legales, en respuesta a un acto anterior que también puede ser inamistoso, pero ilícito o ilegal como efectivamente son las sanciones a TAP o la amenaza de expulsar al representante francés.

Las medidas de “retorsión” tomadas por algunos gobiernos responden a dos razones: a las violaciones que el régimen hace al Derecho Internacional en materia de derechos humanos y al deber que tienen los Estados de hacer cumplir las normas establecidas en los compromisos internacionales, a lo cual podríamos acotar que en su conjunto las políticas públicas en materia de educación, salud y seguridad, en su mayoría son violatorias a los derechos humanos de los venezolanos

Ampliando un poco más sobre la razón y motivo de las medidas de retorsión, estas están dirigidas a hacer respetar los derechos humanos ante el abuso e incumplimiento de los compromisos contraídos por el Estado venezolano: entre estos la Declaración universal de los Derechos Humanos, 1948; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966; Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979; Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 1984; Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, entre otros; en el sentido global de que la obligación de hacer respetar los Derechos Humanos implica que cada Parte Contratante debe tomar medidas respecto a cualquier otra Parte que no respete ese derecho.

En este contexto, para hacer uso de un cliché propio de los agentes del régimen, es público y notorio que Chávez denunció su retiro de la CIDH/OEA; que el informe Bachelet de la Alta Comisionada del Consejo de DD.HH /ONU, destaca las violaciones de los 13 derechos monitoreados por la ACNUDH; y que la Comisión de Encuesta de la OIT considera que “Hay elementos suficientes para constatar que en Venezuela se violan los convenios de la OIT”, organización de la cual Venezuela fue fundadora en 1945, por si el régimen no lo sabía.

Hay que entender que hasta ahora, por la vía del diálogo, ha sido infructuosa una salida práctica, democrática y satisfactoria. Las medidas de presión diplomática, desde el punto de vista jurídico, no plantean problema alguno como pueden ser: a) Enérgicas y repetidas protestas de los representantes diplomáticos dentro del Estado en cuestión. b) Denuncia pública, efectuada por una o más partes y/u organizaciones regionales por la violación de los Derechos Humanos. c) Presión diplomática sobre el responsable de la violación. d) El recurso de las visitas in loco de organizaciones humanitarias.

En este orden de ideas, entre las medidas coercitivas  jurídicamente lícitas según el DIP, que no contemplan la intervención armada emprendida unilateralmente por un Estado o un grupo de Estados, se encuentran: a) La expulsión de diplomáticos; b) Ruptura de las relaciones diplomáticas; c) Interrupción de negociaciones diplomáticas en curso o negativa a ratificar acuerdos ya firmados. d) No renovación de privilegios o acuerdos comerciales. e) Reducción o suspensión de la ayuda pública al Estado en cuestión. Este menú sancionatorio puede estar complementado por posibles represalias no armadas, las cuales contemplan la presión económica, como son: a) Restricciones y/o prohibición del comercio de armas, de transferencia de tecnología militar y de cooperación científica. b) Restricciones de las exportaciones y/o de las importaciones del Estado que comete las violaciones; prohibición total de las relaciones comerciales. c) Prohibición de inversiones. d) Congelación de capitales. e) Suspensión de acuerdos sobre el transporte aéreo (o de otra índole). y f) Medidas en cooperación con organizaciones regionales.

Además de las decisiones relativas a la toma de medidas para ejercer presión económica, como las que se acaban de mencionar, algunos organismos regionales especialmente los concernidos por los derechos humanos, pueden también ayudar con otras medidas a promover el respeto tanto de los derechos humanos.

En un país democrático como fue Venezuela es de preocupación universal las violaciones constantes de los derechos humanos cuando las  políticas públicas son violatorias en forma colectiva y se hace imperioso que los Estados honren su compromiso de hacer respetar los derechos humanos que  no solo es urgente, sino acuciante.

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J. Gerson Revanales M

Balcón del Ciudadano. Internacionalista. Post Doctorado RR.II Embajador de Carrera por concurso

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