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CARLOS CANACHE MATA: Décimo cuarto collage sobre Rómulo Betancourt (Oposición al gobierno del general Isaías Medina Angarita)

Décimo cuarto collage sobre Rómulo Betancourt

(Oposición al gobierno del general

Isaías Medina Angarita)

 

¿Adónde vamos? – CARLOS CANACHE MATA

En los años del gobierno (5 de mayo de 1941-18 de octubre de 1945) del general Isaías Medina Angarita, Acción Democrática, legalizada el 29 de julio de 1941, fue prácticamente el único partido de oposición.

La “Unión Nacional Estudiantil” (UNE), que había surgido de la escisión de la “Federación de Estudiantes de Venezuela” (FEV) en 1936, constituyó luego el partido “Acción Electoral” (legalizado el 20 de octubre de 1938), que, a su vez, se transformó en el partido “Movimiento de Acción Nacionalista” (fundado el 6 de diciembre de 1939), para finalmente fundar el partido “Acción Nacional”, que es legalizado, bajo el gobierno de Medina Angarita, el 2 de junio de 1942. Este partido, liderado por Rafael Caldera, manifestaba en su programa, como actividad primordial, su lucha “contra la propagación e implantación del ideario marxista en Venezuela” y colaborar “a fin de que el actual resurgimiento republicano no se vea obstaculizado o desvirtuado en su trayectoria hacia el establecimiento definitivo del gobierno de derecho en Venezuela”. No era, pues, “Acción Nacional” un partido de oposición.

Las “Agrupaciones Cívicas Bolivarianas” habían sido fundadas en 1937 en todo el país, en apoyo de su gobierno, por el presidente López Contreras, las cuales eran más un instrumento electoral que político, y eran las encargadas de presentar las listas oficiales de candidatos en las elecciones, únicas en las que intervenía el voto popular,  de los miembros de los Concejos Municipales y de las Asambleas legislativas de los Estados. Estas Agrupaciones, para mediados de 1943, que seguían al expresidente López, se habían distanciado de Medina por el rumbo que había tomado su gobierno al aliarse con los comunistas, por su falta de atención a las necesidades de las Fuerzas Armadas, y por sus propias expectativas de intervenir en la no muy lejana sucesión presidencial.

Ramón J. Velásquez hizo la siguiente consideración: “…Pero ni ‘Acción Nacional’ ni el lopecismo tenían fuerza ni organización para librar la batalla diaria de la oposición contra el régimen. Esta tarea la asumió íntegramente durante los cuatro años del gobierno de Medina Angarita, el partido Acción Democrática” (1).

Tampoco formaban parte de la oposición los comunistas que, el 8 de agosto de 1941, constituyeron en el Distrito Federal el partido “Unión Municipal”, el cual posteriormente, junto con la Liga de Unificación Zuliana y otras agrupaciones formadas en algunos estados, fundaron en Caracas el partido “Unión Popular Venezolana”, legalizado el 16 de marzo de 1944. Los comunistas, en comparsa con el oficialismo, actuaban bajo la consigna “¡Con Medina contra la reacción!”, que Acción Democrática inmediatamente replicó con la de “Contra la reacción dondequiera que esté”.

Por todo lo expuesto líneas arriba, es que años después, Rómulo Betancourt escribió, con toda razón, que en la oposición la “única expresión políticamente organizada era Acción Democrática” (2).  Empero esa oposición, aunque firme, adaptó su enfrentamiento al Gobierno a los graves riesgos que acechaban al país, por su condición de principal exportador de petróleo a los países que estaban combatiendo contra el Eje nazi-fascista en la Segunda Guerra Mundial. Submarinos nazis se movían en las aguas del Caribe, el 15 de febrero de 1942 hundieron en aguas venezolanas el tanquero “Monagas”, con tripulación y bandera venezolanas, al día siguiente fueron bombardeadas instalaciones de la Standard Oil en Aruba, y, días después, el 19 de abril, fueron cañoneadas en una bahía de Curazao las instalaciones de la Royal Ducht-Shell. Esos sucesos eran motivo de “preocupación patriótica” que influían, como lo señalara Rómulo Betancourt, “para asordinar el tono oposicionista” (3).

Era ese el escenario, nacional y mundial, en el que Acción Democrática, ya legalizada y después del gran mitin del 13 de septiembre de 1941 en el Nuevo Circo de Caracas, tiene que emprender la organización del partido en todo el país, fortaleciendo las estructuras creadas por el PDN en la clandestinidad y ampliándolas masivamente con nuevos militantes. Es cuando se traza la consigna de “ni un solo distrito, ni un solo municipio, sin su organismo de Partido”. A esa tarea, y para dialogar con el pueblo y conocer sus problemas, se dedicaron, entre 1941 y 1945, los dirigentes de Acción Democrática al girar y desplazarse por todo el territorio nacional. Betancourt señaló después que esos años le enseñaron sobre su país “mucho más de cuanto aprendiera en vigilias estudiosas sobre las páginas de los libros” y que “confirmó” que había dos Venezuela: “Que la Venezuela urbana, metropolitana, la de Caracas y sus aledaños, estaba superpuesta a otra Venezuela, de producción estancada, atraso técnico y pauperismo popular. Y también resultó fácil captar un sentimiento de frustración y descontento muy difundido, producto de la coexistencia sobre una misma tierra, de dos países: el minoritario y de holgado bienestar y el otro, infinitamente más numeroso y marginado a las ventajas de la vida civilizada. Ese sentimiento lo expresaban hombres y mujeres de todas las regiones, con acento y tono que ya alcanzaba dispasones de cólera. Era el de que se imponía un vuelco revolucionario en la situación nacional, tapiado como estaba el camino pacífico del voto para cambiar hombres y sistemas de Gobierno” (4).

En el recorrido por el país, Rómulo Betancourt y los demás dirigentes nacionales del partido hicieron planteamientos fundamentales. Entre otros citaremos los siguientes.

Exigieron la devolución al pueblo de su soberanía usurpada, mediante el establecimiento del sufragio universal, directo y secreto para la escogencia del Presidente de la República y de los miembros de los cuerpos deliberantes, porque, afirmó Betancourt años después, “la república, devino, en la práctica, una especie de monarquía electiva, con facultad implícita en el Presidente saliente de designar al Presidente entrante” (5).

Reclamaron que el aparato electoral se integrara en forma tal que fuese imposible que el fraude se impusiera adulterando y cambiando la voluntad de los votantes. Solicitaron categóricamente la eliminación, en la Administración Pública, del peculado, “este vicio tradicional que avivó en el país al amparo del auge petrolero y sólo con variantes formales fue heredado de Gómez por sus causahabientes testamentarios que gobernaron a la nación en la década 1935-1945”.

Se clamaba por una participación justa del país en las ganancias de la industria petrolera, explotada por compañías extranjeras que eran las que obtenían los mayores beneficios. En 1930, Gumersindo Torres, aunque era ministro de la dictadura de Gómez (ejercía la cartera de Fomento, a la que estaba adscrita la materia petrolera) tenía conciencia nacionalista, señaló que en los siete años precedentes las compañías petroleras se habían beneficiado, por el solo concepto de exoneraciones aduaneras, con la cantidad de 219 millones de bolívares, mientras que el Fisco venezolano sólo había obtenido 187 millones de bolívares por concepto de impuestos sobre la industria de hidrocarburos, y fue entonces cuando dijo la memorable frase de que “las compañías se llevan el petróleo y el gobierno les paga para que se lo lleven”. Después de la indolencia oficial acerca de un cambio importante en las relaciones entre el Estado y las empresas, el 17 de julio de 1942, el presidente Medina Angarita anunció una revisión de la legislación para que “Venezuela obtenga en la explotación de sus riquezas naturales la parte que en justicia le corresponde”. Así apareció el proyecto de ley de reforma petrolera que se materializaría en 1943, iniciándose conversaciones entre representantes del gobierno y de las compañías petroleras, a puertas cerradas, dentro del mayor hermetismo.

Acción Democrática fue invitada a la concentración en apoyo de la reforma petrolera, cuyo contenido no se conocía, que se realizó en la Plaza de Los Museos en Los Caobos el 17 de enero de 1943, con la presencia del presidente Medina y representas de diversas organizaciones políticas, económicas y de trabajadores. Entre los oradores, le correspondió a Rómulo Betancourt fijar la posición de Acción Democrática, que la resumió así: “El aumento hasta límites de estricta justicia de la participación nacional en la riqueza petrolera, el traslado a Venezuela de las refinerías en las que se ‘trata’ el mineral extraído de nuestro subsuelo, la reducción del plazo de vigencia de los contratos, la abolición de las absurdas exoneraciones de impuestos aduaneros a empresas concesionarias y seguridades de mejoramiento económico y social  de los técnicos, empleados y obreros al servicio de las compañías; éstos son los pivotes donde debe insertarse una nueva política minera de gran envergadura”. Precisó, finalmente, que al conocerse los lineamientos fundamentales de la reforma, el partido haría “las observaciones y sanas críticas” que contribuyeran “a hacer de la ley que se sancione un hito plantado en el camino hacia la conquista de nuestra cabal independencia económica”.

Efectivamente, al aprobarse en el Congreso en marzo de 1943 el Proyecto de Ley de Hidrocarburos (el día 5, el informe de la Comisión de Fomento; y el día 12, en plenaria de la Cámara de Diputados), el diputado Juan Pablo Pérez Alfonzo en forma personal, y diputados de Acción Democrática e independientes, salvaron sus votos.

El diputado Pérez Alfonzo considera las ventajas de la Ley, y señala sus desacuerdos con la misma. En cuanto a las ventajas, las agrupa en las de orden técnico y jurídico, y en las de orden económico. En las primeras -cito textualmente- “sobresalen la unificación de las relaciones de los concesionarios y el Estado; y la más definida y clara intervención que en el funcionamiento de la industria se reconoce al mismo Estado. Entre las segundas, es decir, las de orden económico, “parecen indiscutibles el aumento apreciable de los impuestos, tomados en conjunto, y no obstante la desaparición de impuestos que antes pagaban los concesionarios; la supresión de la exoneración de tributos aduaneros, la regulación del transporte del petróleo, la obligación para las Empresas de llevar en Venezuela su contabilidad industrial, la supresión de diferencias injustificadas de los impuestos cobrados a los concesionarios por razón de la ubicación de las parcelas, y los convenios respecto a refinerías celebrados en relación con el proyecto”. En lo que respecta a los desacuerdos, Pérez Alfonzo dice: “Todo este conjunto positivo constituiría, indudablemente, un adelanto en la solución del problema del petróleo. Más, cuando se pretende que las ventajas señaladas signifiquen la liquidación del pasado,’la sanatoria absoluta de todo vicio anterior y terminación completa de toda acción o reclamo que pudiera originarse’ de la situación anterior, se sostiene una pretensión de imposible realización. Porque si hay algo cierto, indiscutible, como hecho de la vida real, es la situación creada y mantenida en Venezuela por la industria del petróleo. Cómo han expoliado esa riqueza del pueblo venezolano no obstante conocer las necesidades de ese mismo pueblo, es un hecho público y notorio. Válidas las compañías de las debilidades de quienes con o sin derecho han representado a la Nación, actuando al margen del derecho y la justicia han realizado utilidades ilegítimas ocasionando daños cuya reparación no puede ser borrada por una simple disposición de una Ley: no hay, ni puede haber, figura jurídica alguna que haga de la injusticia, derecho”.

El voto salvado de los diputados de Acción Democrática e independientes, después de añadir consideraciones al análisis de Pérez Alfonzo, afirma que el impuesto de explotación sumado a los tributos fijos también pautados por la Ley “no garantiza un justo equilibrio de ganancias entre la Nación y las Compañías, ni mucho menos asegura esa pregonada participación de Venezuela en más del 50% de los ingresos obtenidos por las Empresas explotadoras del subsuelo petrolero del país”.

El Presidente de la República, general Isaías Medina Angarita, puso el “ejecútese” a la nueva Ley de Hidrocarburos el 13 de marzo de 1943.

  1. Ramón J. Velásquez, “Aspectos de la Evolución Política de Venezuela en el Último Medio Siglo”, Venezuela Moderna, página 46.
  2. Rómulo Betancourt, “Venezuela, política y petróleo”, página 134, Fondo de Cultura Económica.
  3. Rómulo Betancourt, obra citada, página 134-135.
  4. Rómulo Betancourt, obra citada, página 136.
  5. Rómulo Betancourt, obra citada, página 138.
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