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JURATE ROSALES: El plan de Trump para salir de Maduro

El plan de Trump para salir de Maduro 

 

Por JURATE ROSALES 

Con cada grupo  de sanciones declaradas por la administración Trump contra funcionarios y/o empresas venezolanas acusados de actos que entran todos en la definición de  delitos penales, aumenta la presión contra el régimen de Maduro, en una escalada implacable, que no cesa, con nuevas y más duras sanciones casi  cada día.

Actualmente, los sancionados en el Caso Venezuela son no menos de 150 individuos (según un informe al Congreso norteamericano, eran 144 al 2 de junio 2020). Esta lista la encabeza Nicolás Maduro con su persona valorada en millonaria recompensa en caso de su entrega a la justicia norteamericana.

Dentro de esa avalancha de acusaciones formales  contra  casi toda la plana mayor de los actuales miembros del gobierno presidido por Nicolás Maduro y colaterales envueltos en negocios con su régimen, lo que siempre ha llamado la atención es que las acusaciones nunca son de tipo político, sino que son dictadas por el Departamento del Tesoro  norteamericano y están dentro del renglón de delitos fiscales o comunes –nunca políticos.  Se trata por lo tanto de un asunto policial, casos de crimen y delincuencia común internacional, previstos  por las leyes del Derecho Penal  y dirimidos en tribunales ordinarios. (Esto fue, precisamente, lo que se hizo en Panamá con Noriega, donde la  acusación fue del delito de narcotráfico).

La estrategia de tratar el caso del gobierno  de Maduro como un tema de delincuencia común, se refuerza por la vetusta y anacrónica modalidad de anunciar recompensa monetaria por la captura del presunto delincuente, algo que se utilizó en los tiempos del “lejano oeste” y permanece en Estados Unidos casi como una reliquia del también “lejano” pasado.

Al tratar el caso venezolano como un asunto de delincuencia y no de política de Estado, el presidente Trump dispone de la apreciable  ventaja de no verse limitado por supuestas razones políticas, pues formalmente el caso es de policía y tribunales. Esto permite manejarlo según un calendario definido por la justicia que a su vez, puede ser lenta o expeditiva, según lo decida un fiscal presumiblemente sujeto a consideraciones políticas, especialmente en un año electoral.

Cabe recordar que en los Estados Unidos, los jueces, tras su elección, para asumir requieren la confirmación del Senado, así que, aún elegidos  por voto popular, dependen de la ratificación por los dos partidos. ¿Y la acusación? También ella pasa por el filtro de los partidos políticos. Algunos fiscales son nombrados por el gobernador del estado, otros son electos, pero ninguno   se aventura a iniciar una acusación y juicio relevante, que pueda afectar su carrera, sin considerar el aspecto político.  En estos casos los  fiscales  procuran formular cada acusación cuando ya tienen “los pelos del burro en la mano”, sin correr el riesgo de una decisión contraria. Y obviamente, con el beneplácito de su partido.  De manera que en  casos a los cuales se ha dado la extraordinaria relevancia otorgada al Caso Venezuela, sobre el cual Washington declara por lo menos cada semana, ni todos los dólares del mundo podrán mitigar  un riguroso veredicto.

Al final, la decisión y la fecha en que se  dará el paso definitivo queda en manos del Presidente de los Estados Unidos. Obviamente,  éste calculará el momento en que la acusación y el espectacular juicio influirán sobre las elecciones presidenciales,  un recurso irrenunciable, sobre todo este año, cuando, en esas elecciones, que se presentan muy reñidas, Donald Trump se juega el honor de ser un presidente de dos períodos –es punto de honor para un  Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica ingresar al exclusivo club de los presidentes que fueron re-electos para un segundo período, lo cual es una simbólica aprobación histórica de su gestión.

Por otra parte, cabe considerar que medio centenar de países en el mundo, entre ellos casi todos los de América, reconocen a Juan Guaidó como presidente legítimo, hecho absolutamente extraordinario, interpretable como una abierta preparación de un cambio en Venezuela. No es Trump sólo quien proyecta marcar un importante punto a su favor. Son muchas naciones, gobiernos y muchos gobernantes comprometidos en una apuesta que reforzará la posición de cada estado y del presidente que lo represente en el momento definitivo. Y es que Venezuela, incluso devastada, siempre seguirá siendo un factor de primera importancia en el mapa político de América. Más ahora, cuando todo estará por reconstruir partiendo del cero dejado por Chávez y Maduro.

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Jurate Rosales

Directora de la Revista Zeta, columnista en El Nuevo País con la sección Ventana al Mundo. Miembro del Grupo Editorial Poleo.

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