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GERSON REVANALES: El diferendo Venezuela-Guyana y qué se puede esperar de la CIJ

La audiencia CIJ

 ***La Corte Internacional de Justicia, bajo la presión de la excolonia británica de Guyana y de las transnacionales, esta semana celebrará una audiencia para determinar si tiene o no jurisdicción.

 

Balcón del viudadano – Gerson Revanales

El hecho de la CIJ de fijar una audiencia para determinar si tiene jurisdicción es un desconocimiento a nuestra soberanía y una contradicción con su Estatuto y Reglamento.

La audiencia a celebrarse el próximo martes 30 de junio en el Palacio de la Paz, La Haya, a los fines de considerar si tiene jurisdicción en la demanda introducida por la excolonia inglesa no es juego y representa uno de los momentos más críticos y difíciles en la política exterior de Venezuela, después del bloqueo de 1902–1903.

Las razones de que hoy estén en juego nuestros derechos históricos y soberanos en el Esequibo tienen que ver la pasividad del régimen en su deber y obligación de defender nuestro territorio; de su indiferencia ante el incumplimiento de Guyana a los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Ginebra/66, en particular al otorgamiento unilateral de concesiones en contravención a su Art 5/2; de complacer a la dictadura cubana, la cual estuvo siempre a favor de la excolonia inglesa; y de la indiferencia de los últimos ministros de Relaciones Exteriores frente a las pretensiones guyanesas de cercenarnos por la vía judicial el territorio despojado por un laudo írrito y nulo en 1899.

La componenda: Así como en el Laudo Arbitral de 1899 fue evidente la componenda entre el juez Federico de Martens y los jueces ingleses. En esta oportunidad, las triquiñuelas se dieron por presión de las transnacionales del petróleo, a partir del momento en que el secretario general de la ONU Banki Moon, custodio de los acuerdos internacionales, unilateral e inconsultamente, anunció que “si para finales de 2017 no había avances significativos remitiría la reclamación a la CIJ”. En esta línea, su sucesor, Antonio Guterrez, actuando como un “corre ve y lleva”, sin mayores consideraciones, remitió dicho caso a la CIJ, en desconocimiento del Art. 36/2 del Estatuto de la Corte que requiere una declaración expresa de reconocimiento, lo cual Venezuela nunca ha realizado, abrogándose Guterrez un derecho que no le correspondía. Guyana, ante estos alevosos hechos, aprovechó esta remisión para introducir su demanda; mientras la cancillería se mantuvo pasiva inexplicablemente ante esta componenda, seguramente para complacer a la dictadura de Fidel Castro.

La posición de Venezuela de desconocer la jurisdicción de la Corte es conocida internacionalmente. El régimen, luego de una larga lucha de la Asamblea Nacional a través de una “Comisión Mixta para la Defensa del Esequibo y de su fachada Atlántica”, entendió que tenía que abandonar la línea castrista y defender nuestra soberanía en el Esequibo. Oficialmente, el 18 de junio de 2018 hizo del conocimiento de la CIJ que la aspiración guyanesa carecía de elementos jurídicos al afirmar que tiene jurisdicción. Posteriormente, el 12 de abril de 2019 ratificó su posición de no atender a la audiencia, pero sí de facilitar la documentación necesaria que soporta su posición

El país en este momento se encuentra en una posición de vulnerabilidad debido a una política errática del régimen que no logró disuadir a Guyana, que ha desarrollado una política de Estado coherente y exitosa para frenar cualquier avance venezolano en el territorio en disputa, otorgando concesiones para la explotación de sus recursos y en la construcción de alianzas dentro de organismos multilaterales, así como con potencias regionales y globales; mientras que el régimen ha mantenido una política de “buen vecino y buen amigo” en contra de los intereses de nuestros intereses

Frente a este escenario, para el 30 de junio se plantean dos cuestiones: ¿Qué bases legales asisten a Venezuela para no atender a la convocatoria de la CIJ? y ¿qué consecuencias acarrea?

En cuanto a la primera pregunta, la respuesta se encuentra en el Art. 53/2 del estatuto. Guyana, al no comparecer Venezuela podrá pedir a la Corte que decida a su favor; pero la Corte antes de dictar su decisión deberá asegurarse no sólo de que tiene competencia Art. 36, sino también de que la demanda está bien fundada en cuanto a los hechos y al derecho.

La respuesta es que las consecuencias son mucho más graves. Una decisión en contrario representa un espaldarazo a las pretensiones de Guyana. Representa la pérdida de 159.000 Km2, así como los derechos históricos y soberanos sobre el Esequibo.

La cuestión no es juego, ya que por la irresponsabilidad de los conductores de la política exterior está en peligro la integridad territorial. Si la Corte considera que tiene jurisdicción para ventilar la reclamación, una decisión a favor de la excolonia británica la empoderaría internacionalmente. Nuestra salida al Atlántico quedaría condicionada a unas negociaciones inciertas y nuestros derechos soberanos sobre el Esequibo estarían en entredicho a nivel internacional. Todo por la negligencia, improvisación y falta de profesionalidad en el manejo, no de un tema sino de una cuestión vital de interés y seguridad nacional.

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J. Gerson Revanales M

Balcón del Ciudadano. Internacionalista. Post Doctorado RR.II Embajador de Carrera por concurso

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