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ROBERTO MANSILLA BLANCO: El interminable drama de las dos Españas

Juan Carlos y el interminable drama de las dos Españas

***A propósito del escándalo del Rey emérito Juan Carlos I y su salida de España. 

Roberto Mansilla Blanco

Corresponsal en España – Por ROBERTO MANSILLA BLANCO

Por acción o por omisión, al gobierno de coalición de Pedro Sánchez y su aliado “podemita” Pablo Iglesias parecen perseguirlos las urgencias históricas. Comenzó en noviembre pasado, con la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Una especie de “justicia histórica”, cuando menos legítima debido a las víctimas causadas por la guerra civil española (1936-1939) y la posterior represión del régimen franquista (1939-1976), según apuntaron fuentes oficiales del entonces gobierno en funciones de Sánchez.

Ahora, superados los meses de confinamiento y del estado de alarma motivados por la pandemia del COVID 19, mientras España se prepara para una igualmente “histórica” crisis socioeconómica cocinada en cámara lenta, parece súbitamente imponerse otra “urgencia” histórica, mucho más profunda y que hunde sus raíces precisamente en la década de 1930, previa a la guerra civil y la prolongada dictadura franquista. Esa “urgencia” es el pulso histórico entre lo que se ha denominado las “dos Españas”, la monárquica y la republicana.

En perspectiva histórica, es inevitable comparar, obviamente manteniendo la salvedad del tiempo y del contexto, la reciente decisión del rey emérito Juan Carlos I de salir de España debido a los escándalos de presunta corrupción, con lo que ocurrió con su abuelo Alfonso XIII en abril de 1931, cuando entonces en España se proclamó la II República.

Alfonso XIII se exilió en Roma, donde nació Juan Carlos, quien en 1969, orquestado bajo el régimen franquista, comenzó la restitución de la monarquía borbónica en España, un proceso que se completó en 1976 tras la muerte de Franco y se legitimó con la transición hacia la democracia en 1978, cuando los españoles aprobaron la actual Constitución que establece que el Reino de España es una Monarquía constitucional y parlamentaria y un Estado de Autonomías.

De exilios conoce la dinastía borbónica española: el padre de Juan Carlos, Juan de Borbón, abuelo del actual Rey Felipe VI, se exilió en Estoril (Portugal) sin haber podido nunca reinar. Ese legado se lo dejó a su hijo Juan Carlos, quien ahora también se ve en la obligación de dejar el país.

En la España y el mundo post pandemia del COVID 19, ese pulso histórico entre monárquicos y republicanos aparece en un momento de indefinición y confusión sobre lo que le espera a la economía española. La Unión Europea ha aprobado una especie de “rescate” financiero a España, que obliga al actual gobierno de coalición de Pedro Sánchez a adoptar urgentes reformas fiscales y económicas que precisamente podrían solapar la consistencia de esa coalición. En Bruselas advierten sobre las medidas populistas que en materia económica defiende el vicepresidente de Sánchez, Pablo Iglesias.

Mientras los rebrotes de la pandemia comienzan a aparecer en el alicaído verano español, salta a la escena el escándalo de la monarquía. Juan Carlos I se ve ahora acosado por una justicia que investiga desde 2010 un presunto fraude fiscal valorado en 65 millones de euros, presuntamente concedidos por los jeques sauditas al octogenario Rey Emérito. Éste, por su parte, no sólo se habría beneficiado de favores proferidos por su posición como monarca, sino que no sólo no declaró estos fondos a la Hacienda española y aparentemente se las habría concedido a su “amiga”, la empresaria alemana Corinna Larsen.

Este escándalo obviamente deja muy golpeado no sólo el prestigio de un Rey Emérito que ha sido clave en momentos delicados para la democracia española, como el intento de golpe militar de 1981, sino en la imagen y consistencia de la monarquía borbónica como institución capacitada para afrontar ese legado histórico.

Con estos mimbres en la escena, la España de 2020 vuelve a debatir inesperadamente el viejo fantasma de las “dos Españas” monárquica y republicana. Esta “urgencia histórica” planea súbitamente sobre un mapa político fuertemente polarizado y con perspectivas de volatilidad, tal y como se vio la semana pasada, durante una comparecencia parlamentaria del presidente del gobierno Pedro Sánchez. Allí, la oposición de VOX radicalizó aún más el ambiente político al anunciar que impulsaría una moción de censura contra el gobierno de coalición PSOE-Unidas PODEMOS a partir del próximo mes de septiembre, cuando se reinicien las sesiones parlamentarias.

Mientras, Europa reprende y advierte a un Sánchez inerte sobre la falsa viabilidad de unas medidas económicas que disparan un gasto público estatal incapaz de asumir esa carga. El desempleo sube (se estima en un 23% para finales de año) y los ERTE, ayudas estatales a trabajadores en activo afectados por la pandemia, aún no han sido completamente cobrados.

El contexto se observa así sumamente complejo para Sánchez, en especial a la hora de mantener en pie una coalición donde Pablo Iglesias ansía desesperadamente tomar la iniciativa para impulsar una vieja aspiración histórica: trazar el camino hacia la III República española. Una misión en la que Iglesias aparentemente no está solo. Un socialista como José Luis Rodríguez Zapatero siempre ha albergado esta ambición.

¿Transita España hacia la III República? El escándalo del Rey Emérito Juan Carlos I y su salida de España refuerzan estas expectativas. Pero el clima es muy confuso. Sánchez debe manejar complejos equilibrios que, constitucionalmente, le obligan a respetar la institucionalidad monárquica. Toda vez, las bases de la juventud socialista del PSOE presionan pulsando las ambiciones “republicanas”. Aquí, harían causa común con los “podemitas” de Iglesias y los esfuerzos de ZP por acelerar esta “urgencia histórica”.

El foco de atención se pone ahora en el Rey Felipe VI. Se le observa con lupa en una crisis institucional para la monarquía que pone en juego su capacidad para guiar la situación, siendo él constitucionalmente el Jefe del Estado. Felipe VI ha optado por la prudencia calculada, noblesse oblige, con la intención de disipar tormentas que en este momento no parecen prioritarias.

Las fuentes informativas dan cuenta de su peso a la hora de propiciar la salida de España de su padre Juan Carlos I, con la finalidad de intentar salvar el prestigio monárquico. Con anterioridad, Felipe VI también ha aceptado los recortes presupuestarios para gastos de la monarquía, así como hacer pública su declaración de rentas, en un intento por salvaguardar la institucionalidad histórica de la monarquía y disipar el malestar social y de sectores influyentes de la opinión pública sobre el oneroso gasto público para mantener la monarquía.

La crisis socioeconómica in crescendo pulsa así una eventual crisis política que podría materializarse con mayor intensidad para el último trimestre del año. Si a ello se le suma la crisis institucional motivada por el caso Juan Carlos I, se avecina un período político tormentoso en España.

En noviembre de 2019, Pedro Sánchez exhumó definitivamente los restos del “franquismo”. Directa o colateralmente, en agosto de 2020 pareciera repetirse esta secuencia, al menos en un capítulo inicial, con la monarquía borbónica también heredera del “franquismo”. Con el COVID 19 como convidado de piedra, el drama de las “dos Españas” parece no querer desaparecer del horizonte, empeñada en querer eternizarse.

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