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Caso Esequibo: Vientos de esperanza para Venezuela en la Corte Penal Internacional

Caso Esequibo: Vientos de esperanza para Venezuela en la Corte Penal Internacional

 *** En su desespero, Guyana y las transnacionales presionan a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la demanda de Guyana. Sin embargo, es de esperarse que la Corte (ajustada a derecho) se declare incompetente para decidir sobre la demanda.

Por GERSON REVANALES

En el caso del Esequibo las “cartas están echadas”. La decisión que se tome está en manos de los magistrados de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), gracias a diversos factores; algo así como si la tormenta perfecta se hubiera confabulado en contra de nuestra reclamación.

Algunos de los factores determinantes para que hoy la reclamación esté fuera de nuestro control y de la hoja de ruta acordada con Inglaterra y la naciente República Cooperativa de la Guyana Inglesa con el  “Acuerdo de Ginebra” (quizás el único y principal logro en la reclamación) son: la irresponsabilidad de Hugo Chávez al mentirle al país diciéndole que la reclamación no era producto del despojo inglés, sino de los americanos y de los gobiernos adecos; la complacencia con Fidel Castro, quien siempre estuvo del lado guyanés; y la tardía reacción de Maduro frente a un problema que va más allá de los 159.500 Km2, al afectar nuestra integridad territorial, nuestra soberanía y una libre salida al Atlántico

A lo largo del despojo y de la reclamación, Venezuela ha demostrado (a través de diferentes argumentos y pruebas sustentables) sus derechos territoriales así como de la conspiración anglorusa para apropiarse del Esequibo, con aspiraciones de llegar hasta la bocas del Orinoco, en linderos con lo que hoy es Puerto Ordaz. Si existen algunas dudas, las tres líneas de Schomburgk lo demuestran y comprueban.

Desde un punto de vista histórico, las pruebas son irrefutables; entre ellas el decreto del Libertador Simón Bolívar, sustentado en el principio del uti possidetis iuris al declarar que el territorio de la República es el que correspondía a la Capitanía General antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad. (ART. 10 de la Constitución nacional).

Las gestiones diplomáticas durante los últimos 54 años han sido agotadas; los análisis jurídicos se han realizado con toda la rigurosidad que exige el caso, demostrándose en todas las instancias que, después del Tribunal Arbitral de París de 1899, Venezuela no ha reconocido las instancias jurisdiccionales internacionales para la resolución de conflictos territoriales. Esto se demuestra y comprueba con su no reconocimiento a la Corte Permanente de Justicia Internacional o Tribunal Permanente de Justicia Internacional (1921), antecesora de la actual Corte Internacional de Justicia (1945). Este no reconocimiento es la prueba reina según la cual Venezuela como doctrina no reconoce las cortes ni los tribunales arbitrales a partir de 1899.

En el caso particular de la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con sus Estatutos (Art 36/2), es necesaria la declaración por parte de los Estados del reconocimiento de la jurisdicción. Venezuela nunca firmó el “Manual de reconocimiento la jurisdicción de la CIJ” y ha manifestado públicamente en varias ocasiones que nunca ha reconocido de forma bilateral, multilateral, ni de ninguna otra forma, la jurisdicción de esta alta instancia internacional. Al contrario de lo que afirma Guyana, el “Acuerdo de Ginebra” del 1966 no es base de consentimiento como han sostenido los gobiernos democráticos, la Asamblea Nacional y la Academia de Ciencias Jurídicas en diferentes oportunidades.

En una primera conclusión, no existiendo prueba de que Venezuela haya reconocido la jurisdicción de la CIJ, esta, en puridad de derecho, no debería reconocer su jurisdicción sobre Venezuela y rechazar la pretensión guyanesa; de lo contrario se repetiría el fraude jurídico de París de 1899.

Agotadas estas vías solo queda esperar la decisión de la Corte, la cual en este momento, tiene dos opciones: A) Reconocer que no tiene jurisdicción y reenviarle la demanda al Secretario General de la ONU como no procedente, lo cual representaría una victoria al tener que retomarse el “Acuerdo de Ginebra” (Art. 4) como hoja de ruta y al Art. 33 de la carta de la ONU (esto sería materia para otros artículos) o B) Decidir a favor de Guyana y declarar que sí tiene jurisdicción.

Una decisión de este tipo pondría al régimen o al gobierno ante un dilema shakespeariano, al tener que decidir si continuar con la tesis de la no jurisdicción, lo cual nos dejaría en manos de la Corte, o realizar un cambio de posición y reconocer la jurisdicción e involucrarse en el fondo de la demanda con la defensa y demostración de que el “Laudo arbitral” es nulo e írrito por el fraude procesal fraguado en contra de Venezuela. En este último escenario, la corte dejó una puerta abierta al recordar que Venezuela preserva las posibilidades de hacer valer sus derechos procesales.

Una decisión en contrario a lo establecido en sus estatutos y reglamento, por presión de Guyana y las transnacionales, pondría en duda al alto tribunal y la justicia internacional.

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J. Gerson Revanales M

Balcón del Ciudadano. Internacionalista. Post Doctorado RR.II Embajador de Carrera por concurso

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