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Responsabilidad de Proteger y la zapa europea

Responsabilidad de Proteger y la zapa europea

alfredo michelena

Por ALFREDO MICHELENA

No habían pasado 24 horas desde que a Maduro se le venía literalmente el mundo encima, cuando Josep Borrell, canciller de la Unión Europea, enviaba una misión a negociar el tema electoral. Unos enviados surgieron de pronto, aparecidos sin consultar con la oposición venezolana, y parece que ni siquiera con las más altas autoridades de la Unión.

Crímenes de lesa humanidad

La reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGA) fue precedida por el informe de la Comisión Independiente del Consejo de Derechos Humanos, el cual determinó que en Venezuela no solo se violaban los derechos humanos, sino que la forma en que se hacía, es decir masiva y sistemáticamente, constituía la perpetración de crímenes de lesa humanidad. Esta fue una bomba que estalló con el nombre de media centena de indiciados, entre ellos el propio Maduro y los ministros del Interior y Defensa.

El desprestigio del régimen tomaba otra característica al señalar no solo estos crímenes, sino a sus perpetradores. UNGA fue la ocasión para que Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela, se dirigiera a alguno de los representantes de los gobiernos democráticos del mundo -55 de ellos. Un discurso ponderado y bien estructurado, en el cual el tema de la Responsabilidad de Proteger (R2P) tomaba el puesto de honor. Guaidó dejó claro que ya se habían pasado las etapas de las advertencias y las gestiones diplomáticas y que ahora estábamos en el momento de actuar. En consecuencia pidió a la comunidad internacional que interviniera.

La tenaza profiláctica

Por su lado, Mike Pompeo, secretario de Estado de EE.UU., en su visita a los vecinos de Venezuela, afinaba una tenaza profiláctica para cercar las actividades delictivas del régimen de Maduro y debilitarlo al cortar su acceso al dinero sucio producto de sus manejos ilegales y de sus relaciones con grupos y estados terroristas.

En agosto pasado, una treintena de gobiernos se reunieron para dejar claro que lo necesario es “establecer un gobierno de transición inclusivo que lleve al país a unas elecciones presidenciales libres y justas, lo más pronto posible” y no sólo a las parlamentarias del 6 de diciembre. Otros países que también creen que no hay condiciones para unas elecciones libres y justas en Venezuela no se sumaron a la declaración y se guardaron para tratar de mover un acuerdo con Maduro con el fin de ver si era posible alcanzar algún nivel de probidad electoral. Y asomaron que las elecciones del 6D había que aplazarlas para abrir negociaciones.

La movida del régimen

Maduro realizó un gesto “magnánime” -como “buen” dictador- y permitió la excarcelación de medio centenar de presos políticos. Y desde la oposición Henrique Capriles hizo tienda aparte y salió a la palestra a participar en las cuestionadas elecciones e inscribió a sus candidatos al nuevo parlamento -el cual por cierto fue modificado en su composición por el CNE en manos de Maduro obviando la Constitución. El resto de la oposición y su partido Primero Justicia –de donde no fue expulsado – siguen argumentando que no irán a elecciones si no se dan condiciones para unas elecciones presidenciales (o ambas) libres y justas.

El Grupo Internacional de Contacto, formado fundamentalmente por miembros de la Unión Europea y seis países latinoamericanos se reunieron y suscribieron un comunicado en el cual deja claro que en las condiciones actuales no es posible aceptar el resultado de los comicios previstos; pero entiende que es posible negociar las condiciones comiciales. En esto se basa el envío de la misión europea.

Un golpe bajo

Esta misión debilita la posición del gobierno interino, pues no se trata sólo de mejorar las condiciones para las elecciones parlamentarias, sino que como dice una treintena de gobiernos y la mayoría de la oposición venezolana, se trata de la salida de Maduro y el establecimiento de un gobierno de transición que llame a elecciones presidenciales y también parlamentarias. Es decir, no basta con aplazar las elecciones parlamentarias previstas para el 6D.

Pero más grave aún es que esta jugada, a todas luces, tiende a debilitar a Guaidó y le da aire a Maduro. Y detrás se halla la figura de Josep Borrell, a quien ya se le conoce por mantener una posición tibia, por decir lo menos, frente al régimen de Caracas y también de Cuba, desde que fue Canciller español en el gobierno del PSOE, de Pedro Sánchez. Borrell es señalado de “blanquear  un régimen tiránico”. El español se adornó en galimatías para decir que en realidad la Unión Europea no va a “negociar, ni mediar” con Maduro sino a “dejar claro lo que la Unión Europea puede y no puede hacer para mejorar las condiciones electorales”. Irónico pues debería ser lo contrario, es decir: qué debe hacer Maduro para que la Unión Europea acepte un proceso electoral.

Efecto y reacción

Así las cosas. Esta jugada abrirá un compás de espera para ver qué pasará. Por lo que la idea de que el asunto de las vías diplomáticas estaban superadas, dentro del proceso de la R2P, queda al menos en suspenso. Y no es que las negociaciones  deban suspenderse, es que insistir formalmente en ellas en este preciso momento es una indicación de que Guaidó estaría equivocado, de que la etapa diplomática de negociación no está acabada, tanto que un grupo importante de países consideran que todavía hay mucho espacio antes de avanzar en una acción contundente en el proceso de la R2P. Los partidos izquierdistas europeos se han convertido no tanto en un obstáculo, pero sí en una rémora para el avance en el apoyo de las luchas democráticas en Venezuela. Y en política la oportunidad del momento es clave.

Por su parte, EE.UU., por boca de la subsecretaria adjunta para el Hemisferio Occidental, Carrie Filipetti, reaccionó frontalmente dejando claro que “negociar con el régimen de Maduro no es la solución”. Y pidió a la Unión Europea que, sobre la base del informe de la misión internacional de investigación, fueran más proactivos e impusieran más sanciones a personas del entorno de Maduro. Y es allí donde no quieren ir el grupo de partidos izquierdistas europeos, como el actual PSOE y Podemos, y mantienen, con matices, una solidaridad automática con Maduro (aunque otros argumentan que en esto también cuentan las multimillonarias inversiones del dinero mal habido de los corruptos venezolanos, algunos buscados por la justicia norteamericana y otros señalados en el informe de la ONU).

La buena noticia es que el mencionado informe ha impactado de tal manera que el Congreso de los diputados de España, con los votos del PP, VOX, CIUDADANOS, PNV e incluso el PSOE se pronunció contra “las violaciones de los derechos civiles y democráticos” del régimen de Maduro en contra de la farsa electoral prevista. Y aunque se pide liderar en el seno de la Unión Europea “los esfuerzos internacionales para promover el Estado de Derecho y restaurar la democracia mediante elecciones democráticas, libres y transparentes en Venezuela cuando se den las circunstancias”, desde el PP se aseguró que este no es el camino que ha tomado Borrell.

Por ahora esperemos los resultados de la misión y preparémonos para que el régimen de Maduro comience el sainete del tira y encoge de las fechas y condiciones mínimas y máximas.

Otro nivel de juego

En todo caso, el tema Venezuela ahora está a otro nivel y Guaidó no debe embarcarse en este sainete, cuando hay mucho por cambiar para tener unas elecciones libres y justas, y esto solo lo lograría un gobierno de transición. Lo relevante es que Guaidó como presidente legítimo de Venezuela ha solicitado a la comunidad internacional que aplique la R2P y es responsabilidad de esa comunidad actuar, en este caso atípico en el cual es el mismo gobierno del país el que pide acciones internacionales para defender los derechos humanos de sus ciudadanos. Por lo que, como argumentan varios especialistas, cualquier acción multilateral no necesitaría otra sanción como podría ser el visto bueno del Consejo de Seguridad.

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