(Gobierno Constitucional -XI-)
Por CARLOS CANACHE MATA
El inicio del año 1961 está signado por la promulgación de la nueva Constitución de Venezuela –la número 26- en el Salón Elíptico del Capitolio Federal, ante los representantes de todos los Poderes Públicos, del Cuerpo Diplomático, del Alto Mando Militar, del Clero y de las organizaciones sindicales y empresariales. En dicho Salón, el Presidente del Congreso Nacional, doctor Raúl Leoni, había declarado sancionado el trascendental documento, una vez que todos los senadores y diputados presentes, ecabezados por él mismo y por el doctor Rafel Caldera, Presidente de la Cámara de Diputados, estamparon sus firmas en el trascendental documento. Ha sido nuestra Constitución con mayor vigencia, casi 40 años, seguida por la Constitución de 1830, que tuvo 27 años de vigencia, lo que en la inestable vida política de nuestro país no deja de ser una hazaña exitosa.
Es imperativo glosar el discurso que, en tal ocasión, pronunció el Presidente Rómulo Betancourt. “Día para ser inscrito en piedra miliar en los fastos de la República, éste de hoy, 23 de enero de 1961… Esta Constitución que hoy estrena la República no puede ser, y no será, una más entre las muchas constituciones que ha tenido Venezuela. En 150 años de vida independiente, ésta que hoy se sanciona completa el número 26 de las constituciones promulgadas…Entre asonadas y guerras civiles, con sus secuelas de autocracias y despotismos, vivió la República casi todo el siglo XIX y buena parte del XX, y en ese vórtice de violencias desatadas y de mandonerías imperiosas no pudieron estabilizarse las normas jurídicas que dieran fisonomía a un Estado democrático…”. Como el propio Presidente lo señala, se habían frustrado por años la intención y los propósitos consignados en la Constitución de 1811 y en la de 1819, y, en plan de profecía, auguraba que “esta Constitución que hoy promulgamos -lo he dejado dicho- debe durar y durará, para que regule jurídicamente las relaciones democráticas entre Estado y nación, no sólo por el período de gobierno que termina en 1964 sino por muchos otros más…”.
Más adelante dice: “Juro solemnemente, ante el pueblo y ante mi propia conciencia, cumplir y hacer cumplir esta Constitución; respetar y hacer respetar sus normas, que sancionadas como han quedado, adquieren identidad y categoría de mandato imperativo. Juro también que por respeto mismo a esta Constitución que hoy nace rodeada de la fe colectiva, y por lealtad a mi propia vida consagrada al establecimiento en Venezuela de un régimen de libertades públicas, utilizaré los instrumentos que esta Ley Fundamental pone en las manos del Presidente de la República para impedir que el orden público se subvierta, sea cual fuere la bandera esgrimida y las consignas agitadas por los empresarios del motín; y que impediré, con la colaboración de quienes me acompañen en el Consejo de Ministros, que las corrientes hostiles al sistema democrático de Gobierno lo desacrediten, debilitándolo” (cursivas de CCM). Venezuela, como toda sociedad moderna y organizada, necesita y reclama de sus gobernantes respeto a las libertades públicas, y junto con ese respeto la defensa decidida del Estado de Derecho frente a la conspiración totalitaria, tan repudiable si se exhibe bajo el atuendo de la clásica autocracia criolla como si se presenta con el ropaje novedoso de doctrinas y tácticas de importación, que le niegan vigencia al régimen representativo de gobierno para abrirles el camino a dictaduras de grupos o partidos” (1). Esa afirmación presidencial de utilización de los instrumentos establecidos en la Constitución, para asegurar el orden público y la estabilidad democrática, no fue hecha en vano, y como con la promulgación de la nueva Constitución quedaba derogado el decreto de suspensión de garantías del 28 de noviembre de 1960, en la noche del mismo 23 de enero la Gaceta Oficial publicó un nuevo decreto suspendiéndolas. Como el PCV y el MIR persistían en sus planes insurreccionales, el Ministro de Relaciones Interiores, doctor Luis Augusto Dubuc, explicó al país que era necesario mantener el régimen de excepción que se venía aplicando.
En virtud de que el artículo 242 de la Constitución recién promulgada ordenaba que el Decreto de suspensión de garantías debía ser “sometido a la consideración de las Cámaras en sesión conjunta o de la Comisión Delegada, dentro de los diez días siguientes a su publicación”, así se hizo. El debate que se realizó ha sido uno de los más largos de nuestra historia parlamentaria, en el que adversaron el Decreto el PCV, el MIR y URD, que se había separado del Gobierno de coalición a fines del año anterior y debutaba en el campo de la oposición. Se instalaron altavoces en los pasillos, porque se habían colmado las tribunas y palcos. El 1° de febrero concluyó el debate de las Cámaras reunidas en Congreso. Antes de la votación, la oposición acordó retirarse, y el resultado fue de 112 votos a favor del Decreto y 8 en contra.
El historiador Ramón J. Velásquez, escribe: “En febrero de 1961 ha cesado la agitación que en la calle protagonizan violentos grupos juveniles, ahora se habla de alzamientos militares, de conspiraciones de signo derechista, de protesta en los cuarteles contra el comunismo y contra el Gobierno. El 20 de febrero, a la media noche, el Coronel Edito Ramírez, Director de la Escuela Superior de Guerra penetra en compañía de un grupo de militares y civiles en la Escuela Militar, como jefe de un alzamiento militar en marcha…Ramírez contaba en el número de quienes criticaban al Gobierno como débil e ineficaz en su lucha contra el comunismo y el fidelismo en boga…La acción iniciada por Ramírez en la Escuela Militar fracasó y el golpe fue debelado antes del amanecer” (2).
¿Qué pasó ese 20 de febrero? Dejemos que sea el propio Coronel Edito Ramírez quien nos lo cuente: “…El año de 1960 termina con las garantías suspendidas, 19 muertos y buen número de heridos…Por esta fecha, la Universidad ya estaba convertida en arsenal de guerra y desde sus locales, se disparaba contra el Ejército. El Gobierno lo sabe, pero lo niega. Vale reseñar la cita que a su Despacho, hizo el Presidente Betancourt a un buen número de oficiales entre los que se encontraba quien esto apunta. No sé exactamente cual era el objeto de la reunión, pero sí estoy a conciencia de lo que en ella se trató. El Presidente asentó que durante su Gobierno no se ilegaliazaría ningún partido. Por consiguiente, no lo sería el Partido Comunista. Pasó después a referirse a los disturbios de la Universidad, para afirmar reiteradamente, que no había armas en el recinto Universitario. Mas, como un oficial de su entera confianza, insistiera en que sí las había y que lo había comprobado con su propio Batallón, Betancourt admitió que lo que tenían los estudiantes eran unos “revolvitos” que en ese mismo momento estaban entregando al Rector De Venanzi. Minutos después, cuando almorzábamos, cundió la alarma de que la Escuela Técnica había hecho fuegos de ametralladora sobre una patrulla militar, que pasaba por la Avenida frente a la Universidad y que, naturalmente, echó pie a tierra para responder el ataque. La confabulación que se hacía contra mi persona estaba, a esas alturas, en su máxima efervescencia, razón por la cual aproveché la cita a que hago referencia anteriormente, para hablar con el Presidente y ponerle las cartas sobre la mesa. En la noche de ese mismo día, salían en cajones por los cerros adyacentes a la Universidad las armas depositadas en su recinto…Fruto, pues, de todos estos factores fue el 20 de febrero del cual fui protagonista” (3). Del relato anterior, se deduce, se llega a la conclusión de que el Coronel Edito Ramírez actuó el 20 de febrero porque consideraba, como líneas arriba lo señala Ramón J. Velásquez, “al Gobierno como débil e ineficaz en su lucha contra el comunismo y el fidelismo en boga”.
Me he detenido en la reseña de la intentona del 20 de febrero porque conocí al Coronel Edito Ramírez personalmente y hablé cordialmente con él varias veces en el exilio en Madrid en el año de 1957 y, coincidiendo con Luis José Silva Luongo, “extraña que un oficial culto, con larga experiencia desde el 18 de octubre de 1945, que rompió con Pérez Jiménez, y luego de cursos de Estado Mayor en Bélgica, haya intentado semejante aventura militar” (4).
Sobre “el barcelonazo” que siguió después, me referiré ampliamente, por haber sido uno de los presos del golpe militar de ese día, en el próximo Collage.
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Notas
1-Rómulo Betancourt. “La Revolución Democrática en Venezuela 1959-1964”. Caracas/1968. Tomo I. Pág. 480-482.
2-Ramón J. Velásquez. “Aspectos de la Evolución Política de Venezuela en el Último Medio Siglo”. Venezuela Moderna 1926-1976. Fundación Eugenio Mendoza. Caracas 1976. Pág. 217.
3-Edito José Ramírez R (Coronel (R). “El 18 de octubre y la problemática venezolana actual 1945-1979”. Ávila Arte, S.A., Impresores Caracas/Venezuela/1981. Pág. 265-267.
4-Luis José Silva Luongo. “De Cipriano Castro a Carlos Andrés Pérez 1899-1979”. Hechos, vivencias y apreciaciones. 1° edición. Monte Ávila Editores. 2000. Pág. 396.