Ciudadano Libre – RAMÓN GUILLERMO AVELEDO
El proyecto de Ley de Ciudades Comunales disfraza una reforma constitucional en cuanto a derechos y garantías, distribución político territorial, orden económico y social. Contradice completamente las disposiciones fundamentales de la Carta de 1999, así como violenta el procedimiento previsto para modificarla.
El argumento de ilegitimidad del cuerpo legislativo que la discute es radicalmente insuficiente para encararlo como posibilidad que los venezolanos podremos padecer en la vida real.
Si estuviéramos en una cierta normalidad jurídica y democrática, que no es el caso, dadoque desde la Exposición de Motivos, reiteración de lugares comunes del discurso oficialista aderezada de adulante culto a la personalidad, no cumple con los requisitos del artículo 103 del Reglamento Interior y de Debates, el proyecto debió ser devuelto a su presentante por la Junta Directiva. En particular me refiero a la ausencia de una estimación de los recursos financieros exigidos para la implementación práctica de una ley como ésta, demasiado cuantiosos para un país en crisis. Y, por si fuera poco, adolece de fallas de técnica legislativa pues frecuentemente peca de ausencia de claridad, precisión y concisión. Pero esos no son inconvenientes insalvables para la noción del poder y la legislación prevaleciente en el grupo que manda.
Mal haríamos si nos dejamos confundir por su retórica, propia de la jerga de la neo-lengua “revolucionaria” o por la discusión acerca de cuál es la verdadera Asamblea Nacional. Su gravedad es su incompatibilidad radical con la Constitución, aunque la invoque con reiteración. La lista de contravenciones a la pauta constitucional es larga pero puede resumirse en una sola y definitiva: de modo mal disimulado, propone un modelo de Estado “Comunal” distinto al previsto e introduce expresamente una manera de modificar la división político-territorial de Venezuela previsto en los artículos 16, 17 y 18 constitucionales.
En el proyecto abundan las disposiciones de muy dudosa aplicabilidad práctica en todos los órdenes: institucional, social, económico, fiscal, del régimen de propiedad. La ley en su conjunto es una especie de tizana tóxica. En lógica es inaplicable, pero de cuyo eventual intento de implantación en serio, es predecible consecuencia la generación de un caos de proporciones desconocidas aún en un país con tan precaria institucionalidad sobreviviente como el nuestro.
Al contrario de lo que conviene al país, de la experiencia vivida y las intenciones que desde el mismo poder se anuncian, el proyecto regresa a la lógica estatista y colectivista íntimamente unida a las causas de nuestra crisis. A imagen y semejanza del modelo de las leyes del “Poder Popular” y el “Estado Comunal” de hace más de una década, cuando la abundancia de recursos fiscales disponibles estimulaba otras desmesuras, se reforma de facto la Constitución, desconociendo el mandato popular del referendo de 2007, se borra el pluralismo que no solo es político sino también social y económico y cual zombi regresan de ultratumba la ambigüedad sobre la propiedad privada, el socialismo como modelo de producción basado en la propiedad social, la planificación central. Su inconsistencia constitucional es veneno para la seguridad jurídica y por lo mismo para la confianza de inversionistas.
Constitucionalmente, la “ciudad comunal” es una ciudad fantasma, pero en la realidad, puede afectar dramáticamente y para peor, la vida de todos los venezolanos.