Por ANDRÉS OPPENHEIMER
Muchos de nosotros sospechábamos desde hace tiempo que varios gobiernos latinoamericanos han creado “ejércitos de tuiteros” para difamar a sus adversarios, pero algunos escándalos recientes en Venezuela y México parecen demostrarlo con lujo de detalles.
En Venezuela, la dictadura de Nicolás Maduro no solo está pagando a la gente un bono por escribir o re-tuitear mensajes progubernamentales, sino que lo hace abiertamente, según un nuevo estudio del Laboratorio de Investigación Forense Digital (DFR-Lab) del Atlantic Council, un centro de estudios en Washington D.C.
El informe, titulado “Autocracia digital: el control de Maduro del entorno de información en Venezuela”, dice que el régimen venezolano paga el equivalente a un salario mínimo a las personas que amplifican mensajes pro-gubernamentales al menos 400 veces al día.
“El régimen de Maduro ha implementado un amplio aparato de manipulación que va desde medidas represivas como la censura, el cierre de Internet y el silenciamiento de los críticos, hasta la propaganda ‘positiva’” como las publicaciones en Twitter “realizadas por ciudadanos pagados”, dice el informe.
Daniel Suárez Pérez, coautor del informe, me lo dijo en una entrevista telefónica desde Bogotá, Colombia que “hay muchos gobiernos que intentan influir en las redes sociales, pero Venezuela es el que lo hace más abiertamente”. Añadió que “se pueden encontrar instrucciones en las propias redes sociales del gobierno sobre cómo ganar dinero” re-titeando mensajes a favor de Maduro.
El Ministerio de Comunicación e Información del régimen venezolano, conocido por sus siglas MIPPCI, anuncia casi a diario en su cuenta de twitter la “etiqueta del día” a su ejército de tuiteros, dice el informe. Los tuiteros pagos por el gobierno luego escriben o re-tuitean mensajes usando la etiqueta recomendada.
Para recibir su pago, primero deben registrar sus cuentas de Twitter en una aplicación del gobierno vinculada al “Carnet de la Patria”, la identificación que usa el gobierno para pagar a los beneficiarios de sus planes sociales. A menudo, los tuiteros publican con orgullo los recibos del gobierno, mostrando cuánto dinero han ganado con sus tweets.
Un ejemplo publicado en una cuenta progubernamental de Telegram el 19 de enero muestra una “tabla de logros semanal” con un primer puesto de $384,000 bolívares, el equivalente a 22 centavos de dólar. Por poco que parezca, se trata de un salario mínimo semanal en el país, uno de los más pobres de América Latina.
En México, la agencia de noticias estatal Notimex ha sido acusada de crear cuentas en las redes sociales para atacar a los críticos del gobierno. La operación fue orquestada directamente por la directora de Notimex, Sanjuana Martínez, según un estudio realizado por el grupo de defensa de la libertad de prensa Artículo 19 y la universidad ITESO en Guadalajara.
El informe anual del Departamento de Estados sobre los Derechos Humanos , publicado el 30 de marzo, se refiere al caso Notimex y dice que los periodistas “que hicieron preguntas difíciles al presidente” luego recibieron “ataques a través de Twitter”.
Sorprendentemente, en lugar de despedir inmediatamente a la directora de Notimex, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador la ha apoyado. Un día después de la publicación del informe del Departamento de Estado, López Obrador dijo que Martínez “merece todo nuestro respeto y es una buena periodista”, y arremetió contra sus acusadores.
En los últimos años, también se ha reportado que el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, y la ex presidenta y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, también orquestaban redes en Twitter para hostigar a sus críticos.
Tal vez sea poco lo que podamos hacer con respecto a Venezuela, porque es una dictadura que está siguiendo los pasos de Cuba para suprimir totalmente la libertad de expresión.
Pero en el caso de México y otros países que se jactan de defender las libertades fundamentales, los ejércitos de tuiteros pro-gubernamentales deben ser denunciados por lo que son: ataques abiertos contra la libertad de expresión.