Por CARLOS CANACHE MATA
Todas las dictaduras son impresentables, pero si además se coronan con el oscuro adorno de unas relaciones cómplices con el narcotráfico y el narcoterrorismo, alcanzan la cima del desprecio nacional e internacional, con la sola excepción de los países con gobiernos de igual prosapia antidemocrática. Ése es el caso del régimen que desde hace más de veintidós años despotiza a Venezuela.
Aquí no hay libertad de expresión, se han cerrado y se siguen cerrando medios de comunicación, se reduce el espacio de los partidos políticos y sus autoridades legítimas se ven obligadas a confrontar la pretendida usurpación de autoridades asignadas judicialmente, se hostiliza hasta a las organizaciones no gubernamentales (ONGs), las cárceles se hinchan con presos políticos, han muerto las libertades democráticas que deambulan insepultas por las calles públicas, se enterró la separación de poderes (¡Ay!, gime Montesquieu desde su tumba), la Constitución y las leyes son papel mojado postrado a los pies de la arbitrariedad. El doctor Ramón Escovar León registra la tragedia que azota al país y señala su causa en artículo que publicó en El Nacional del día 14 de este mes de septiembre: “…Una demostración de que en Venezuela no hay Estado de derecho es que nuestro país se encuentra en el último puesto del índice de Estado de derecho publicado por la organización World Justice Project (WIP). Y ello porque el Poder Judicial está altamente sometido al grupo que controla el poder y sus sentencias carecen de credibilidad”. Por su parte, el doctor Víctor Rodríguez Cedeño, al referirse a la necesaria reinstitucionalización de la justicia, expresa: “…Reestructurar el sistema implica, entre otras, la constitución inmediata de un Tribunal Supremo de Justicia independiente, integrado por profesionales capaces, honestos, liberados de las órdenes y de las presiones políticas a las que ha estado sometido el actual tribunal, convertido en el brazo ‘judicial’ de la dictadura para perseguir y castigar sistemáticamente a la oposición y a la disidencia”. Solo así pasaría a ser árbitro de los conflictos de la sociedad venezolana y no guardia al servicio del Estado pretoriano que usurpa el poder en nuestro país.
Como es sabido, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó en el año 2019 la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela para investigar las acusaciones de violaciones de los derechos humanos (torturas, violencia sexual, tratos crueles) contra opositores del régimen que preside Nicolás Maduro, acusaciones soportadas en medios de prueba manipulados o sembrados; fue precisamente esa Misión la que presentó el pasado jueves 16 de septiembre su segundo informe, de 212 páginas, acerca del cual Marta Valiñas, la presidenta de la Misión, dijo: “Según nuestra última investigación existen motivos razonables para creer que en razón de una presión política que fue intensificándose, los jueces, las juezas y las y los fiscales han desempeñado, a través de sus actos y omisiones, un papel importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por diversos actores del Estado en Venezuela”.
También es muy grave que en ese informe, punto 73, de la Misión de la ONU, se reproduzca, a manera de confirmación, el testimonio de una víctima que informó a un tribunal venezolano que durante la sesión de interrogatorio fue asfixiado, lo que originó que fuera trasladado a un hospital militar para ser reanimado, y que “funcionarios de la DGCIM le señalaron que aplicarían el ‘Sippenhaft’… algunos funcionarios de la DGCIM fueron posteriormente a su casa y arrestaron a sus dos hermanas y a su cuñado”. ¿Qué es el Sippenhaft? Una práctica de castigo colectivo que utilizaban los nazis contra familiares y amigos del disidente acusado de un presunto delito, como forma de presión para obtener confesiones. En el informe de la Misión de la ONU se evidencia que ese procedimiento nazi, totalitario, lo aplica la dictadura venezolana, tal como también ha sido denunciado, con la presentación de casos concretos, por los medios de comunicación del país.
Se tiene al totalitarismo como un fenómeno característico del siglo XX, aunque diversos autores citan como antecedentes históricos, el dominio absoluto de los espartanos sobre los ilotas en la antigüedad griega, la época de Diocleciano con su régimen corporativo en el Imperio Romano, la existencia del que se llamó despotismo oriental en Asia, y la dictadura teocrática de Calvino en Ginebra que tuvo su mayor desarrollo desde 1555 hasta 1564. El totalitarismo moderno surge, en el siglo pasado, sobre la base de ideologías conservadoras, como el fascismo o el nazismo, liderados por Mussolini y Hitler, respectivamente, o sobre bases revolucionarias o de izquierda, como la dictadura soviética de Stalin.
Pero, en todos los casos, el totalitarismo recurre al terror, que forma parte de su ser, de su naturaleza. Se ha señalado “la utilización del terror como verdadera esencia del totalitarismo en cuanto sistema de gobierno”. Así lo apunta, en sus conclusiones, Hannah Arendt en su libro “Los Orígenes del Totalitarismo” (1951), del cual no puedo hacer la cita textual porque el ejemplar que tenía en mi biblioteca se lo regalé, poco antes de su muerte, a mi amigo Pompeyo Márquez, sí, a Pompeyo Márquez, quien al final de su tránsito vital fue autocrítico de la actuación guerrillera del Partido Comunista de Venezuela, en cuyas filas militó.
Entretanto, después del informe acusatorio de la Misión de la ONU, que deja al desnudo el talante totalitario de un régimen que recurre al terror policiaco del ‘sippenhaft’ nazi, los democraticidas de manos ensangrentadas refugiados en el Palacio de Miraflores continúan escribiendo órdenes que aumentan su propio prontuario, y los venezolanos, envueltos con la bandera de la “solidaridad del martirio” de que habló Albert Camus, seguiremos en la resistencia y en la lucha.