Por JESÚS TROCONIS
A raíz de la detención de Álex Saab, el 12 junio de 2020 en Cabo Verde, escribí acerca del asilo y la extradición. Ambos institutos jurídicos estrechamente vinculados con la protección de los derechos humanos fundamentales y la preservación del Estado de Derecho, económico, político y social.
Acusado por los delitos de corrupción, lavado de activos y blanqueo de dineros provenientes del narcotráfico es capturado el Buscón fenicio-colombiano, la mayúscula para evocar su semejanza con el personaje inmortal, consagrado por la pluma de Francisco de Quevedo, dueño de la picaresca española.
El apresamiento del señalado testaferro de Maduro desata un escándalo sin mensura y asesta un golpe contundente al régimen castro-chavista. Pone la defensa de la pluralidad de cargos delictivos que se le endilgan en manos de Baltazar Garzón, el ex juez tan experimentado como sórdido, quien asume la causa, por cuatro centavos equivalentes a 6 millones de euros. Enfilando sus argumentos y alegaciones contra la solicitud de extradición, deja a un lado el asilo, sólo procedente en el fuero político. Sin embargo, no alcanzó a refutar con éxito las acusaciones formuladas contra su cliente, todas, dentro del ámbito del Derecho Penal Internacional. A propósito la normativa jurídica correspondiente ha sido codificada, oportunamente, por la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, mejor conocida como la Convención de Palermo, y por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ambas en vigor a partir de 2003, con la resuelta aprobación de la Organización de Estados Americanos; la Organización Mundial de Aduanas; la Liga de los Estados Árabes; la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico; la Unión Africana y la Unión Europea.
En el curso del proceso, la solicitud de extradición interpuesta por EEUU ante la jurisdicción de Cabo Verde, admitida a trámite, culmina con una sentencia que establece el enjuiciamiento del empresario colombiano en los tribunales norteamericanos, bajo la sospecha de esconder la fortuna de Maduro y adláteres.
En Miami ha comenzado un juicio por el blanqueo de más de 350 millones de dólares. La discusión está centrada en la conceptualización de la extradición, entendida como una acción judicial que pretende la punición de un delito previsto en los ordenamientos jurídicos del país extraditante y del país concedente. No se trata del asilo, considerado una potestad discrecional del Estado sino de un acto propio de la jurisdicción, apegado al principio de la separación de los poderes públicos.
La dictadura, que gana desprestigio minuto a minuto, con la espada de las sanciones individuales sobre la cerviz , se da cuenta que las consecuencias del juzgamiento de Saab son impredecibles en las instancias judiciales de EEUU, el país de la Justicia.
Así, los roces con la comunidad internacional aumentan, en especial con la Unión Europea y Noruega, patrocinadores del diálogo entre la oposición y el régimen. La tensión al rojo vivo provoca los miedos y la ira de Maduro, quien rompe la baraja, suspendiendo esas conversaciones tras la extradición, lo que evidencia el fracaso rotundo para impedir la entrega del Buscón, Álex Saab.
Posteriormente, es cuando se descubre la creación de empresas de papel o fantasmas en México, Rusia, Hong Kong y Turquía que tienen como fin comercializar la exigua producción del petróleo en Venezuela, que apenas roza los 600.000 b/d.
Asimismo, apunto la carta del ex canciller Jorge Arreaza a Saab. En la misiva, le expresa literalmente que él posee información clasificada del régimen y que, aún extraditado, está sujeto a las leyes venezolanas, obligado a preservar el secreto de confidencialidad y lealtad. Arreaza, precavido, teme a las figuras del testigo de cargo, la acumulación de procesos penales y la acumulación de penas o condenas, consagradas en el sistema jurídico anglosajón.
El Gobierno venezolano, a un paso del abismo, eleva a rango de mártir al conseguidor y lo designa representante en la mesa dialogante. Queda de este modo al desnudo la ausencia de buena fe del régimen, relativa a las elecciones locales y regionales. A la par, Saab y sus cómplices pasan a los primeros lugares en la lista negra de la Oficina de Control de activos en el Extranjero (OFAC) del Gobierno de Biden.
Ojalá que estos despreciables actos de corrupción desprendan influencias positivas en el ideario ético y político de Josep Borrell, hasta ahora, partidario a rajatabla de los comicios de noviembre.
En aras de la salvaguarda de los valores democráticos me referiré a la devoción mimética de Borrell, que lanza la propuesta de la intervención multilateral como solución al conflicto de Afganistán, mediante la puesta en pie de una fuerza militar de acción rápida, integrada por 6 mil hombres. En contraste, para solucionar la crisis indecible que atraviesa Venezuela propone la celebración de elecciones libres, universales y secretas.
¿Es coherente una alternativa de fuerza para la crisis de Afganistán y una pacífica para resolver el problema venezolano?
Cierro, agregando a la extradición de Saab, dos causas, graves, bochornosas y vergonzantes que minan la invulnerabilidad aparente del régimen madurista:
1) Claudia Díaz, enfermera del extinto Hugo Chávez y presidente de un fondo de inversión estatal, será extraditada a EEUU por las acusaciones de blanqueo de capitales y pertenencia a un grupo criminal.
2) El general Hugo Carvajal, jefe de inteligencia de los gobiernos de Chávez y Maduro, prisionero en Madrid será extraditado a Estados Unidos por blanqueo de capitales y el delito del narcotráfico.
Alex Saab, el Buscón, en los estrados del Tribunal Federal de Miami, juzgado por los delitos de blanqueo de dinero y conspiración para cometer lavado de activos.
Lo peor está por venir, la acumulación de los procesos penales y la acumulación de las penas crece sin parar, incontenible.
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