*** Si el siglo XX fue la historia de un progreso lento y desigual hacia la victoria de la democracia liberal sobre otras ideologías -el comunismo, el fascismo, el nacionalismo virulento-, el siglo XXI es, hasta ahora, la historia de lo contrario, considera la autora.
Por ANNE APPLEBAUM
El futuro de la democracia podría decidirse en un monótono edificio de oficinas en las afueras de Vilnius, junto a una autopista atestada de conductores impacientes que se dirigen a la salida de la ciudad.
Allí conocí a Sviatlana Tsikhanouskaya esta primavera, en una sala con una mesa de conferencias, una pizarra y poco más. Su equipo -más de una docena de jóvenes periodistas, blogueros, vloggers y activistas- estaba en proceso de cambiar de oficina. Pero esa no era la única razón por la que el espacio se sentía rancio y superficial. Ninguno de ellos, especialmente Tsikhanouskaya, quería realmente estar en este feo edificio, o en la capital lituana en absoluto. Está allí porque probablemente ganó las elecciones presidenciales de 2020 en Bielorrusia, y porque el dictador bielorruso al que probablemente derrotó, Alexander Lukashenko, la obligó a abandonar el país inmediatamente después. Lituania le ofreció asilo. Su marido, Siarhei Tsikhanouski, sigue encarcelado en Bielorrusia.
Esto es lo primero que me dijo: «Mi historia es un poco diferente a la de los demás». Esto es lo que le dice a todo el mundo: que la suya no fue la típica vida de un disidente o de un político en ciernes. Antes de la primavera de 2020, no tenía mucho tiempo para la televisión o los periódicos. Tiene dos hijos, uno de los cuales nació sordo. En un día normal, los llevaba a la guardería, al médico, al parque.
Entonces su marido compró una casa y se topó con el muro de hormigón de la burocracia y la corrupción bielorrusas. Exasperado, empezó a hacer vídeos sobre sus experiencias y las de otros. Estos vídeos dieron lugar a un canal de YouTube; el canal atrajo a miles de seguidores. Recorrió el país, grabando las frustraciones de sus conciudadanos, conduciendo un coche con la frase «Real News» pegada en el lateral. Siarhei Tsikhanouski mostró un espejo a su sociedad. La gente se vio en ese espejo y respondió con el tipo de entusiasmo que a los políticos de la oposición les había costado crear en Bielorrusia.
«Al principio fue muy difícil porque la gente tenía miedo», me dijo Sviatlana Tsikhanouskaya. «Pero paso a paso, lentamente, se dieron cuenta de que Siarhei no tiene miedo». No tenía miedo de decir la verdad tal y como la veía; su ausencia de miedo inspiró a otros. Decidió presentarse a la presidencia. El régimen, reconociendo el poder del espejo de Siarhei, no le permitió registrar su candidatura, igual que no le había permitido registrar la propiedad de su casa. Puso fin a su campaña y lo arrestó.
Tsikhanouskaya se presentó en su lugar, sin más motivo que «demostrar mi amor por él». La policía y los burócratas la dejaron. Porque ¿qué daño podría hacer ella, esta simple ama de casa, esta mujer sin experiencia política? Y así, en julio de 2020, se inscribió como candidata. A diferencia de su marido, tenía miedo. Se despertaba «muy asustada» cada mañana, me dijo, y a veces se quedaba asustada todo el día. Pero siguió adelante. Lo cual fue, aunque ella no lo diga, increíblemente valiente. «Sientes esa responsabilidad, te levantas con ese dolor por esa gente que está en la cárcel, te acuestas con el mismo sentimiento».
Inesperadamente, Tsikhanouskaya tuvo éxito, no a pesar de su inexperiencia, sino gracias a ella. Su campaña se convirtió en una campaña sobre la gente corriente que se enfrenta al régimen. Otros dos destacados políticos de la oposición la apoyaron después de que sus propias campañas fueran bloqueadas, y cuando la esposa de uno de ellos y la directora de campaña del otro fueron fotografiadas junto a Tsikhanouskaya, su campaña se convirtió en algo más: una campaña sobre las mujeres corrientes: mujeres que habían sido abandonadas, mujeres que no tenían voz, incluso simplemente mujeres que amaban a sus maridos. Como contrapartida, el régimen se ensañó con estas tres mujeres. Tsikhanouskaya recibió una amenaza anónima: sus hijos serían «enviados a un orfanato». Los envió con su madre al extranjero, a Vilnius, y siguió haciendo campaña.
El 9 de agosto, los funcionarios electorales anunciaron que Lukashenko había ganado el 80% de los votos, una cifra que nadie creía. Se cortó Internet, y Tsikhanouskaya fue detenida por la policía y obligada a salir del país. Se produjeron manifestaciones masivas en toda Bielorrusia. Fueron tanto un estallido espontáneo de sentimientos -una respuesta popular al robo de las elecciones- como un proyecto cuidadosamente coordinado dirigido por jóvenes, algunos con sede en Varsovia, que llevaban varios años experimentando con los medios sociales y las nuevas formas de comunicación. Durante un breve y tentador momento, pareció que este levantamiento democrático podría prevalecer. Los bielorrusos compartieron un sentimiento de unidad nacional que nunca antes habían sentido. El régimen contraatacó inmediatamente, con verdadera brutalidad. Sin embargo, el ambiente de las protestas era en general feliz, optimista; la gente bailaba literalmente en las calles. En un país de menos de 10 millones de habitantes, hasta 1,5 millones de personas salían a la calle en un solo día, entre ellos pensionistas, aldeanos, trabajadores de fábricas e incluso, en algunos lugares, miembros de la policía y de los servicios de seguridad, algunos de los cuales se quitaban las insignias de sus uniformes o las tiraban a la basura.
Tsikhanouskaya dice que ella y muchos otros creyeron ingenuamente que, bajo esta presión, el dictador se rendiría. «Pensamos que entendería que estamos en su contra», me dijo. «Que la gente no quiere vivir bajo su dictadura, que ha perdido las elecciones». No tenían otro plan.
Al principio, Lukashenko tampoco parecía tener un plan. Pero sus vecinos sí. El 18 de agosto, un avión del FSB, los servicios de seguridad rusos, voló de Moscú a Minsk. Poco después, la táctica de Lukashenko sufrió un cambio drástico. Stephen Biegun, que era el subsecretario de Estado de Estados Unidos en aquel momento, describe el cambio como un giro hacia «formas más sofisticadas y controladas de reprimir a la población». Bielorrusia se convirtió en un ejemplo de libro de lo que el periodista William J. Dobson ha llamado «la curva de aprendizaje del dictador»: Las técnicas que se habían utilizado con éxito en el pasado para reprimir a las multitudes en Rusia se transfirieron sin problemas a Bielorrusia, junto con el personal que entendía cómo desplegarlas. Los periodistas de la televisión rusa llegaron para sustituir a los periodistas bielorrusos que se habían declarado en huelga, e inmediatamente intensificaron la campaña para presentar las manifestaciones como obra de estadounidenses y otros «enemigos» extranjeros. La policía rusa parece haber complementado a sus colegas bielorrusos, o al menos les ha asesorado, y comenzó una política de detenciones selectivas. Como Vladimir Putin descubrió hace mucho tiempo, las detenciones masivas son innecesarias si se puede encarcelar, torturar o posiblemente asesinar a unas pocas personas clave. El resto se asustará y se quedará en casa. Al final se volverán apáticos, porque creen que nada puede cambiar.
El paquete de rescate de Lukashenko, que recuerda al que Putin había diseñado para Bashar al-Assad en Siria seis años antes, contenía también elementos económicos. Las empresas rusas ofrecieron mercados para los productos bielorrusos que habían sido prohibidos por el Occidente democrático; por ejemplo, el contrabando de cigarrillos bielorrusos en la Unión Europea. Esto fue posible, en parte, porque ambos países comparten el mismo idioma. (Aunque aproximadamente entre un tercio y la mitad del país habla bielorruso, la mayor parte de los negocios públicos en Bielorrusia se realizan en ruso). Pero esta estrecha cooperación también ha sido posible porque Lukashenko y Putin, aunque son famosos por su antipatía, comparten una misma forma de ver el mundo. Ambos creen que su supervivencia personal es más importante que el bienestar de su pueblo. Ambos creen que un cambio de régimen supondría su muerte, su encarcelamiento o su exilio.
Ambos también aprendieron las lecciones de la Primavera Árabe, así como del recuerdo más lejano de 1989, cuando las dictaduras comunistas cayeron como fichas de dominó: Las revoluciones democráticas son contagiosas. Si se consigue acabar con ellas en un país, se puede evitar que empiecen en otros. Las manifestaciones anticorrupción y prodemocráticas de 2014 en Ucrania, que acabaron con el gobierno del presidente Viktor Yanukóvich, reforzaron este temor al contagio democrático. A Putin le enfurecieron esas protestas, entre otras cosas por el precedente que sentaron. Después de todo, si los ucranianos pudieron deshacerse de su corrupto dictador, ¿por qué no iban a querer los rusos hacer lo mismo?
Lukashenko aceptó de buen grado la ayuda rusa, se volvió contra su pueblo y se transformó de un abuelo autocrático y patriarcal -una especie de jefe de la granja colectiva nacional- en un tirano que se deleita con la crueldad. Con el apoyo de Putin, comenzó a abrir nuevos caminos. No sólo detenciones selectivas -un año después, los activistas de los derechos humanos dicen que más de 800 presos políticos siguen en la cárcel-, sino torturas. No sólo torturas, sino violaciones. No sólo torturas y violaciones, sino secuestros y, muy posiblemente, asesinatos.
El desprecio de Lukashenko por el Estado de Derecho -negando con cara de piedra la existencia de represión política en su país- y por cualquier cosa que se parezca a la decencia se extendió más allá de sus fronteras. En mayo de 2021, el control aéreo bielorruso obligó a un avión de pasajeros de Ryanair, de propiedad irlandesa, a aterrizar en Minsk para que uno de los pasajeros, Roman Protasevich, un joven disidente que vivía en el exilio, pudiera ser detenido; más tarde hizo confesiones públicas en televisión que parecían haber sido coaccionadas. En agosto, otro joven disidente que vivía en el exilio, Vitaly Shishov, apareció ahorcado en un parque de Kiev. Casi al mismo tiempo, el régimen de Lukashenko se propuso desestabilizar a sus vecinos de la UE forzando flujos de refugiados a través de sus fronteras: Bielorrusia atrajo a refugiados afganos e iraquíes a Minsk ofreciéndoles visados de turista, y luego los escoltó hasta las fronteras de Lituania, Letonia y Polonia y los obligó a cruzar ilegalmente a punta de pistola.
Lukashenko comenzó a actuar, en otras palabras, como si fuera intocable, tanto en su país como en el extranjero. Comenzó a infringir no sólo las leyes y costumbres de su propio país, sino también las de otros países y las de la comunidad internacional: leyes relativas al control del tráfico aéreo, al homicidio y a las fronteras. Los exiliados salieron del país; el equipo de Tsikhanouskaya se apresuró a reservar habitaciones de hotel o Airbnbs en Vilnius, a encontrar medios de apoyo, a aprender nuevos idiomas. La propia Tsikhanouskaya tuvo que hacer otra transición aún más difícil: de candidata popular a diplomática sofisticada. Esta vez, su inexperiencia jugó inicialmente en su contra. Al principio, pensó que si podía hablar con Angela Merkel o Emmanuel Macron, uno de ellos podría solucionar el problema. «Estaba segura de que son tan poderosos que pueden llamar a Lukashenko y decirle: ‘¡Para! ¿Cómo te atreves? », me dijo. Pero no pudieron.
Así que intentó hablar como lo hacían los líderes extranjeros, en un sofisticado lenguaje político. Eso tampoco funcionó. La experiencia fue desmoralizante: «A veces es muy difícil hablar de tu pueblo, de sus sufrimientos, y ver el vacío en los ojos de tus interlocutores». Empezó a utilizar el inglés sencillo que había aprendido en la escuela, para transmitir cosas sencillas. «Empecé a contar historias que les llegaran al corazón. Intenté hacerles sentir sólo un poco del dolor que sienten los bielorrusos». Ahora cuenta a todo el que quiera escuchar exactamente lo que me dijo a mí: «Soy una persona corriente, un ama de casa, madre de dos hijos, y estoy en la política porque otras personas corrientes están siendo golpeadas desnudas en las celdas de las cárceles». Lo que quiere son sanciones, unidad democrática, presión sobre el régimen, cualquier cosa que aumente el costo para que Lukashenko siga en el poder, para que Rusia lo mantenga en el poder. Cualquier cosa que pueda inducir a las élites empresariales y de seguridad de Bielorrusia a abandonarlo. Cualquier cosa que pueda persuadir a China e Irán de mantenerse al margen.
Para su sorpresa, Tsikhanouskaya se convirtió, por segunda vez, en un éxito arrollador. Encantó a Merkel y Macron, y a los diplomáticos de varios países. En julio, se reunió con el presidente Joe Biden, quien posteriormente amplió las sanciones estadounidenses a Bielorrusia para incluir a grandes empresas de varios sectores (tabaco, potasa, construcción) y a sus ejecutivos. La UE ya había prohibido la entrada de una serie de personas, empresas y tecnologías de Bielorrusia; tras el secuestro de Ryanair, la UE y el Reino Unido prohibieron también la aerolínea nacional bielorrusa. Lo que antes era un comercio floreciente entre Bielorrusia y Europa se ha reducido a un goteo. Tsikhanouskaya inspira a la gente a hacer sus propios sacrificios. El Ministro de Asuntos Exteriores lituano, Gabrielius Landsbergis, me dijo que su país estaba orgulloso de acogerla, aunque eso supusiera problemas en la frontera. «Si no somos libres de invitar a otras personas libres a nuestro país porque de alguna manera no es seguro, entonces la pregunta es: ¿podemos considerarnos libres?».
Tsikhanouskaya ha conseguido muchos otros seguidores y admiradores. No sólo cuenta con los jóvenes activistas de Vilnius, sino también con colegas de Polonia y Ucrania. Promueve valores que unen a millones de sus compatriotas, incluyendo a pensionistas como Nina Bahinskaya, una bisabuela que ha sido filmada gritando a la policía, y a trabajadores de a pie como Siarhei Hardziyevich, un periodista de 50 años de una ciudad de provincias, Drahichyn, que fue condenado por «insultar al presidente». De su lado tiene también a los amigos y familiares de los cientos de presos políticos que, como su propio marido, están pagando un alto precio sólo por querer vivir en un país con elecciones libres.
Pero sobre todo, Tsikhanouskaya tiene de su lado el poder narrativo combinado de lo que solíamos llamar el mundo libre. Tiene el lenguaje de los derechos humanos, la democracia y la justicia. Cuenta con las ONG y las organizaciones de derechos humanos que trabajan en las Naciones Unidas y otras instituciones internacionales para presionar a los regímenes autocráticos. Cuenta con el apoyo de personas de todo el mundo que siguen creyendo fervientemente que la política puede ser más civilizada, más racional, más humana, que pueden ver en ella una auténtica representante de esa causa.
¿Pero será suficiente? Mucho depende de la respuesta.
Todos tenemos en nuestra mente una imagen de caricatura de cómo es un estado autocrático. Hay un hombre malo en la cima. Controla a la policía. La policía amenaza al pueblo con la violencia. Hay colaboradores malvados, y tal vez algunos disidentes valientes.
Pero en el siglo XXI, esa caricatura se parece poco a la realidad. Hoy en día, las autocracias no están dirigidas por un solo tipo malo, sino por sofisticadas redes compuestas por estructuras financieras cleptocráticas, servicios de seguridad (militares, policía, grupos paramilitares, vigilancia) y propagandistas profesionales. Los miembros de estas redes están conectados no sólo dentro de un país determinado, sino entre muchos países. Las empresas corruptas y controladas por el Estado en una dictadura hacen negocios con empresas corruptas y controladas por el Estado en otra. La policía de un país puede armar, equipar y entrenar a la policía de otro. Los propagandistas comparten recursos -las granjas de trolls que promueven la propaganda de un dictador también pueden utilizarse para promover la propaganda de otro- y temas, transmitiendo los mismos mensajes sobre la debilidad de la democracia y la maldad de Estados Unidos.
Esto no quiere decir que haya una sala súper secreta donde se reúnen los malos, como en una película de James Bond. Tampoco la nueva alianza autocrática tiene una ideología unificadora. Entre los autócratas modernos hay personas que se autodenominan comunistas, nacionalistas y teócratas. Ningún país lidera este grupo. A Washington le gusta hablar de la influencia china, pero lo que realmente une a los miembros de este club es el deseo común de preservar y aumentar su poder y riqueza personales. A diferencia de las alianzas militares o políticas de otras épocas y lugares, los miembros de este grupo no operan como un bloque, sino como una aglomeración de empresas -llámese Autocracia C.A. Sus vínculos no están cimentados en ideales, sino en tratos -tratos diseñados para aliviar los boicots económicos de Occidente, o para enriquecerse personalmente-, por lo que pueden operar más allá de las fronteras geográficas e históricas.
Así pues, en teoría, Bielorrusia es un paria internacional: los aviones bielorrusos no pueden aterrizar en Europa, muchos productos bielorrusos no pueden venderse en Estados Unidos y la escandalosa brutalidad de Bielorrusia ha sido criticada por muchas instituciones internacionales. Pero en la práctica, el país sigue siendo un respetado miembro de Autocracia C.A. A pesar de que Lukashenko hace caso omiso de las normas internacionales, a pesar de que traspasa las fronteras para infringir las leyes, Bielorrusia sigue siendo el lugar de uno de los mayores proyectos de desarrollo de China en el extranjero. Irán ha ampliado su relación con Bielorrusia en el último año. Funcionarios cubanos han expresado su solidaridad con Lukashenko en la ONU, pidiendo el fin de la «injerencia extranjera» en los asuntos del país.
En teoría, Venezuela también es un paria internacional. Desde 2008, Estados Unidos ha añadido repetidamente más venezolanos a las listas de sanciones personales; desde 2019, los ciudadanos y las empresas estadounidenses tienen prohibido hacer cualquier tipo de negocio allí. Canadá, la UE y muchos de los vecinos sudamericanos de Venezuela mantienen sanciones contra el país. Y, sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro recibe préstamos así como inversiones petroleras de Rusia y China. Turquía facilita el comercio ilícito de oro venezolano. Cuba ha proporcionado durante mucho tiempo asesores de seguridad, así como tecnología de seguridad, a los gobernantes del país. El comercio internacional de narcóticos mantiene a algunos miembros del régimen bien abastecidos de zapatos y bolsos de diseño. Leopoldo López, una antigua estrella de la oposición que ahora vive en el exilio en España, ha observado que aunque los opositores de Maduro han recibido alguna ayuda extranjera, no es «nada comparable con lo que ha recibido Maduro.»
Al igual que la oposición bielorrusa, la venezolana cuenta con líderes carismáticos y activistas de base entregados que han convencido a millones de personas para que salgan a la calle a protestar. Si su único enemigo fuera el régimen venezolano, corrupto y en bancarrota, podrían ganar. Pero López y sus compañeros disidentes están luchando en realidad contra múltiples autócratas, en múltiples países. Como tantos otros ciudadanos de a pie impulsados a la política por la experiencia de la injusticia -como Sviatlana y Siarhei Tsikhanouski en Bielorrusia, como los líderes del extraordinario movimiento de protesta de Hong Kong, como los cubanos y los iraníes y los birmanos que presionan por la democracia en sus países- están luchando contra personas que controlan empresas estatales y pueden tomar decisiones de inversión por valor de miles de millones de dólares por razones puramente políticas. Luchan contra personas que pueden comprar sofisticada tecnología de vigilancia a China o bots a San Petersburgo. Sobre todo, luchan contra gente que se ha acostumbrado a los sentimientos y opiniones de sus compatriotas, así como a los sentimientos y opiniones de todos los demás. Porque Autocracia C.A. concede a sus miembros no sólo dinero y seguridad, sino también algo menos tangible y sin embargo igual de importante: la impunidad.
Los líderes de la Unión Soviética, la autocracia más poderosa de la segunda mitad del siglo XX, se preocupaban mucho por la forma en que eran percibidos en todo el mundo. Promovían enérgicamente la superioridad de su sistema político y se oponían cuando se les criticaba. Cuando el líder soviético Nikita Khrushchev blandió su zapato en una reunión de la Asamblea General de la ONU en 1960, fue porque un delegado filipino había expresado su simpatía por «los pueblos de Europa del Este y de otros lugares que han sido privados del libre ejercicio de sus derechos civiles y políticos».
Hoy en día, a los miembros más brutales de Autocracia C.A. no les importa mucho si sus países son criticados, ni por quién. Los líderes de Myanmar no tienen realmente ninguna ideología más allá del nacionalismo, el enriquecimiento propio y el deseo de permanecer en el poder. Los líderes de Irán descartan con confianza las opiniones de los infieles occidentales. Los líderes de Cuba y Venezuela desestiman las declaraciones de los extranjeros con el argumento de que son «imperialistas». Los dirigentes de China han pasado una década disputando el lenguaje de los derechos humanos utilizado durante mucho tiempo por las instituciones internacionales, convenciendo con éxito a muchas personas de todo el mundo de que estos conceptos «occidentales» no se aplican a ellos. Rusia ha pasado de ignorar las críticas extranjeras a burlarse de ellas. Tras la detención del disidente ruso Alexei Navalny a principios de este año, Amnistía Internacional lo designó «preso de conciencia», un venerable término que la organización de derechos humanos lleva utilizando desde la década de 1960. Los trolls rusos de las redes sociales montaron inmediatamente una campaña destinada a llamar la atención de Amnistía sobre unas declaraciones de Navalny de hace 15 años que parecían infringir las normas del grupo sobre lenguaje ofensivo. Amnistía mordió el anzuelo y retiró el título. Luego, cuando los funcionarios de Amnistía se dieron cuenta de que habían sido manipulados por los trolls, lo restablecieron. Los medios de comunicación estatales rusos se rieron burlonamente. No fue un buen momento para el movimiento de derechos humanos.
Impermeables a las críticas internacionales, los autócratas modernos utilizan tácticas agresivas para hacer frente a las protestas masivas y al descontento generalizado. Putin no tuvo reparos en organizar unas «elecciones» a principios de este año en las que se impidió a unas 9 millones de personas ser candidatos, el partido progubernamental recibió cinco veces más cobertura televisiva que todos los demás partidos juntos, circularon por Internet vídeos de funcionarios robando votos y los recuentos de votos fueron misteriosamente alterados. La junta birmana no se avergüenza de haber asesinado a cientos de manifestantes, incluidos jóvenes adolescentes, en las calles de Yangon. El gobierno chino se jacta de haber destruido el movimiento democrático popular de Hong Kong.
En los extremos, este tipo de desprecio puede derivar en lo que el activista internacional por la democracia Srdja Popovic llama el «modelo Maduro» de gobierno, que puede ser lo que Lukashenko está preparando en Bielorrusia. Los autócratas que lo adoptan están «dispuestos a pagar el precio de convertirse en un país totalmente fracasado, de ver a su país entrar en la categoría de Estados fracasados», aceptando el colapso económico, el aislamiento y la pobreza masiva si eso es lo que se necesita para mantenerse en el poder. Assad ha aplicado el modelo de Maduro en Siria. Y parece ser lo que los líderes talibanes tenían en mente este verano cuando ocuparon Kabul e inmediatamente comenzaron a arrestar y asesinar a funcionarios y civiles afganos. El colapso financiero era inminente, pero no les importó. Como dijo un funcionario occidental que trabaja en la región al Financial Times, «asumen que cualquier dinero que Occidente no les dé será sustituido por China, Pakistán, Rusia y Arabia Saudí». Y si el dinero no llega, ¿qué pasa? Su objetivo no es un Afganistán floreciente y próspero, sino un Afganistán donde ellos manden.
La adopción generalizada del modelo de Maduro ayuda a explicar por qué las declaraciones occidentales en el momento de la caída de Kabul sonaron tan patéticas. El jefe de la política exterior de la UE expresó su «profunda preocupación por los informes de graves violaciones de los derechos humanos» y pidió «negociaciones significativas basadas en la democracia, el estado de derecho y el gobierno constitucional», como si los talibanes estuvieran interesados en algo de eso. Ya sea «profunda preocupación», «sincera preocupación» o «profunda preocupación», ya sea expresada en nombre de Europa o de la Santa Sede, nada de eso importa: Declaraciones como esas no significan nada para los talibanes, los servicios de seguridad cubanos o el FSB ruso. Sus objetivos son el dinero y el poder personal. No se preocupan -de manera profunda, sincera o de otro modo- por la felicidad o el bienestar de sus conciudadanos, y mucho menos por las opiniones de los demás.
¿Cómo han conseguido los autócratas modernos tal impunidad? En parte, convenciendo a muchas otras personas en muchos otros países para que les sigan el juego. Algunas de esas personas, y algunos de esos países, podrían sorprenderle.
Si las historias de los jóvenes disidentes de Vilnius te enfadan, las de los uigures de Estambul te van a perseguir en sueños.
Hace unos meses, en un apartamento caluroso y sin aire sobre una tienda de ropa, conocí a Kalbinur Tursun. Llevaba un vestido verde oscuro con mangas de volantes. Su rostro, enmarcado por un pañuelo de cabeza bien dibujado, parecía el de una santa en un tríptico medieval. Su hija pequeña, con polainas de Mickey Mouse, jugaba con una tableta electrónica mientras hablábamos.
Tursun es uigur, miembro de la minoría china predominantemente musulmana, nacido en el territorio que los chinos llaman Xinjiang y que muchos uigures conocen como Turkestán Oriental. Tursun tuvo seis hijos, demasiados en un país donde hay normas estrictas que limitan los nacimientos. Además, quería criarlos como musulmanes; eso también era un problema en China. Cuando se quedó embarazada de nuevo, temió ser acosada por la policía, como suelen hacer con las mujeres con más de dos hijos. Ella y su marido decidieron trasladarse a Turquía. Consiguieron pasaportes para ellos y para su hijo menor, pero les dijeron que los otros pasaportes tardarían más. Debido a su embarazo, los tres vinieron a Estambul de todos modos; después de que ella y su hija se instalaran, su marido volvió a por el resto de la familia. Luego desapareció.
Eso fue hace cinco años. Tursun no ha vuelto a hablar con su marido desde entonces. En julio de 2017, habló con su hermana, que le prometió hacerse cargo de los hijos que le quedaban. Luego perdieron el contacto. Un año después de eso, Tursun se encontró con un vídeo que se pasaba por WhatsApp. Grabado en lo que parecía ser un orfanato chino, mostraba a niños uigures, con las cabezas afeitadas y todos vestidos igual, aprendiendo a hablar chino. Uno de los niños era su hija Ayshe.
Tursun me mostró el vídeo de su hija. También me enseñó una foto de su marido en una mezquita de Estambul. No puede hablar con ninguno de ellos, ni con el resto de sus hijos en China. No tiene forma de saber lo que están pensando. Puede que no sepan que los ha buscado. Podrían creer que los ha abandonado a propósito. Puede que hayan olvidado que existe. Mientras tanto, el tiempo pasa. La niña de los leggings de Mickey Mouse, que cantaba para sí misma mientras hablábamos, es la que nació en Turquía. Nunca ha conocido a su padre ni a sus hermanos en China. Pero sabe que algo va muy mal; cuando Tursun se calla un momento, embargada por la emoción, la niña deja la tableta y rodea el cuello de su madre con los brazos.
Aunque suene siniestro, la historia de Tursun no es única. La traductora de mi conversación con Tursun fue Nursiman Abdureshid. Ella también es uigur, también de Xinjiang, también casada, también con una hija, también viviendo ahora en Estambul. Abdureshid llegó a Turquía como estudiante, convencida de que contaba con el respaldo del Estado chino. Graduada en la Universidad de Finanzas y Economía de Shanghai, había estudiado administración de empresas, había aprendido un excelente turco e inglés y había hecho amigos de etnia china. Nunca se había considerado una rebelde o una disidente. ¿Por qué habría de hacerlo? Era una historia de éxito chino.
La ruptura de Abdureshid con su antigua vida se produjo en junio de 2017, cuando, tras una conversación ordinaria con su familia en China, dejaron de responder a sus llamadas. Envió mensajes de texto y no obtuvo respuesta. Pasaron las semanas. Después de muchos meses, se puso en contacto con el consulado en Estambul -pidió a un amigo turco que llamara por ella- y los funcionarios de allí le dijeron finalmente la verdad: su padre, su madre y su hermano menor estaban en campos de prisioneros, cada uno por «preparación para cometer actividades terroristas.»
A Jevlan Shirmemet, otro estudiante uigur de Estambul, se le imputó una acusación similar. Al igual que Abdureshid, se dio cuenta de que algo iba mal cuando su madre y otros familiares dejaron de responder a los mensajes de texto. Luego le bloquearon en WeChat, la aplicación de mensajería china. Casi dos años después, se enteró de que estaban en campos de prisioneros. Los diplomáticos chinos también le acusaron de tener contactos «antichinos» en Egipto. Shirmemet les dijo que nunca había estado en Egipto. Demuéstrelo, le respondieron, y luego añadieron: coopere con nosotros, díganos quiénes son todos sus amigos, haga una lista de todos los lugares en los que ha estado, conviértase en informante. Se negó y -aunque tampoco tenía el temperamento de un disidente- decidió hablar en las redes sociales. «Había permanecido en silencio, pero mi silencio no protegía a mi familia», me dijo.
Turquía alberga a unos 50.000 uigures exiliados, y hay docenas, cientos, quizás miles de estas historias allí. İlyas Doğan, un abogado turco que ha representado a algunos de los uigures, me dijo que, hasta 2017, muy pocos de ellos eran políticamente activos. Pero después de que amigos y familiares empezaran a desaparecer en «campos de reeducación» -campos de concentración, de hecho- creados por el Estado chino, la situación cambió.
Tursun y un grupo de otras mujeres que habían perdido a sus hijos organizaron una marcha de protesta desde Estambul hasta Ankara, una distancia de más de 434 kilómetros, y luego se plantaron frente a un edificio de la ONU, exigiendo ser escuchadas. Abdureshid habló en la conferencia de uno de los partidos de la oposición turca. «Hace cuatro años que no oigo la voz de mi madre», dijo al público. Un vídeo del discurso se hizo viral; cuando almorzamos en un restaurante de un barrio uigur, un camarero la reconoció y le dio las gracias por ello.
En otra época -en un mundo con una configuración geopolítica diferente, en un momento en el que el lenguaje de los derechos humanos no hubiera sido socavado tan ampliamente- estos disidentes tendrían mucha simpatía oficial en Turquía, una nación que está singularmente vinculada a la comunidad uigur por lazos de religión, etnia y lengua. En 2009, incluso antes de que se abrieran los campos de concentración, Recep Tayyip Erdoğan, que era entonces el primer ministro turco, calificó la represión china de los uigures de «genocidio». En 2012, llevó a hombres de negocios a Xinjiang y prometió invertir en empresas uigures allí. Lo hizo porque era popular. En la medida en que los turcos de a pie saben lo que les ocurre a sus primos uigures, se solidarizan.
Sin embargo, desde entonces, el propio Erdoğan -que llegó a la presidencia en 2014- se ha vuelto contra el Estado de Derecho, los medios de comunicación independientes y los tribunales independientes en su país. A medida que se ha vuelto abiertamente hostil a sus antiguos aliados europeos y de la OTAN, y que ha detenido y encarcelado a sus propios disidentes, el interés de Erdoğan por la amistad, la inversión y la tecnología chinas ha aumentado, junto con su disposición a hacerse eco de la propaganda china. En el centenario del Partido Comunista Chino, el periódico insignia de su partido publicó un largo y solemne artículo -que en realidad era contenido patrocinado- bajo el titular «Los 100 años de historia gloriosa del Partido Comunista Chino y los secretos de su éxito.» Junto a estos cambios, la política del gobierno hacia los uigures también ha cambiado.
En los últimos años, el gobierno turco ha vigilado y detenido a uigures bajo falsos cargos de terrorismo, y ha deportado a algunos, incluidos cuatro que fueron enviados a Tayikistán y luego entregados inmediatamente a China en 2019. En Estambul, conocí a un uigur -prefirió permanecer en el anonimato- que había pasado un tiempo en un centro de detención turco, junto con parte de su familia, a raíz de lo que, según él, eran falsas acusaciones de «terrorismo.» La presencia de las fuerzas prochinas en los medios de comunicación, la política y los negocios turcos ha ido en aumento, y últimamente se afanan en menospreciar a los uigures. Curiosamente, el discurso de Abdureshid fue cortado de la transmisión por la televisión pública de la conferencia del partido de la oposición a la que asistió. Después de que empezara a circular por las redes sociales, fue atacada públicamente por un político turco, Doğu Perinçek, un antiguo maoísta prochino, antioccidental y bastante influyente. Después de que Perinçek la calificara de «terrorista» en la televisión, se produjo una oleada de ataques en línea.
El ambiente empeoró a finales de 2020, cuando un retraso en el envío de vacunas COVID-19 por parte de China coincidió con la presión de Pekín sobre Turquía para que firmara un tratado de extradición que habría facilitado aún más la deportación de uigures. Después de que los partidos de la oposición se opusieran, tanto el gobierno turco como el chino negaron que la entrega del cargamento de vacunas estuviera condicionada de algún modo a la deportación de uigures, pero el momento sigue siendo sospechoso. Varios uigures en Estambul me dijeron que elementos corruptos de la policía turca ya trabajan directamente con los chinos. No tienen pruebas, y Doğan, el abogado turco, me dijo que duda de que sea así; aun así, cree que, a pesar de los antiguos lazos culturales, al gobierno turco no le importaría que los uigures dejaran de protestar o se trasladaran tranquilamente a otro lugar.
Por el momento, los uigures de Turquía siguen estando protegidos por lo que queda de democracia allí: los partidos de la oposición, algunos medios de comunicación, la opinión pública. Un gobierno que se enfrente a unas elecciones democráticas, incluso sesgadas, debe seguir teniendo en cuenta estas cosas. En los países en los que la oposición, los medios de comunicación y la opinión pública importan menos, el equilibrio es diferente. Esto se puede ver incluso en países musulmanes, de los que se podría esperar que se opusieran a la opresión de otros musulmanes. El primer ministro pakistaní, Imran Khan, ha declarado sin tapujos que «aceptamos la versión china» del conflicto chino-uygur. Los saudíes, los emiratíes y los egipcios han arrestado, detenido y deportado supuestamente a uigures sin mucha discusión. No es casualidad que todos ellos sean países que buscan buenas relaciones económicas con China y que han comprado tecnología de vigilancia china. A los autócratas y aspirantes a autócratas de todo el mundo, los chinos les ofrecen un paquete que se parece a esto: Aceptar seguir el ejemplo de China en Hong Kong, el Tíbet, los uigures y los derechos humanos en general. Comprar equipos de vigilancia chinos. Aceptar la inversión masiva de China (preferiblemente en empresas que usted controla personalmente, o que al menos le pagan sobornos). Después, siéntese y relájese, sabiendo que, por muy mala que sea su imagen a los ojos de la comunidad internacional de derechos humanos, usted y sus amigos seguirán en el poder.
¿Y qué tan diferentes somos? Los americanos, los europeos, ¿estamos tan seguros de que nuestras instituciones, nuestros partidos políticos, nuestros medios de comunicación nunca podrían ser manipulados de la misma manera? En la primavera de 2016, ayudé a publicar un informe sobre el uso ruso de la desinformación en Europa Central y Oriental: los ya conocidos esfuerzos rusos por manipular las conversaciones políticas en otros países utilizando las redes sociales, los sitios web falsos, la financiación de los partidos extremistas, las comunicaciones privadas hackeadas, etc. Mi colega Edward Lucas, investigador principal del Centro de Análisis de Políticas Europeas, y yo lo llevamos al Capitolio, al Departamento de Estado y a cualquier persona de Washington que quisiera escuchar. La respuesta fue un educado interés, nada más. Lamentamos mucho que Eslovaquia y Eslovenia tengan estos problemas, pero esto no puede ocurrir aquí.
Unos meses más tarde, ocurrió aquí. Los trolls rusos que operan desde San Petersburgo trataron de cambiar el resultado de las elecciones estadounidenses de la misma manera que lo habían hecho en Europa Central, utilizando páginas falsas de Facebook (a veces haciéndose pasar por grupos antiinmigración, a veces haciéndose pasar por activistas negros), cuentas falsas de Twitter, e intentos de infiltrarse en grupos como la Asociación Nacional del Rifle, así como armando material hackeado del Comité Nacional Demócrata. Algunos estadounidenses celebraron activamente esta intervención, e incluso trataron de aprovechar lo que imaginaban que podría ser una capacidad técnica rusa más amplia. «Si es lo que dices me encanta», escribió Donald Trump Jr. a un intermediario de un abogado ruso que creía que tenía acceso a información perjudicial sobre Hillary Clinton. En 2008, Trump Jr. había dicho en una conferencia de negocios que «los rusos constituyen una sección transversal bastante desproporcionada de muchos de nuestros activos», y en 2016, la inversión a largo plazo de Rusia en el imperio empresarial de Trump dio sus frutos. En la familia Trump, el Kremlin tenía algo mejor que espías: aliados cínicos, nihilistas, endeudados y a largo plazo.
A pesar del estridente debate nacional sobre la injerencia rusa en las elecciones, no parece que hayamos aprendido mucho de ella, si nuestro pensamiento sobre las operaciones de influencia chinas es un indicio. El Frente Unido es el proyecto de influencia del Partido Comunista Chino, más sutil y estratégico que la versión rusa, diseñado no para poner en peligro la política democrática, sino para dar forma a la naturaleza de las conversaciones sobre China en todo el mundo. Entre otros esfuerzos, el Frente Unido crea programas educativos y de intercambio, intenta moldear la atmósfera dentro de las comunidades chinas en el exilio y corteja a cualquiera que esté dispuesto a ser un portavoz de facto de China. Pero en 2019, cuando Peter Mattis, experto en China y promotor de la democracia, trató de discutir el programa del Frente Unido con un analista de la CIA, recibió el mismo tipo de rechazo cortés que Lucas y yo habíamos escuchado unos años antes. «Esto no es Australia», le dijo el analista de la CIA, según el testimonio que Mattis prestó ante el Congreso, refiriéndose a una serie de escándalos en los que estaban implicados empresarios chinos y chinos australianos que supuestamente intentaban comprar influencia política en Canberra. Lamentamos mucho que Australia tenga estos problemas, pero eso no puede ocurrir aquí.
¿No es posible? La controversia ya ha envuelto a muchos de los Institutos Confucio financiados por China y establecidos en universidades estadounidenses, algunos de cuyos profesores, bajo el pretexto de ofrecer cursos benignos de lengua china y caligrafía, se involucraron en esfuerzos para moldear el debate académico a favor de China, una clásica empresa del Frente Unido. El largo brazo del Estado chino también ha alcanzado a los disidentes chinos en Estados Unidos. Las oficinas en Washington, D.C., y Maryland de la Fundación Wei Jingsheng, un grupo que lleva el nombre de uno de los activistas democráticos más famosos de China, han sido asaltadas más de una docena de veces en las últimas dos décadas. Ciping Huang, director ejecutivo de la fundación, me dijo que han desaparecido ordenadores viejos, se han cortado las líneas telefónicas y se ha tirado el correo al retrete. El objetivo principal parece ser que los activistas sepan que hay alguien ahí. Los activistas democráticos chinos que viven en Estados Unidos, al igual que los uigures de Estambul, han recibido la visita de agentes chinos que intentan persuadirlos, o chantajearlos, para que regresen a su país. Otros han sufrido extraños accidentes de coche; los percances se producen regularmente cuando se dirigen a la ceremonia anual que se celebra en Nueva York con motivo del aniversario de la masacre de la plaza de Tiananmen.
La influencia china, como la influencia autoritaria en general, puede adoptar formas aún más sutiles, utilizando zanahorias en lugar de palos. Si sigues la línea oficial, si no criticas el historial de derechos humanos de China, surgirán oportunidades para ti. En 2018, McKinsey organizó un retiro corporativo sin ton ni son en Kashgar, a pocos kilómetros de un campo de internamiento uigur, el mismo tipo de campo donde los maridos, padres y hermanos de Tursun, Shirmemet y Abdureshid han sido encarcelados. McKinsey tenía buenas razones para no hablar de derechos humanos en el retiro: Según The New York Times, el gigante de la consultoría asesoraba en la época de ese evento a 22 de las 100 mayores empresas estatales chinas, incluida una que había ayudado a construir las islas artificiales en el Mar de China Meridional que tanto han alarmado al ejército estadounidense.
Pero tal vez sea injusto elegir a McKinsey. La lista de grandes empresas estadounidenses atrapadas en redes enmarañadas de vínculos personales, financieros y empresariales con China, Rusia y otras autocracias es muy larga. Durante las elecciones rusas de septiembre de 2021, fuertemente manipuladas y deliberadamente confusas, tanto Apple como Google retiraron aplicaciones que habían sido diseñadas para ayudar a los votantes rusos a decidir qué candidatos de la oposición elegir, después de que las autoridades rusas amenazaran con procesar a los empleados locales de las empresas. Las aplicaciones habían sido creadas por el movimiento anticorrupción de Alexei Navalny, el movimiento de oposición más viable del país, al que no se le permitió participar en la campaña electoral. Navalny, que sigue en la cárcel por cargos absurdos, hizo una declaración a través de Twitter en la que culpaba a los magnates empresariales más famosos de la democracia estadounidense:
«Una cosa es cuando los monopolios de Internet están gobernados por lindos nerds amantes de la libertad con sólidos principios de vida. Es completamente diferente cuando sus responsables son a la vez cobardes y codiciosos… De pie frente a las enormes pantallas, nos hablan de ‘hacer del mundo un lugar mejor’, pero por dentro son mentirosos e hipócritas».
La lista de otras industrias que podrían describirse de forma similar como «cobardes y codiciosas» es también muy larga, y se extiende incluso a Hollywood, la música pop y los deportes. Cuando los distribuidores se pusieron nerviosos por una posible reacción china a un remake de 2012 de MGM de una película de la época de la Guerra Fría que reformulaba a los invasores soviéticos como chinos, el estudio hizo que la película se modificara digitalmente para que los malos fueran norcoreanos. En 2019, el comisionado de la NBA, Adam Silver, junto con varias estrellas del baloncesto, expresaron su remordimiento a China después de que el director general de los Houston Rockets tuiteara su apoyo a los demócratas de Hong Kong. Más abyecto aún fue Qazaq: History of the Golden Man, un documental adulador de ocho horas sobre la vida de Nursultan Nazarbayev, el brutal gobernante de Kazajistán durante mucho tiempo, producido en 2021 por el director de Hollywood Oliver Stone. O consideremos lo que hizo la rapera Nicki Minaj en 2015, cuando fue criticada por dar un concierto en Angola, organizado por una empresa de la que era copropietaria la hija del dictador de ese país, José Eduardo dos Santos. Minaj publicó dos fotos de sí misma en Instagram, una en la que aparece envuelta en la bandera angoleña y otra junto a la hija del dictador, subtitulada con estas inmortales palabras: «Oh, no es gran cosa… sólo es la octava mujer más rica del mundo. (Al menos eso es lo que me dijo alguien antes de tomar esta foto). ¡¡¡¡¡Yikes!!!!! ¡¡¡¡¡GIRL POWER!!!!! Esto me motiva muchísimo!!!!»
Si los autócratas y los cleptócratas no sienten vergüenza, ¿por qué deberían hacerlo las celebridades estadounidenses que se benefician de su generosidad? ¿Por qué deberían hacerlo sus fans? ¿Por qué deberían hacerlo sus patrocinadores?
Si el siglo XX fue la historia de una lucha lenta y desigual, que terminó con la victoria de la democracia liberal sobre otras ideologías -el comunismo, el fascismo, el nacionalismo virulento-, el siglo XXI es, hasta ahora, la historia de lo contrario. Freedom House, que publica un informe anual sobre «La libertad en el mundo» desde hace casi 50 años, tituló su edición de 2021 «La democracia en estado de sitio». El académico de Stanford Larry Diamond califica esta era de «regresión democrática». No todo el mundo es igual de pesimista: el activista por la democracia, Urdja Popovic, sostiene que los enfrentamientos entre los autócratas y sus poblaciones son cada vez más duros, precisamente porque los movimientos democráticos están cada vez más articulados y mejor organizados. Pero casi todos los que reflexionan sobre este tema coinciden en que la vieja caja de herramientas diplomáticas que se utilizaba para apoyar a los demócratas en todo el mundo está oxidada y anticuada.
Las tácticas que solían funcionar ya no lo hacen. Ciertamente, las sanciones, especialmente cuando se aplican apresuradamente tras algún atropello, no tienen el impacto de antaño. A veces pueden parecer, como dice Stephen Biegun, ex subsecretario de Estado, «un ejercicio de autogratificación», a la par que «condenas severas de la última farsa electoral». Eso no significa que no tengan ningún impacto. Pero aunque las sanciones personales a funcionarios rusos corruptos puedan hacer imposible que algunos rusos visiten sus casas en Cap Ferrat, por ejemplo, o a sus hijos en la London School of Economics, no han persuadido a Putin para que deje de invadir otros países, de interferir en la política europea y estadounidense, o de envenenar a sus propios disidentes. Tampoco décadas de sanciones estadounidenses han cambiado el comportamiento del régimen iraní o del venezolano, a pesar de su indiscutible impacto económico. Con demasiada frecuencia, se permite que las sanciones se deterioren con el paso del tiempo; con la misma frecuencia, las autocracias se ayudan ahora a sortearlas.
Estados Unidos sigue gastando dinero en proyectos que podrían llamarse vagamente «ayuda a la democracia», pero las cantidades son muy bajas en comparación con lo que el mundo autoritario está dispuesto a poner. La Fundación Nacional para la Democracia, una institución única que tiene una junta independiente (de la que soy miembro), recibió 300 millones de dólares de financiación del Congreso en 2020 para apoyar a organizaciones cívicas, medios de comunicación no estatales y proyectos educativos en unas 100 autocracias y democracias débiles de todo el mundo. Las emisoras norteamericanas en lengua extranjera, habiendo sobrevivido al todavía inexplicable intento de la administración Trump de destruirlas, también siguen sirviendo como fuentes independientes de información en algunas sociedades cerradas. Pero mientras Radio Free Europe/Radio Liberty gasta algo más de 22 millones de dólares en emisiones en lengua rusa (por poner un ejemplo) cada año, y Voice of America algo más de 8 millones de dólares, el gobierno ruso gasta miles de millones en los medios de comunicación estatales en lengua rusa que se ven y escuchan en toda Europa del Este, desde Alemania a Moldavia o Kazajistán. Los 33 millones de dólares que Radio Free Asia gasta para emitir en birmano, cantonés, jemer, coreano, laosiano, mandarín, tibetano, uigur y vietnamita palidecen al lado de los miles de millones que China gasta en medios y comunicaciones tanto dentro de sus fronteras como en todo el mundo.
Nuestros esfuerzos son incluso menores de lo que parece, porque los medios de comunicación tradicionales son sólo una parte de la forma en que las autocracias modernas se promocionan. Todavía no tenemos una respuesta real a la Iniciativa del Cinturón y la Ruta de China, que ofrece acuerdos de infraestructura a países de todo el mundo, a menudo permitiendo a los líderes locales obtener sobornos y cosechando a cambio una cobertura mediática positiva subvencionada por China. No tenemos el equivalente a un Frente Unido, ni ninguna otra estrategia para dar forma al debate dentro y sobre China. No llevamos a cabo campañas de influencia en línea dentro de Rusia. No tenemos una respuesta a la desinformación, inyectada por granjas de trolls en el extranjero, que circula por Facebook dentro de Estados Unidos, y mucho menos un plan para contrarrestar la desinformación que circula dentro de las autocracias.
El presidente Biden es muy consciente de este desequilibrio y dice que quiere revitalizar la alianza democrática y el papel de liderazgo de Estados Unidos dentro de ella. Para ello, el presidente está convocando una cumbre en línea los días 9 y 10 de diciembre para «galvanizar compromisos e iniciativas» en ayuda de tres temas: «la defensa contra el autoritarismo, la lucha contra la corrupción y la promoción del respeto a los derechos humanos».
Eso suena bien, pero a menos que anuncie cambios profundos en nuestro propio comportamiento, significa muy poco. La «lucha contra la corrupción» no es sólo una cuestión de política exterior, después de todo. Si en el mundo democrático nos lo tomamos en serio, no podemos seguir permitiendo que los kazajos y los venezolanos compren propiedades de forma anónima en Londres o Miami, o que los gobernantes de Angola y Myanmar oculten dinero en Delaware o Nevada. Necesitamos, en otras palabras, hacer cambios en nuestro propio sistema, y eso puede requerir superar la feroz resistencia interna de los grupos empresariales que se benefician de él. Tenemos que cerrar los paraísos fiscales, aplicar las leyes de blanqueo de dinero, dejar de vender tecnología de seguridad y vigilancia a las autocracias y desprendernos por completo de los regímenes más despiadados. En este sentido, tendremos que incluir a Europa, especialmente al Reino Unido, así como a socios de otros lugares, y eso requerirá mucha diplomacia vigorosa.
Lo mismo ocurre con la lucha por los derechos humanos. Las declaraciones realizadas en una cumbre diplomática no servirán de mucho si los políticos, los ciudadanos y las empresas no actúan como si fueran importantes. Para lograr un cambio real, el gobierno de Biden tendrá que hacer preguntas difíciles y tomar grandes decisiones. ¿Cómo podemos obligar a Apple y a Google a respetar los derechos de los demócratas rusos? ¿Cómo podemos asegurarnos de que los fabricantes occidentales excluyan de sus cadenas de suministro todo lo producido en un campo de concentración uigur? Necesitamos una mayor inversión en medios de comunicación independientes en todo el mundo, una estrategia para llegar a la gente dentro de las autocracias, nuevas instituciones internacionales que sustituyan a los difuntos organismos de derechos humanos de la ONU. Necesitamos una forma de coordinar la respuesta de las naciones democráticas cuando las autocracias cometen crímenes fuera de sus fronteras, ya sea que el Estado ruso asesine gente en Berlín o en Salisbury, Inglaterra; que el dictador bielorruso secuestre un vuelo comercial; o que los agentes chinos acosen a los exiliados en Washington, D.C. Hasta ahora, no tenemos ninguna estrategia transnacional diseñada para enfrentar este problema transnacional.
Esta ausencia de estrategia refleja algo más que negligencia. La centralidad de la democracia en la política exterior estadounidense ha estado disminuyendo durante muchos años, más o menos al mismo ritmo, quizá no por casualidad, que el declive del respeto por la democracia en los propios Estados Unidos. La presidencia de Trump fue una muestra de cuatro años de desprecio no solo por el proceso político estadounidense, sino por los aliados democráticos históricos de Estados Unidos, a los que señaló para abusar de ellos. El presidente describió a los líderes británicos y alemanes como «perdedores» y al primer ministro canadiense como «deshonesto» y «débil», mientras se arrimaba a los autócratas -el presidente turco, el presidente ruso, la familia gobernante saudí y el dictador norcoreano, entre ellos- con los que se sentía más cómodo, y no es de extrañar: Durante muchos años ha compartido su filosofía de inversiones sin preguntas. En 2008, el oligarca ruso Dmitry Rybolovlev pagó a Trump 95 millones de dólares -más del doble de lo que Trump había pagado sólo cuatro años antes- por una casa en Palm Beach que nadie más parecía querer; en 2012, Trump puso su nombre en un edificio en Bakú, Azerbaiyán, propiedad de una empresa con aparentes vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán. Trump se siente perfectamente en casa en Autocracia C.A. y aceleró la erosión de las reglas y normas que le han permitido echar raíces en Estados Unidos.
Al mismo tiempo, una parte de la izquierda estadounidense ha abandonado la idea de que la «democracia» debe estar en el centro de la política exterior de Estados Unidos, no por codicia y cinismo, sino por la pérdida de fe en la democracia en casa. Convencidos de que la historia de Estados Unidos es la historia del genocidio, la esclavitud, la explotación y no mucho más, no ven el valor de hacer causa común con Sviatlana Tsikhanouskaya, Nursiman Abdureshid o cualquier otra persona ordinaria de todo el mundo obligada a hacer política por su experiencia de profunda injusticia. Centrados en los propios y amargos problemas de Estados Unidos, ya no creen que este país tenga nada que ofrecer al resto del mundo: Aunque los manifestantes prodemocráticos de Hong Kong que ondean banderas estadounidenses creen en muchas de las mismas cosas que nosotros, sus peticiones de apoyo estadounidense en 2019 no provocaron una ola significativa de activismo juvenil en Estados Unidos, ni siquiera algo comparable al movimiento antiapartheid de los años ochenta.
Al identificar erróneamente la promoción de la democracia en todo el mundo con las «guerras eternas», no comprenden la brutalidad de la competencia de suma cero que se desarrolla ahora frente a nosotros. La naturaleza aborrece el vacío, al igual que la geopolítica. Si Estados Unidos elimina la promoción de la democracia de su política exterior, si deja de interesarse por el destino de otras democracias y movimientos democráticos, las autocracias ocuparán rápidamente nuestro lugar como fuentes de influencia, financiación e ideas. Si los estadounidenses, junto con nuestros aliados, no luchan contra los hábitos y prácticas de la autocracia en el extranjero, nos encontraremos con ellos en casa; de hecho, ya están aquí. Si los estadounidenses no ayudan a exigir responsabilidades a los regímenes asesinos, esos regímenes mantendrán su sensación de impunidad. Seguirán robando, chantajeando, torturando e intimidando, dentro de sus países y dentro de los nuestros.
Publicado originalmente en The Atlantic.
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