*** El célebre caso Sierra Nevada, con el cual se pretendió a enjuiciar al expresidente venezolano Carlos Andrés Pérez, es relatado por uno de los protagonistas del momento, Carlos Canache Mata, entonces presidente de la Cámara de Diputados del Congreso.
Por CARLOS CANACHE MATA
Era el año 1979. Ante la crisis de almacenamiento en frío existente en el país y la necesidad de mantener abastecido el mercado con productos que requerían refrigeración y se importaban del exterior, se compró, bajo el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1979), el buque frigorífico Sierra Nevada. El doctor Leopoldo Díaz Bruzual, alto funcionario del gobierno en ejercicio, presidido por el doctor Luis Herrera Campins (1979-1984), en denuncia pública, afirmó que hubo un sobreprecio en dicha compra, lo que dio lugar a que se abriera una investigación por parte de la Fiscalía General de la República, cuyo titular era el doctor Pedro Mantellini.
En la Cámara de Diputados (que yo presidía, en virtud del pacto parlamentario, no escrito, de que la Cámara Alta la presidiera un senador del partido de gobierno, y la Cámara Baja un diputado del principal partido de oposición), se planteó en el mes de noviembre de 1979 que, a nivel parlamentario, se realizase también una investigación sobre la denuncia. A tal efecto, se designó una Comisión integrada por tres diputados pertenecientes a los partidos URD, COPEI y MAS, y dos pertenecientes a Acción Democrática. Esa Comisión presentó un informe en el que solicitaba que se enjuiciara al ex-Presidente Pérez por tener –en su opinión- responsabilidad política, moral y administrativa en la comisión de las irregularidades habidas en la adquisición del buque Sierra Nevada. Después de consultas con los jefes de las Fracciones Parlamentarias, propuse que el informe se discutiera en sesión conjunta de las dos Cámaras, en vista de que se refería a un miembro del Senado, al cual pertenecía constitucionalmente con carácter vitalicio, el ex-Presidente Pérez. Así se aprobó.
En la sesión conjunta de la dos Cámaras, se discutió ampliamente el informe (que se había elaborado en la Cámara de Diputados), con la participación del senador ex-Presidente Pérez. El debate concluyó el 8 de mayo de 1980, determinándose, con algunas modificaciones del informe, que el ex-Presidente tuvo responsabilidad política (132 votos, contra 102), pero fueron negadas la responsabilidad moral (119 votos, contra 111) y la responsabilidad administrativa (115 votos, contra 113).
Como correspondía, el informe debía ser enviado al Fiscal, donde continuaba la investigación abierta, quien no quería cerrarla sin recibir y conocer oficialmente el informe del Congreso. El envío debía hacerse de inmediato, como era lo habitual, firmado por los Presidentes de ambas Cámaras, por cuanto había sido aprobado en sesión conjunta; pero esta vez el Presidente del Senado, el doctor Godofredo González, dirigente muy apreciado del partido COPEI, me dijo que el Informe, por referirse a quien había sido un Presidente de la República, mejor era adjuntarle también los discursos pronunciados durante el debate y que éstos ya estaban siendo pasados de las grabaciones a la escritura. Aun cuando lo que me propuso no estaba contemplado en ninguna norma reglamentaria del Parlamento, lo acepté.
Por razones de salud, el titular doctor Pedro Mantellini, había viajado a Estados Unidos y quedó como Encargado de la Fiscalía, el doctor Víctor Ortega Mandoza. Pasaban los días, sin que terminaran de hacerse las transcripciones mencionadas y, por consiguiente, la Fiscalía seguía esperando el informe. Son incontables las veces que yo caminaba en el Capitolio del despacho de la Presidencia de Diputados al de la Presidencia del Senado, gestionando el envío del informe al Fiscal, y cuando pensé o me di cuenta de que no se hacía porque para hacerlo se esperaba el regreso al país del doctor Mantellini, amigo y simpatizante de COPEI, tomé la decisión el 13 de junio, previa consulta con mi partido Acción Democrática, de remitir el informe a la Fiscalía con mi sola firma. Entre el 8 de mayo, fecha de su aprobación parlamentaria, y el 13 de junio, fecha del envío, habían transcurrido ¡36 días!
Ardió Troya. Los partidos adversarios de Acción Democrática, que hacían mayoría en la Cámara de Diputados, plantearon en ésta un voto de censura contra mí por haber enviado el informe, sin la firma del Presidente del Senado, al Fiscal encargado, quien decidió que no había mérito para el enjuiciamiento del ex-Presidente. En las varias sesiones del debate, dije a los diputados de URD, COPEI y MAS que podían aprobar un voto de desacuerdo con la decisión que yo había asumido, pero que si aprobaban un voto de censura, por la connotación peyorativa de la palabra censura, renunciaría a la Presidencia de la Cámara. En el mismo debate, y después en declaraciones públicas, varios diputados de esos partidos, especialmente de COPEI, manifestaron que yo no tenía por qué renunciar al aprobarse el voto de censura; y mi partido Acción Democrática, al igual que el ex-Presidente Pérez, trataron de persuadirme de que continuara en la Presidencia de la Cámara.
El voto de censura se aprobó, y yo renuncié.
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