*** Espacio Público indica que, a pesar de una reducción en los casos de violación de derechos humanos, no se ve intención por parte del régimen de mejorar estructuralmente la situación.
La asociación civil Espacio Público presentó el lunes 2 de mayo de 2022 su informe Situación general del derecho a la libertad de expresión e información enero-abril 2022. A pesar que se observa una reducción en los casos de violación de derechos humanos en lo que va del año 2022, no se ve intención por parte del régimen de Nicolás Maduro de mejorar la situación en un plano estructural.
Allí se recogen 69 casos de violación de este derecho durante el primer cuatrimestre del año, englobados en 132 denuncias recibidas por sus activistas. Específicamente, se registraron 24 casos en el mes de enero, 19 en febrero, 20 en marzo y 6 en abril.
Una cuarta parte de los casos corresponden a acciones de censura contra medios de comunicación por parte de las autoridades, con 52 incidencias documentadas. Seguido estuvo acciones intimidación contra periodistas y ciudadanos, con 30 casos. Otras formas de hostigamiento fueron la agresión verbal (24 casos), amenazas (11); así como la apertura de procedimientos administrativos (9) y acciones judiciales (4). Finalmente se halló un caso respectivamente tanto de violencia física, como de asesinato.
El informe indica que el número de casos de violación de la libertad de expresión se redujo 7 % en comparación con el primer cuatrimestre del año anterior. La coordinadora de la organización, Marysabel Rodríguez, afirma que, en total, durante todo 2021 hubo 244 casos que derivaron en 461 denuncias, que a su vez representó una disminución de 20 % comparado con 2020. “Si bien es una buena noticia que haya menos casos con respecto a años anteriores, esto no indica que esté mejorando estructuralmente la situación”, aclaró.
La coordinadora afirmó que Venezuela parece volver a sus índices previos al año 2017. “Entre el año 2002 y 2012, el promedio de casos era de 143, luego, entre 2013 y 2016, se incrementó a 268 en promedio por año y luego tenemos un pico histórico entre 2017 y 2020 donde hubo un promedio de 480 en cada uno de esos años”, indicó.
En todo este tiempo, reconoció que se mantiene un patrón sistemático de censura. El Estado venezolano ha mantenido, con mayor o menor frecuencia, las mismas prácticas para limitar la libertad de expresión. Rodríguez señala por ejemplo el sometimiento de los medios de comunicación, lo que representó el 31 % de las denuncias de 2021. Bien fuera por medidas sancionatorias contra sus empresas por salirse de la línea editorial oficialistas, o directamente su cierre, con 11 casos ese año. Detalló que en 2021 cerraron arbitrariamente nueve emisoras de radio, un periódico impreso y un portal digital.
También predominan las acciones para impedir el trabajo de la prensa, principalmente durante la cobertura de protestas o irregularidades en los servicios públicos. Entre estas figuran restricciones de acceso a la fuente, amenazas e incluso detenciones arbitrarias.
Rodríguez hizo un balance del universo de medios de comunicación que persisten en Venezuela. Señaló que en la actualidad existen un estimado de 980, lo que significa un regreso a las cifras de hace 10 años. “Ha habido una ida y venida de medios en todo este tiempo”, dijo. De este total, la gran mayoría (71 %) corresponde a emisoras de radio, mientras 10 % a medios digitales. El resto se reparte entre canales de televisión y periódicos impresos, estos últimos manteniéndose en declive.
Una de las razones de la prevalencia de la radio en Venezuela es por el control que ejerce sobre ella el Estado. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) mantiene un férreo monitoreo de los contenidos que salen al aire. En anteriores oportunidades, defensores de la libertad de expresión han denunciado cómo persiste una fuerte censura, incluso cuando se trata de denuncias ciudadanas. Esto ha hecho que muchas emisoras reduzcan su programación informativa y de opinión, reemplazándola por música o variedades.
El director ejecutivo de Espacio Público, Carlos Correa, declaró en la presentación que Conatel sostiene un patrón sistemático de censura. Esto a través de sanciones administrativas a los programas que consideren que violan sus regulaciones. También mediante los allanamientos y la confiscación de sus equipos. Cabe destacar que desde hace años Conatel no renueva la concesión para el uso del espacio radioeléctrico de la mayoría de emisoras. Esto hace que ante la más mínima infracción, el ente pueda actuar a discreción y cerrar la señal, alegando un presunto vencimiento de su licencia.
Más allá de la censura activa que practica el Estado venezolano, Espacio Público documentó otro problema que impide el libre ejercicio del periodismo en el país. El deterioro general de servicios públicos como la electricidad y el Internet dificulta no solo la labor de la prensa, sino también el acceso oportuno de los ciudadanos a la información. Una situación que parece haberse agravado durante la pandemia de covid-19 con el trabajo remoto, y especialmente en el interior del país.
El informe mencionó el Plan de Administración de Cargas (PAC) empleado por la empresa estatal Corpoelec. Un esquema de racionamiento eléctrico que empezó a aplicarse a mediados de marzo de 2022, y que generalmente suele prolongarse más de lo que anuncian las autoridades. A esto se suman los apagones espontáneos provocados por la falta de mantenimiento en el Sistema Eléctrico Nacional.
Estados como Mérida, Táchira, Bolívar y Monagas suelen estar entre los más afectados por los cortes eléctricos. En general, también se presentan constantes fallas en el servicio de Internet de CANTV. Como ejemplos, el informe reportó un corte en la red de fibra óptica que dejó sin servicio a las regiones de Oriente y Guayana el 11 de enero. También una caída del 20 % en los valores de conectividad en los Andes desde el 20 de enero, producto de los apagones y el PAC.
“El 1 de marzo Ve Sin Filtro denunció la caída de la conectividad en varios estados del país, como resultado de un apagón eléctrico. El evento comenzó alrededor de las 3:00 pm y disminuyó los valores nacionales a un 92 %. El estado más afectado fue Táchira, donde la conexión cayó al 19 %. Otros estados afectados fueron Apure (71 %), Guárico (74 %) y Monagas (84 %)”, detalló.
En total, los reporteros siguen siendo el eslabón más vulnerable a la represión, representando 43 de los casos de violación de libertad de expresión registrados. Le sigue la propia ciudadanía, con 26 casos ocurridos mientras intentaban documentar irregularidades o difundir información. Finalmente, hubo también 15 reportes de acciones directas contra medios de comunicación y 5 contra individuos particulares. La mayoría de estas acciones represivas vinieron de instituciones del Estado (34), así como de los cuerpos de seguridad (11) y funcionarios públicos (11).
“Entre enero y abril de 2022 las detenciones por el ejercicio del derecho se registraron al menos en cinco oportunidades, situación que afectó a tres particulares, un periodista y un reportero gráfico. Igualmente, se documentó la muerte de un periodista en el estado Apure”, explicó el texto.
Se refiere al caso del comunicador popular José Urbina, director de la emisora comunitaria Frontera 92.5 FM. Fue asesinado por un grupo armado irregular el 10 de enero de 2022 en su casa en Puerto Páez, en la frontera colombo-venezolana. De acuerdo con denuncias del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Urbina reportó enfrentamientos entre facciones de la guerrilla colombiana en la zona. También antes de morir, había denunciado los atropellos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) contra la población civil.
Entre las detenciones arbitrarias, destacó el caso de William Echarry y Ramón Blanco, de 70 y 66 años de edad respectivamente, quienes pertenecían al Movimiento por el Revocatorio (Mover). Ambos ciudadanos fueron arrestados en febrero luego de colgar un pendón en Macuto promoviendo el referendo contra Nicolás Maduro. El Tribunal 1° de Control de Vargas los procesó por instigación al odio y les dictó régimen de presentación cada 15 días.
También resaltó el caso de Olga Mata y Florencio Gil Mata, detenidos el 14 de abril por compartir videos de humor en TikTok. El fiscal Tarek William Saab los acusó de instigar el odio contra funcionarios públicos, luego de que publicaron un chiste en el que mencionaron a figuras como Diosdado Cabello, Cilia Flores, Iris Varela, Hugo Chávez y a él mismo. “Se trataba de una pista de audio que ya había circulado previamente en la red social y Mata solo hizo la imitación”, acotó el informe. La mujer fue liberada el 18 de abril, solo después de ser forzada a grabar un video pidiendo disculpas.
La intimidación continuó siendo una de las violaciones más recurrentes a la libertad de expresión, manifestado principalmente en el impedimento de la cobertura”, agregó el informe. Precisamente esto representó el 22,7 % de los casos. También advirtieron que funcionarios del chavismo utilizan las redes sociales y medios de comunicación estatales para hostigar y difamar a periodistas venezolanos.
Entre los casos más reconocidos señala la campaña dirigida contra Roberto Deniz, uno de los responsables del portal de investigación periodística Armando.info. Sus reportajes sobre el caso de Alex Saab le valieron múltiples ataques en redes sociales por parte de cuentas bots vinculadas al oficialismo. El conductor de Venezolana de Televisión (VTV), Pedro Carvajalino, también instó a sus seguidores a hostigar a Deniz.
Otro hecho resaltante vino del diputado de la Asamblea Nacional afín al régimen, Diosdado Cabello. El funcionario ya posee un amplio historial de arremetidas contra la prensa a través de su programa Con el mazo dando. El 19 de enero de 2022, causó alerta por mostrar carteles de “se busca” con los nombres de varios dirigentes políticos y periodistas. Entre ellos estaban Luis Carlos Díaz y Naky Soto, quienes todavía residen en Venezuela.