El organismo basa su petición en el terrible récord en derechos humanos y los posibles crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en el país.
Por Ángela Betancourt
La organización Human Rights Watch dijo que los países miembros de las Naciones Unidas que voten durante la próxima elección para miembros del Consejo de Derechos Humanos deberían negarle un asiento a Venezuela debido a su terrible récord en derechos humanos y los posibles crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en el país.
La elección, realizada por medio de voto secreto de los 193 Estados Miembros de la ONU, tendrá lugar durante la Asamblea General que se celebrará el 11 de octubre de 2022. Hay 17 países que se postulan para cubrir 14 lugares para el período 2023-2025 en el consejo, compuesto por 47 naciones. En tres de los cinco grupos regionales no hay competencia para ocupar los asientos a llenar. Las listas regionales donde existe la misma cantidad de candidatos que de vacantes permiten que los candidatos puedan obtener un lugar en el consejo con independencia de si lo merecen o no. Venezuela, que en 2019 obtuvo un asiento en el consejo por una estrecha diferenciade votos, está entre tres candidatos para dos vacantes del grupo de América Latina y el Caribe, donde compite con Chile y Costa Rica.
“La brutal arremetida contra opositores en Venezuela hace que el país no tenga las credenciales para pertenecer al máximo órgano de derechos de la ONU”, sostuvo Louis Charbonneau, director para la ONU de Human Rights Watch. “Darle a este gobierno abusivo un lugar en el consejo debilitaría la credibilidad de la ONU, dado que equivaldría a premiar a las autoridades venezolanas, permitiéndoles juzgar la situación de los derechos humanos de otros países cuando Venezuela trata brutalmente a su población”.
El gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela sigue reprimiendo a opositores y críticos. Al mes de septiembre, había 244 presos políticos en el país, según cálculos de una organización local. Muchas de esas personas se encuentran en centros de detención administrados por los servicios de inteligencia, a los cuales la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Caracas ya no tiene acceso. Las personas detenidas han sufrido descargas eléctricas, simulacros de ahogamiento, violencia sexual y otras torturas.
Las fuerzas de seguridad mataron al menos a 19.000 personas entre 2016 y 2019, en incidentes que se registraron oficialmente como “resistencia a la autoridad”, una designación que, en la práctica, incluye casos de ejecuciones extrajudiciales. La represión y la emergencia humanitaria que continúan han obligado a más de 6.8 millones de venezolanos a huir de su país, en lo que representa la mayor crisis migratoria en la región y una de las más graves globalmente.
Desde 2020, la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela ha hallado evidencias de violaciones graves de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, incluyendo documentación sobre la complicidad de fiscales y jueces en la represión estatal. En noviembre de 2021, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrió su primera investigación sobre América Latina para analizar los señalamientos de delitos internacionales cometidos en Venezuela. En septiembre, la Misión de Determinación de los Hechos publicó un informe donde se describe en detalle cómo la cadena de mando en la comisión de estos delitos por parte de los servicios de inteligencia involucra al propio Maduro. Los estados miembros del Consejo que votarán en Ginebra la extensión del mandato de la misión, deberían renovarlo para que la misión pueda continuar documentando los abusos y garantizar la rendición de cuentas.
La Resolución 60/251 de la Asamblea General de la ONU, por la cual se creó el Consejo de Derechos Humanos, insta a los Estados que voten para elegir miembros a “tener en cuenta la contribución de los candidatos a la promoción y protección de los derechos humanos”. Los miembros del Consejo deben “aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos” y “cooperar plenamente con el Consejo”.
“Pronto los Estados Miembros de la ONU tendrán la oportunidad de impedir que Venezuela vuelva a formar parte del Consejo de Derechos Humanos”, advirtió Charbonneau. “Con países como China, Eritrea y Cuba ya presentes en el Consejo, al órgano de derechos de la ONU le haría bien no contar entre sus miembros con otro claro ejemplo de torturas, abusos e impunidad”.