«A mí se me ha presentado como una enfermera sin más, sin ningún tipo de preparación, y yo soy una mujer que se ha preparado, ha estudiado, y he compaginado muy bien la carrera militar con la obtención de dos carreras” dijo Díaz Guillén.
Publicado en BBC News Mundo
Claudia Díaz Guillén trabajó durante una década muy cerca de Hugo Chávez.
Fue miembro de la Guardia de Honor, cuerpo responsable de la seguridad de los presidentes venezolanos, y parte del equipo de médicos y enfermeras que cuidaban al fallecido mandatario, quien terminó nombrándola como Tesorera Nacional, un cargo en el que -de acuerdo con la Fiscalía estadounidense- ella logró enriquecerse a través de un esquema corrupto de lavado de dinero.
Por esas operaciones, Díaz Guillén, de 49 años de edad, está siendo juzgada esta semana en una corte en Fort Lauderdale, en el sur de Florida, junto a su marido, Adrián José Velásquez Figueroa, quien fue jefe del Departamento de Seguridad del palacio presidencial de Miraflores durante el gobierno de Chávez.
El juicio es la culminación de un proceso judicial que se hizo público en 2018, cuando la pareja fue detenida en Madrid, donde residían, por una solicitud de extradición de las autoridades venezolanas que les acusan por presuntos delitos de blanqueo y enriquecimiento ilícito.
Aquel proceso no prosperó porque la Audiencia Nacional de España rechazó la petición de Caracas por considerar que la situación política de Venezuela ponía en riesgo la integridad de Díaz Guillén. En cambio, la justicia española dio luz verde a su envío hacia Estados Unidos, adónde la pareja fue extraditada este año.
Pero ¿cómo pasó Díaz Guillén de ser una sargento técnico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a convertirse en enfermera de Chávez y, luego, en Tesorera Nacional?
Carreras paralelas
En una entrevista con BBC Mundo en diciembre de 2018, Díaz Guillén defendió haber accedido a esos cargos públicos por méritos propios.
«A mí se me ha presentado como una enfermera sin más, sin ningún tipo de preparación, y yo soy una mujer que se ha preparado, ha estudiado, y he compaginado muy bien la carrera militar con la obtención de dos carreras», dijo.
Explicó que, en paralelo a la vida militar, estudió para obtener títulos en Enfermería y Derecho en la Universidad Central de Venezuela.
Eso le habría permitido, tras haberse incorporado a la Guardia de Honor en 2001, sumarse en 2003 al equipo de médicos y enfermeras que atendían a Chávez, con quien -aseguró- mantuvo una relación «meramente profesional» que con los años derivó en una «relación de respeto y amistad».
En 2011, año en que a Chávez le diagnosticaron que padecía un cáncer, el mandatario venezolano designó a Díaz Guillén como responsable de la Tesorería Nacional de Venezuela y como secretaria ejecutiva del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden).
Ella permaneció en ese cargo hasta marzo de 2013, cuando fue destituida del cargo por Nicolás Maduro.
Pero, ¿de qué la acusan en EE.UU.?
Transacciones millonarias
De acuerdo con la Fiscalía estadounidense, entre 2011 y 2013 Díaz Guillén recibió sobornos de al menos US$65 millones pagados por el empresario venezolano Raúl Gorrín, propietario del canal de noticias Globovisión, quien está actualmente solicitado por la justicia en EE.UU.
Así, por ejemplo, entre noviembre de 2012 y mayo de 2013, Gorrín transfirió unos US$8,6 millones de cuentas bancarias en Suiza a cuentas bancarias en Florida en beneficio de Díaz Guillén y de su marido.
Supuestamente el pago de estos recursos tendría como fin permitir a Gorrín realizar operaciones de cambio de divisas en el marco del estricto sistema de control de cambios establecido por Chávez en Venezuela.
En aquella época, dada la enorme brecha entre el precio oficial del dólar y la tasa no oficial, adquirir divisas al precio preferencial fijado por el gobierno y venderlas en el mercado paralelo era una operación que podía generar jugosas ganancias.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Gorrín empezó a realizar estas operaciones durante la gestión de Alejandro Andrade como Tesorero Nacional de Venezuela entre 2007 y 2010, antes del nombramiento de Díaz Guillén.
En 2018, Andrade fue juzgado y condenado en Estados Unidos a 10 años de cárcel. Durante el juicio en su contra, reconoció haber cobrado sobornos que ascendían a US$1.000 millones.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, incluso después de dejar el cargo, Andrade siguió cobrando sobornos de Gorrín como pago por haber servido de puente entre el empresario y Díaz Guillén.
Después de su condena, Andrade recibió una reducción de la pena por colaborar con las autoridades estadounidenses y logró salir de la cárcel en febrero de este año. Según la prensa estadounidense, parte de esa colaboración consistió en aportar evidencia en contra de Gorrín y Díaz Guillén, en cuyo juicio se espera que sirva como testigo de la Fiscalía.
Díaz Guillén enfrenta acusaciones por conspiración para lavar dinero y lavado de dinero. Las autoridades estadounidenses ven a su esposo como una pieza instrumental para estas operaciones pues supuestamente parte de los sobornos fueron pagados por medio de transferencias a su nombre o el de empresas de su propiedad.
Culpables e inocentes
A diferencia de Andrade y de muchos otros exfuncionarios del gobierno de Hugo Chávez que han sido juzgados en Estados Unidos, Díaz Guillén no ha admitido ninguna culpa en los delitos que se le imputan, por lo que se espera que su proceso sea más complejo pues la Fiscalía tendrá que demostrar su culpabilidad.
En la entrevista que ofreció a BBC Mundo, Díaz Guillén aseguró que una vez que Chávez cayó enfermo ella empezó a recibir de «altos funcionarios» órdenes cuya ejecución estaba al margen de la ley y que, según aseguró, ella se negó a cumplir.
«En la última etapa de su enfermedad es cuando el ministro [de Finanzas, Jorge Giordani] y yo nos vemos sometidos a unas fuertes presiones por parte del alto gobierno, que en ese momento Chávez no lo podía ejercer directamente, ya en los últimos meses de su enfermedad, en los últimos meses de 2012. Y es cuando comenzamos a recibir unas instrucciones totalmente ajenas a la ley, y el ministro (Giordani) y yo nos negamos rotundamente», dijo.
En esa misma entrevista aseguró que su patrimonio procede de negocios que su marido tenía incluso antes de conocerla a ella.
Esas afirmaciones, junto a las acusaciones de la Fiscalía, serán sometidas a prueba durante este juicio.