CARACAS, 8 dic (Deisy Buitrago, Reuters) – El Gobierno de Venezuela y los políticos de la oposición probablemente no reanudarán las conversaciones en México este año, dijo un funcionario el jueves, mientras el Gobierno espera avances en un acuerdo sobre fondos humanitarios alcanzado con la oposición el mes pasado.
Delegados del gobierno y de la oposición se reunieron en Ciudad de México a finales de noviembre, tras más de un año de interrupción, para firmar un acuerdo para crear un fondo administrado por Naciones Unidas para combatir la crisis humanitaria del país, financiado con miles de millones de dólares congelados en bancos extranjeros.
«Todo parece indicar que este año no volveremos (a México)», dijo a Reuters Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro y uno de los negociadores del Gobierno.
«Acordamos seguir teniendo algún contacto aquí en Caracas que nos permita evaluar los avances de este acuerdo», agregó.
Los partidos de la oposición venezolana buscan proteger los fondos humanitarios administrados por la ONU de los acreedores extranjeros manteniendo en secreto los detalles de su liberación, dijeron fuentes a Reuters.
Aunque el presidente Maduro dijo que confía en que los fondos sean liberados «pronto», la decisión recae en los tribunales de los países que los tienen en su poder.
Maduro Guerra, también legislador de la Asamblea Nacional, dijo que ambas partes se habían reunido con la ONU para planificar cómo llegarán los fondos al pueblo venezolano, la mitad del cual vive en la pobreza.
Dijo que se había instalado una «junta técnica» para trabajar en el fondo, y dependiendo de sus resultados, el gobierno podría discutir otros posibles acuerdos, como sobre las elecciones presidenciales de 2024.
Dijo que una de las demandas del gobierno incluía quitar el «precio de la cabeza del presidente». Estados Unidos anunció en 2020 recompensas multimillonarias por información que conduzca al arresto o enjuiciamiento de algunos venezolanos, incluido Maduro.
Washington considera un fraude la reelección de Maduro en 2018 y al año siguiente impuso sanciones petroleras y financieras al país con la intención de derrocarlo.