En el audio atribuido a Saab, este se califica a sí mismo como un “prisionero de guerra no convencional”.
Por Ángela Betancourt
El ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, publicó este martes en Twitter un audio que, asegura es del empresario colombiano Alex Saab, quien está detenido en Estados Unidos, donde se califica como un “prisionero político”.
Saab indicó que ya cumple casi 1.000 días desde que fue detenido “ilegalmente” y se califica a sí mismo como un “prisionero de guerra no convencional” de un conflicto, que a su juicio fue declarado de forma unilateral por EEUU con las sanciones impuestas a empresas y funcionarios venezolanos.
En el audio, que fue enviado al foro de los activistas de Code Pink (quienes invadieron la embajada de Venezuela en Washington en 2019 cuando Juan Guaidó se proclamó como presidente interino), Alex Saab dijo que EEUU “debe retomar el camino de la paz” porque Venezuela “no es su enemigo”.
Destacó que el hecho de que hayan diferencias políticas entre ambas naciones, las relaciones diplomáticas y comerciales pueden llevarse a cabo sin problema alguno. Recordó que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, ha llamado al diálogo en varias ocasiones para restablecer relaciones “cordiales” con EEUU basados en el respeto mutuo.
El ministro Ñáñez no indicó de qué manera se filtraron esas declaraciones desde prisión y que se publicaron en el foro de los activistas de Code Pink.
El audio, presuntamente de Alex Saab, se conoce días después de que sus abogados apelaran el fallo judicial en el que un juez estadounidense determinó que no pudo comprobar su estatus diplomático.
«Por la presente se notifica que Alex Nain Saab Morán, demandado en el caso mencionado anteriormente, apela ante la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Undécimo Circuito la orden final sobre la moción del demandado para desestimar la acusación», decía el escrito de fines de diciembre de 2022.
Saab se declaró «no culpable» en noviembre de 2021 del cargo que se le imputa en EEUU, por el que se enfrenta a una condena de unos 20 años de cárcel, pena que podría ser reducida si hace un trato con la Fiscalía, que suele incluir delación de otras personas.