El régimen de Nicolás Maduro sigue buscando formas de dilatar el proceso en la Corte Penal Internacional (CPI) y evitar que se reanude la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En su última maniobra, el régimen ha solicitado a la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI que se le permita presentar una réplica a los testimonios de las más de 8.900 víctimas que apoyaron la continuidad de la investigación.
El informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones recopila los testimonios de miles de víctimas, que relatan las torturas y tratos crueles a las que fueron sometidas. También hay testimonios de familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y de quienes han sufrido persecución política, entre otros crímenes.
El gobierno pide un plazo hasta el 30 de mayo para responder al informe, pero esto solo es otra táctica dilatoria. El avance del proceso en la CPI ha despertado una creciente preocupación en el régimen, que incluso ha puesto como condición para continuar con la negociación con la oposición en México que se paralice la investigación de La Haya. Los venezolanos esperan que se haga justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Maduro y que la CPI no permita que se dilate más el proceso.