El autor considera que toda empresa o instituto educativo debe crear mecanismos internos que puedan detectar e investigar la ocurrencia de estos delitos y colaborar con las autoridades policiales y judiciales.
Por Julio Castellanos
Algunas organizaciones de la sociedad civil, en particular la plataforma Aula Abierta, se encuentran promoviendo la aprobación de Protocolos de Prevención de la Violencia y Discriminación Sexual en las Universidades de Venezuela. Una iniciativa muy interesante y pertinente considerando el notorio incremento de los reportes de casos de agresión sexual en el escenario postpandemia en el país.
Es lamentable que, a la fecha, este tipo de regulación interna solo se ha aprobado en la UCAB y resulta imposible no recordar que, precisamente, en universidades como la UCV o en la UC, muy recientemente, se registraron par de escandalosos actos de agresión sexual contra algunas estudiantes y, justo allí, se carece de esta normativa. ¿Por qué los respectivos Consejos Universitarios no deliberan al respecto y aprueban el Protocolo? La respuesta: el silencio.
Pero, ¿por qué es importante un Protocolo para prevenir la violencia y la discriminación sexual en cualquier organización?, pues bien, aunque exista cierto negacionismo al respecto, el género y la orientación sexual constituyen condiciones de vulnerabilidad frente a la violencia, las mujeres enfrentan cotidianamente comentarios no solicitados sobre su apariencia o vestimenta que son eufemísticamente llamados «piropos», para ellas, caminar por una calle oscura o solitaria es una experiencia aterradora y, en el caso de la comunidad LGBTIQ+, la identidad y la sola expresión pública de afectos es susceptible de ataques psicológicos o físicos que impiden el libre ejercicio de su ciudadanía y sus inherentes derechos.
Tal es así que hasta las Naciones Unidas, en su Plan de Respuesta Humanitaria en Venezuela 2022 – 2023, expone como uno de sus objetivos «Fortalecer los mecanismos institucionales y comunitarios para prevenir y mitigar los riesgos a las personas priorizadas» haciendo referencia particular a la violencia basada en género (VbG). El feminicidio, la violencia sexual, el abuso y la explotación en base al género y la orientación sexual no son ciencia ficción, ni un invento de Disney, ni un complot internacional, existen en Venezuela y todo espacio institucional, social, académico o laboral, requiere normativas que permitan una respuesta asertiva frente a delitos tan atroces.
Toda empresa o instituto educativo debe crear mecanismos internos que puedan detectar e investigar la ocurrencia de estos delitos y colaborar con las autoridades policiales y judiciales, de ser el caso, para castigar a los abusadores. Caso contrario, cómo es bien sabido, el depredador sexual, el homofóbico y el abusador, próspera en contextos de indiferencia, de complicidad e ignorancia.
Las universidades deberían ser sitios donde las personas se sientan seguras y respetadas en su identidad y diversidad. Asimismo también debe ocurrir en toda empresa y organización para que sus trabajadores y colaboradores no sean amenazados, chantajeados o ultrajados por quién, amparado en una posición de poder, pueda aplicar impunemente la «operación colchón» contra alguien o negar un ascenso, un beneficio contractual o un trabajo por su orientación o preferencia sexual.
Muy probablemente exista resistencia institucional, principalmente en los liderazgos universitarios y en las gerencias empresariales, porque a ese nivel hay cierta tendencia a considerar los problemas relativos al género y la identidad sexual como asuntos particulares, individuales o personales. Es que puñalada no duele en barriga ajena, en la propia el asunto cambia. A quienes así piensan les preguntaría ¿Debemos esperar a tener la desgracia cerca para comprender la necesidad de proteger a las personas vulnerables? ¿Tiene que ser una hija o nieta la víctima para que pensemos en la necesidad de luchar contra los victimarios?
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