Chavez Maduro

Ramón Cardozo: 22 años de purgas chavistas en Venezuela

A través de las «purgas”, hay represalias contra personas consideradas «inadecuadas» o «peligrosas» para la sobrevivencia del régimen. Según Ramón Cardozo, estaríamos frente a otra purga dentro de las elites chavistas.

Por Ramón Cardozo – Publicado en dw.com

Las principales instituciones que evalúan el estado de la democracia en el mundo, entre ellas Freedom House, Economist Intelligence Unit (EIU), Varieties of Democracy (V-Dem), Bertelsmann Stiftung (BS), y el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA), coinciden en señalar que, durante las dos últimas décadas en Venezuela, se ha producido, de manera progresiva, un grave deterioro del sistema democrático que regía en el país desde 1958.

Para el 2022, los índices de estas reputadas organizaciones categorizan al sistema político venezolano como «no democrático”, tipificándolo ya sea como un «Régimen autoritario” (EIU e IDEA), una «Autocracia” (BTI), una «Autocracia electoral” (V-dem), o un país «no libre” (Freedom House). Una cuestión recurrente en los estudios sobre la autocratización de Venezuela ha sido el análisis de los mecanismos que ha utilizado el chavismo para mantenerse en el poder por más de dos décadas.

Los desafíos de los autoritarismos

Por mucho que los autócratas pretendan monopolizar el poder, ellos no pueden gobernar solos. El ejercicio dictatorial del Gobierno requiere del apoyo de un conjunto de actores civiles y militares que ocupan puestos claves en los centros neurálgicos de poder del régimen. Estos actores disfrutan de privilegios, rentas y posiciones de poder y se les consideran la «elite de la coalición gobernante”. Tal como señalan los estudios, para un autócrata interesado en permanecer de forma indefinida en el poder, posiblemente no hay tarea más importante que el manejo y control de estas élites gobernantes.

En el libro «Politics of Authoritarian Rule», Milan W. Svolik, profesor de política comparada de la Universidad de Yale, encuentra que los dos conflictos fundamentales que definen la política autoritaria son (1) el control de la sociedad a la cual se le impone el régimen autocrático (control autoritario) y (2) el control de las élites que forman parte de la coalición gobernante (reparto autoritario del poder).

Control a través de purgas

Los autócratas procuran mantener un delicado equilibrio con las elites de la coalición gobernante, ya que los necesitan para mantener el control autoritario sobre la sociedad, administrar el complejo entramado del Estado y precaverse contra amenazas del exterior. Al mismo tiempo, sin embargo, estas élites pueden acumular demasiado poder y convertirse en potenciales y peligrosos competidores del gobernante. Por ello, Svolik advierte en su estudio que «las amenazas más frecuentes a los autócratas provienen del círculo interno. Un gran número de líderes autoritarios terminan su mandato como consecuencia de la destitución forzosa en lugar de una salida pacífica”.

Para ejercer su control autoritario sobre la sociedad y mantener a raya a las elites de la coalición gobernante, los autócratas comúnmente se valen de las «purgas”. A través de ellas, se producen detenciones y despidos masivos de personas consideradas «inadecuadas» o «peligrosas» para la sobrevivencia del régimen; y son también eliminados o marginados, políticos desleales, disidentes, incompetentes o posibles competidores ubicados dentro de las propias filas políticas del gobernante.

Las purgas masivas en los centros de poder de Venezuela

Desde muy temprano, Hugo  Chávez utilizó las purgas como un instrumento para enfrentar a sus opositores políticos y hacerse con el control de importantes centros de poder en Venezuela. Una de las primeras purgas fue la realizada en el poder judicial. Tal como señala la ONG Acceso a la Justicia, en 1999 «la primera constituyente chavista decretó la llamada «emergencia judicial», durante la cual, unos 491 jueces fueron destituidos, bajo acusaciones que iban desde enriquecimiento ilícito hasta baja productividad. Este proceso estuvo señalado por muchos expertos como el inicio de la cooptación de la Justicia por parte del chavismo”. En los años 2005 y 2009, se repitieron expulsiones masivas de jueces.

La siguiente purga fue realizada en la Fuerza Armada Nacional (FAN). Luego de ser repuesto en el poder a raíz de los sucesos de abril del 2002, Chávez expulsó de las FAN a más de 100 generales y oficiales de alto rango, ello le facilitó politizar la FAN y ponerla al servicio de su proyecto revolucionario.

La industria petrolera nacional fue la siguiente en la lista. En medio del paro cívico nacional en los años 2002 y 2003, fueron despedidos más de 19.000 trabajadores de Petróleos de Venezuela (PDVSA) por órdenes directas de Chávez. Esta purga le permitió a Chávez un manejo más opaco y expedito de los ingresos petroleros del país, convirtiendo a PDVSA en la «caja chica” de la revolución.

En diciembre de 2003, las fuerzas opositoras consignaron ante el Consejo Nacional Electoral casi 3,5 millones de firmas solicitando la convocatoria de un referéndum revocatorio en contra del presidente de la república. A solicitud de Chávez, el CNE le entregó al diputado oficialista Luis Tascón los datos de los firmantes. Esta información fue utilizada con el aval del «Alto Gobierno” para purgar a miles de funcionarios de la Administración Pública Nacional, tal como se recoge en el libro de Ana Jatar «Apartheid del Siglo XXI: la informática al servicio de la discriminación política en Venezuela” (2006).

Otro tipo de purga masiva instaurada por Chávez en contra de sus opositores fue la «inhabilitación política”. Mediante este mecanismo inconstitucional, se impide de manera arbitraria a un venezolano el desempeño de cargos públicos, sean de elección popular o no. De acuerdo con datos de la ONG Acceso a la Justicia, ”solo entre 2002 y 2015, la Contraloría General de la República (CGR) inhabilitó a 1.401 funcionarios y exfuncionarios públicos”.

Si bien estas purgas masivas le dieron a Chávez y a su coalición gobernante un mayor control político del país, por otro lado, ellas debilitaron la capacidad del régimen para tomar decisiones informadas y gobernar de manera eficiente al país.

La purga de Chávez a sus aliados históricos

Además de purgar a sus opositores, miembros connotados de las elites gobernantes fueron también objeto de este tipo de medidas por parte de Chávez . Dentro de los casos más notorios resaltan el de los comandantes Jesús Urdaneta Hernández y Francisco Arias Cárdenas quienes, junto a Chávez, encabezaron el alzamiento de febrero de 1992.

Destacan también los casos de Luis Miquelena, exministro del Interior y mentor político de Chávez, así como el del general en jefe y exministro de la Defensa Isaías Baduel quien, en abril del 2002, fue el responsable de que Chávez fuera restituido en el poder. Luego de haber sido pasado a retiro, Baduel fue acusado por corrupción y condenado a 8 años y 11 meses de prisión.

Las purgas maduristas a élites históricas del chavismo

Nicolás Maduro llegó el poder en el 2013 tras ser designado por Chávez como su sucesor. Esta situación llevó a que Maduro fuera percibido por los otros miembros de la coalición gobernante como un «primus inter pares” y no como el nuevo e indiscutido líder político de la revolución. Por ello, a Maduro le tocó enfrentar no solo la oposición de un sector creciente de la sociedad venezolana, sino también la resistencia de aquellos miembros dentro de la coalición gobernante que, de forma expresa o «in pectore”, no reconocían su autoridad. Esto se hizo muy evidente durante los primeros años del mandato de Maduro, cuando comenzaron a ser purgadas figuras que hasta ese momento habían tenido un peso significativo dentro de la revolución chavista.

Algunas de estas purgas se limitaron a marginar de los centros de poder a figuras como Elías Jaua, exvicepresidente y exministro de varias carteras; Juan Barreto, exalcalde Mayor de Caracas; Jorge Giordani, exministro de Planificación; y Héctor Navarro, exministro de Educación. En otros casos, las purgas vinieron acompañadas de exilio bajo amenaza de cárcel. Este fue el caso con la exfiscal general del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz, y con Rafael Ramírez, exministro de petróleo y expresidente de PDVSA. En casos más extremos, la purga vino acompañada de encarcelamiento y posteriormente de exilio, tal y como ocurrió con el mayor general retirado Miguel Rodríguez Torres, exministro de Relaciones Interiores.

Las purgas maduristas a los sectores opositores

Respecto a los sectores opositores, las purgas durante el régimen de Maduro han venido acompañadas de cárcel, exilio y ejecuciones extrajudiciales. De acuerdo con la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, hoy en día en Venezuela está documentada la existencia de 317 casos de presos políticos, de los cuales 147 son militares miembros de las Fuerza Armada Nacional. Por otro lado, un número importante de políticos de oposición han debido marchar al exilio bajo amenaza de cárcel. Dentro de ellos, se encuentran varios líderes fundamentales de los principales partidos de oposición democrática, incluyendo a Julio Borges, de Primero Justicia; Henrique Salas Römer, de Proyecto Venezuela; Leopoldo López, de Voluntad Popular, y Antonio Ledezma, de Alianza Bravo Pueblo.

Por último, organizaciones defensoras de derechos humanos y partidos políticos de oposición han denunciado la existencia de un patrón de ejecuciones extrajudiciales de opositores políticos, del cual han sido víctimas, entre otros, el concejal Fernando Alban y el capitán Rafael Acosta Arévalo. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón ha documentado, entre el 2014 y el 2022, 334 víctimas fatales de un patrón de persecución política; 294 de ellas fueron asesinadas en manifestaciones pacíficas y 40 fueron asesinadas de forma selectiva.

La posible purga de El Aissami y su red

En contextos autoritarios, resulta frecuente que las élites gobernantes, a través de los distintos cargos públicos que ejercen, recluten individuos en los que confían y a quienes desean recompensar por su apoyo, construyendo así redes que les respondan directamente. Estas redes tienen el potencial de convertir a miembros de la elite en peligrosos competidores del autócrata.

Los estudios especializados han encontrado que las purgas en las élites ocurren cuando este tipo de peligro es detectado por el autócrata quien, en la mayoría de los casos, opta por encarcelar por un tiempo a sus potenciales adversarios internos. El encarcelamiento se constituye en una especie de opción moderada frente a las alternativas de exilio o la ejecución. En la lógica autoritaria, la opción de encarcelamiento, además, es ventajosa pues reduce la fuerza de los vínculos de las élites purgadas e inhibe su capacidad para coordinar algún tipo de venganza o retaliación.

Analistas en Venezuela especulan que esta podría ser la razón detrás del último operativo anticorrupción ordenado por Maduro. Entre los indicios destacan: la opacidad del operativo; la renuncia del ministro de Petróleo Tareck El Aissami, una de las figuras históricas con más poder dentro del chavismo y quien ha sido señalado de estar vinculado con el extremismo islámico; el hecho de que, en 2017, en medio de un clima de protestas e inestabilidad en el país, El Aissami fuera propuesto públicamente por estos grupos extremistas como el «nuevo líder para la supervivencia del régimen” (Infobae 08.08.2017); el alto número de detenidos (más de 61) y el que muchos de ellos sean hombres muy cercanos a El Aissami y con posiciones relevantes en el Gobierno; los altísimos montos que se estiman han sido sustraídos, lo cual sugiere un propósito ulterior al simple enriquecimiento ilícito; y el silencio y la incertidumbre sobre la situación actual de El Aissami. Todo lleva a pensar que, más allá del tema de la corrupción, estaríamos frente a una nueva e importante purga dentro de las elites chavistas.