Según el autor, las inhabilitaciones deben estar entre las prácticas autoritarias más escandalosas en el museo del horror en que se ha convertido el país.
Por Julio Castellanos
Esta semana el grupo de opinión denominado «Politólogos por Carabobo» emitió un comunicado rechazando «la persistencia de las inhabilitaciones políticas» en Venezuela y pide la suspensión de tales acciones por parte de la Contraloría General de la República. Suscribo enteramente cada palabra de ese comunicado y espero pueda ser leído atentamente por todos los actores políticos del país.
El comunicado expresa que las inhabilitaciones «implican una severa violación de los derechos civiles y políticos» (…) «porque lesionan el derecho a elegir y ser electo reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los demás tratados sobre la materia suscritos y ratificados por la República». Asimismo, plantea un cuestionamiento que nos debe hacer reflexionar a todos «¿son los venezolanos los que eligen al Presidente de la República o es el Presidente de la República actual quién elige a su sucesor?».
Creo que, en efecto, las inhabilitaciones deben estar entre las prácticas autoritarias más escandalosas en el museo del horror en que se ha convertido el país. Incluso, entre los dirigentes y personeros del oficialismo debe ser, al menos, un motivo de vergüenza tener que recurrir a tales medidas por falta de respaldo popular. El razonamiento en el madurismo parece ser muy elemental, auténticamente cuadrúpedo, dado que no tienen logros que mostrar y no tienen argumentos para debatir, pues mejor hacer con ilegalidades y violación de derechos humanos lo que no se puede hacer con votos en unas elecciones libres y justas.
Los Politólogos por Carabobo culminan su comunicado con un mensaje muy franco y directo: «las elecciones presidenciales a celebrarse en 2024 deben ser el reflejo indudable del escrutinio popular de los venezolanos, sea cual sea esa decisión, debe ser respetada por todos, por el resto de los poderes públicos, por los gobernadores y alcaldes, por la Asamblea Nacional y por las Fuerzas Armadas quienes deben obediencia y subordinación a la Constitución Nacional y al conjunto de la ciudadanía». El resto de los gremios profesionales seguramente harán lo propio y emitirán su respectivo comunicado condenando las inhabilitaciones políticas, sería lo adecuado considerando que, sobre este asunto, ya existen pronunciamientos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por la Unión Europea, por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, por la Organización de Estados Americanos y por muchas ONGs internacionales altamente reconocidas que defienden la democracia y la dignidad humana.
Es hora de demostrar, en estas horas oscuras, que frente al fascismo, al militarismo y a la autocracia, no somos uno más que se arrodilla y normaliza la barbarie. De los gremios profesionales no se espera que en medio de la destrucción institucional celebren días del niño, eventos sociales o piscinadas, se espera de nosotros un compromiso real y concreto con el país que nos proporcionó la oportunidad de formarnos.
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