La Fiscalía General de la República asegura que está desmantelando un esquema de corrupción masiva. Este martes, la justicia venezolana anunció que solicitó juicios para 22 personas que han sido detenidas como parte de una gran operación anticorrupción. Pero, ¿es realmente todo lo que parece?
Este espectáculo empezó en marzo cuando la justicia dictó 81 órdenes de arresto. Sí, lo has leído bien: 81. De esas órdenes, resultaron 61 arrestos, lo que es un golpe bastante grande. Los arrestados están presuntamente involucrados en la corrupción que abarca todo, desde el Poder Judicial y las alcaldías hasta empresas estatales como Pdvsa, la industria petrolera estatal. Y ahí es donde la cosa se pone buena.
Después de todo, ¿qué sería un buen drama de corrupción en Venezuela sin un toque de petróleo? De los 61 arrestados, la fiscalía ha finalizado la investigación de 22 casos. Y no son exactamente don nadies: estamos hablando de empresarios y funcionarios públicos que presuntamente se unieron para llevar a cabo la más antigua tradición venezolana: defraudar a Pdvsa.
Según la fiscalía, estos tipos no estaban jugando a pequeña escala. Supuestamente usaron sus posiciones para llevar a cabo operaciones petroleras paralelas. Esencialmente, estaban jugando a ser Robin Hood, solo que en lugar de dar a los pobres, se quedaban con la mercancía. La fiscalía alega que los ingresos de estas ventas de petróleo se desviaron a través de transacciones con criptomonedas y operaciones llevadas a cabo por 74 sociedades mercantiles.
Y la cabeza de esta supuesta red de corrupción, de acuerdo con la fiscalía, es el coronel José Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Pdvsa. ¿Te imaginas? Su propio espacio de trabajo ilícito dentro de la empresa petrolera donde se manejaban enormes sumas de dinero y se llevaban a cabo reuniones con operadores financieros. Háblame de mantener a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca.
La lista de acusados es una mezcla ecléctica de empresarios y funcionarios, e incluso involucra a un diputado que supuestamente actuaba como intermediario entre empresarios y Pérez Suárez, Hugbel Roa, todo un peso pesado en el PSUV. Incluso la fiscalía ha solicitado juicios contra miembros del sistema judicial acusados de aceptar sobornos, como José Maxcimino Márquez García y Cristóbal Cornieles.
Pero, ¿qué deberíamos hacer con todo esto? ¿Es esto un verdadero golpe contra la corrupción en Venezuela, o simplemente otro intento de desviar la atención de los problemas más grandes del país? Como siempre, el tiempo lo dirá. Mientras tanto, del que era el presidente de Pdvsa hasta que se destapó el escándalo, Tareck El Aissami, sigue sin saberse nada.